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Aprehenden concejal y a exedil alteños por sobreprecio en Sariri

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Un concejal y un exconcejal de la Alcaldía de El Alto fueron aprehendidos ayer por la presunta compra con sobreprecio de 60 buses Sariri en el año 2014, durante la gestión del alcalde Edgar Patana. Según la denuncia, se anuló una adjudicación legal para favorecer a otra empresa que cobraba más.

El concejal Oscar Huanca, primero del Movimiento Sin Miedo (MSM) y ahora de Unidad Nacional (UN), y el exconcejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) Benjamín Alborta son investigados por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado.

“Se siguió todo un procedimiento regular para la compra de los Sariri y se adjudicó a una empresa, que es la que ha provisto los buses PumaKatari (Fabros). Sin embargo, el Concejo Municipal, por una extraña razón, no siguió con el procedimiento y hace una resolución anulándolo. Lanza otra convocatoria donde los precios (de los buses) referenciales son mayores”, dijo el jefe de la División Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Miguel Ocampo.

En julio de 2013, el entonces alcalde alteño , Edgar Patana, lanzó la licitación para la compra de los 60 vehículos de transporte masivo. A fines de ese año, se adjudicó el contrato la empresa Fabros, representante en Bolivia de la fábrica King Long, que es la que produce los buses PumaKatari.

No obstante, el proceso fue anulado y en mayo de 2014, la empresa brasileña CIBO SA se adjudicó la venta de los buses al municipio alteño. El precio de toda la flota fue de 91.454.000 bolivianos, lo que equivale a 1.524.233 bolivianos por cada uno.

La investigación se inició a raíz de una denuncia hecha el año pasado por el actual Gobierno Municipal de El Alto. El jefe asignado al caso es Edwin Enriquez.

El martes, el concejal Huanca y el exconcejal Alborta dieron su declaración informativa ante el Ministerio Público y posteriormente, se determinó su aprehensión. Anoche estaban en celdas policiales a la espera de la notificación con imputación para ser trasladados a celdas judiciales.

Las investigaciones confirmaron que hubo dos convocatorias para la comprar de los Sariri. En la primera se habría seguido todo el procedimiento regular, pero cuando se puso en conocimiento al Concejo Municipal, los legisladores ediles anularon el proceso. Por ello, “se hace una segunda convocatoria, se invita a otras empresas, se sube el precio de los buses y se adjudica a otra empresa”, dijo Ocampo.

Pagina Siete.

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