Huayllani: desaparece archivo de ataque armado a blindados
La Fiscalía de Cochabamba extravió un fusil, fotos e informes sobre el caso del ataque a los vehículos blindados de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), con 26 disparos de armas de fuego. El hecho se registró durante los enfrentamientos del 15 de noviembre de 2019 en el sector de Huayllani, Cochabamba, donde 12 civiles perdieron la vida. La denuncia fue hecha por militares procesados por un supuesto genocidio y tentativa de asesinato.
“En enero (de este año), otro de los militares detenidos solicitó a la Fiscalía que se adjunte al caso de Huayllani los expedientes de otro proceso que fue abierto en noviembre de 2019, sobre el ataque que sufrieron los militares que intervinieron el paso de las hordas del MAS que pretendían quemar Cochabamba el 15 de noviembre de 2019”, explicó uno de los miembros de la FAB que pidió mantener en reserva su identidad.
El uniformado precisó que “uno de esos informes, con fotos, reveló que los autos blindados de la FAB recibieron 26 disparos de armas de fuego que provinieron de la dirección en donde se encontraban los manifestantes. Ese caso se abrió en noviembre de 2019, porque hubo detenidos e incluso se secuestró un fusil mauser a ese grupo que intentó enfrentarse a los cívicos, los que protestaron por el fraude electoral”.
Por su lado, Patricio Vargas, abogado del excomandante de la guarnición militar de Cochabamba general Alfredo Cuéllar señaló que el número de caso evidentemente existe en el sistema digital de la Fiscalía, pero como denunció el otro uniformado los documentos desaparecieron y no hay una respuesta a los requerimientos.
Ayer, Página Siete reiteró la consulta hecha desde el lunes a la fiscal departamental de Cochabamba, Nuria Gonzales, sobre el caso Huayllani y la denuncia de la desaparición del expediente de 2019, pero no hubo respuesta.
Según Vargas, existen siete militares imputados, cuatro encarcelados, dos con arresto domiciliario y uno con medidas sustitutivas.
Explicó que toda la investigación de la Fiscalía se centró en miembros de la FAB, que el día del hecho fueron parte de los grupos de reacción rápida. Agregó que los uniformados operaron a pedido de la Policía, que se declaró rebasada.
Vargas señaló que otro acto investigativo pendiente a realizarse es la pericia balística, con el fin de confirmar que los disparos que mataron a 12 personas en Huayllani provinieron desde la posición de los civiles. Indicó que un informe realizado en 2020 arrojó ese dato, luego de las primeras investigaciones.
La pasada semana, 23 miembros de la FAB fueron citados por la Fiscalía en calidad de testigos. Se desconoce si los mismos cumplieron con la citación o si alguno fue detenido. Los militares afirmaron que el proceso en su contra es ilegal y que, de haber un cuestionamiento a su trabajo, deben ser procesados en la justicia militar, pues los hechos por los que se los investiga se dieron en cumplimiento de órdenes superiores.
Fuente: Pagina Siete