Defensoría pide proceso a quienes autorizaron el subsidio en efectivo para las FFAA
Este viernes las beneficiarias protagonizan movilizaciones en varias ciudades capitales del país en protesta contra el Sedem
Para la Defensoría del Pueblo es “inaceptable” que los subsidios prenatal y lactancia hayan sido entregados en efectivo a las esposas de los militares, por esa razón pidió que se inicie un proceso administrativo contra los responsables de aprobar esta normativa. Además, señala que las Unidades de Transparencia del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural inicien una auditoría interna y la Contraloría General del Estado ejecute una auditoría externa.
“La Defensoría del Pueblo considera inaceptable que los subsidios prenatal y lactancia hayan sido entregados en efectivo, lo que amerita procesos administrativos a la entrega de estos subsidios a las Fuerzas Armadas y que estos sean sujetos de una auditoria interna por las Unidades de Transparencia del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, una auditoria externa por la Contraloría General del Estado y, de acuerdo al monto de los contratos de los proveedores, también debiera intervenir el Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción”, señala una parte del comunicado.
El 18 de julio, la gerente de Subsidios del Sedem, Melisa Ábalos, informó que las esposas de los militares reciben el beneficio en dinero, pero no pudo explicar las razones de este trato diferenciado. Este jueves, a través de un comunicado las FFAA eliminó este “privilegio” y estableció que desde ahora se les entregará el subsidio en alimentos.
El 30 de junio, la ANF develó que el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem) las denuncias de sobreprecio en los productos entregados a las beneficiarias del subsidio. Las quejas fueron en aumento y anunciaron una movilización en cinco departamentos.
La Defensoría del Pueblo dijo que hasta el momento el Viceministerio de Defensa del Consumidor se dio a la tarea de atender las denuncias, sin tener competencias específicas para ello, ante la inacción de instituciones llamadas por ley como la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS), encargada de controlar y fiscalizar la otorgación de las prestaciones de los subsidios.
Asimismo, indicó que los productos entregados a las beneficiarias son cubiertos con dinero de los trabajadores, “se avizora posibles indicios de mala administración que más adelante podrían configurarse en conducta antieconómica, tipificadas en el Código Penal”.
Además, pide al Estado viabilice la creación de mecanismos o procedimientos de acceso directo entre productores y beneficiarios, con la finalidad de abaratar los costos de la dotación de los subsidios.
Recomienda que la solicitud de las madres beneficiarias de acceder a los subsidios a través de la denominada billetera móvil, “sea evaluada” para establecer su pertinencia o no. Y, exhorta al Gobierno no escatimar esfuerzos en la investigación de las denuncias presentadas, sanción de los responsables y evitar prácticas discriminatorias en la otorgación de este beneficio.
La defensoría del Pueblo reaccionó después de semanas que las beneficiarias van denunciando las presuntas irregularidades, incluso las mujeres este viernes protagonizan una marcha en protesta contra este servicio.
//ANF//