Defensoría del Pueblo registra aumento en la conflictividad social durante el segundo trimestre de 2024
Pedro Callisaya insta al Estado a gestionar demandas sociales antes de que se traduzcan en medidas de presión
22 de julio de 2024 (FmBolivia).- La Defensoría del Pueblo reportó un incremento significativo en la conflictividad social en Bolivia, con 171 hechos registrados en el segundo trimestre de 2024, frente a los 103 del trimestre anterior. Los datos fueron presentados este lunes en el segundo reporte trimestral del Informe de Conflictividad.
«Este es un mensaje claro hacia el Estado, para que oportunamente se puedan gestionar estas demandas sociales, que pueden tener cierta legitimidad, pero el momento en que se traducen en una medida de presión, implica que no hubo una atención oportuna por parte del Estado», señaló Pedro Callisaya, Defensor del Pueblo, en una conferencia de prensa.
El informe, que abarca los meses de abril, mayo y junio, detalla 119 conflictos sociales y 52 alertas tempranas. El departamento de La Paz lidera con 41 casos, seguido por Cochabamba con 27, Potosí con 25, Chuquisaca con 23, Santa Cruz con 21, Beni con 20, Tarija con 10, Oruro con 3 y Pando con un solo hecho de conflictividad.
Las formas más recurrentes de medidas de presión fueron los bloqueos (48), marchas (45), estado de emergencia (39), enfrentamientos (13), toma de instalaciones (10), paro (7) y otras como vigilias, huelgas, mitines, crucifixión y protestas (9).
Las principales causas de estos conflictos fueron demandas laborales (43), gobernanza (28), asuntos económicos (18) y otros temas relacionados con medio ambiente, límites territoriales, servicios básicos, sistema judicial, infraestructura de transporte, seguridad ciudadana, loteamientos y política.
Callisaya criticó que la represión se esté priorizando sobre el diálogo y los acuerdos, citando el caso del bloqueo en Caracollo, Oruro, donde las movilizaciones sociales enfrentaron una intervención policial antes de llegar a una solución.
El informe subraya la necesidad de una respuesta más efectiva y temprana del Estado para evitar que las demandas sociales escalen en conflictividad, asegurando así la paz y estabilidad en el país.