Relator ve que «la justicia está lejos de la gente» y pide combatir la «brecha» en su acceso

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Diego García-Sayán, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados, presentó este martes nueve conclusiones preliminares de su visita a Bolivia. Entre ellas, habló de la responsabilidad del Estado con los privados de libertad y aseguró que la justicia está “lejos” de la ciudadanía.

“En Bolivia la justicia está lejos de la gente, en la medida en que se ve que hay una urgencia en la sociedad boliviana de que la justicia responda a dramas cotidianos, la reacción comprensible y legítima que ha habido ante excarcelaciones a través de medios corruptos», sostuvo ante la prensa, en referencia a la liberación de personas como el violador serial Richard Choque y Felipe Froilán Molina Bustamante, alias El Killer.

La autoridad indicó que existe una «seria brecha» en el acceso a la justicia por parte de las mujeres, lo que genera que «muchos casos» de feminicidios queden sin investigación y en la impunidad. En concreto, dijo que solo el 31% de los casos de feminicidio que llegaron a instancias judiciales entre 2013 y 2021 merecieron una sentencia.

«Es un tema de preocupación. Dentro de las recomendaciones en esta materia, estamos reforzando el planteamiento que ya ha hecho la defensora del pueblo en 2019 de aumentar el número de juzgados y tribunales especializados en violencia contra la mujer. Urjo al Estado boliviano a que se dé prioridad a este tema», subrayó.

Respecto a la figura de la prisión preventiva, el jurista sostuvo que solo deberían estan encarcelados quienes ya fueron condenados o quienes están siendo procesados por «muy graves delitos» para evitar que la detención «no se mantenga como algo estructural y permanente».

También expresó que el hacinamiento carcelario en el país tiene niveles «particularmente dramáticos» con una sobrepoblación que casi dobla la capacidad de las instalaciones y subrayó que el Estado es responsable por la integridad de cada preso, en especial referencia a la situación de la expresidenta interina Jeanine Añez.

«Quiero llamar la atención y destacar que el Estado, frente a cualquier persona privada de libertad, es el responsable de la integridad física y la salud de las personas que están en esa condición. En todos los casos, incluído el de Jeanine Añez, se deben respetar todas las garantías procesales y las normas del debido proceso».

El relator cuestionó que hayan cerca de mil jueces en todo el país, ya que eso supone una carga laboral de casi 500 casos por juez, y criticó que hayan solo 54 defensores públicos, al considerar que eso hace a la defensa pública “inaccesible”.
García-Sayán, al llegar al Palacio. Foto: APG

También recomendó crear una legislación de acceso a la información pública al considerarlo “una pieza esencial de un Estado democrático”. De esta forma, toda la población podrá obtener toda la información necesaria, salvo secretos de Estado.

Sobre los conflictos político-sociales de 2019, García-Sayán lamentó la retardación de la justicia en los casos de las víctimas de Senkata, Sacaba y la Zona Sur.

“Si bien he notado que hay interés y empeño en darle seguimiento y promover la investigación, pasados los dos años son escasos los resultados en los procesos de investigación. Las víctimas, familiares de las víctimas y aquellos que sufrieron agresiones y fueron afectados en su integridad física, están todavía esperando por justicia y esperando por reparaciones”.

Respecto la elección de altas cortes por medio del voto popular, García-Sayán indicó que fue un tema medular de sus conversaciones. Y que si bien no cuestiona la legalidad de las autoridades designadas, consideró llamativo que las autoridades fueran elegidas con un bajo porcentaje de apoyo debido a la inasistencia electoral y a los votos en blanco o nulo.

“La cantidad real de votos a favor de quienes hoy desempeñan funciones, cuya legalidad no cuestiono, fue de una porción del electorado que no es mayoritaria y que da muchas dudas sobre si este camino no debe merecer algunos ajustes y algunas revisiones”, indicó.

Finalmente, destacó la justicia indígena, la cual considera un asunto de “tremenda importancia” para la sociedad boliviana, pero lamentó que la Ley de Deslinde Jurisdiccional del 2010 establezca restricciones «severas» y limitaciones que en la práctica hacen que «se borre con una mano» los principios constitucionales que respaldan la misma.

«Estamos pues en una situación que tiene sus luces y sus sombras, en donde queda por delante pensar cuáles pueden ser las grandes líneas, las grandes respuestas, para las cuales no le corresponde al relator traer las soluciones ni mucho menos enarbolar una varita mágica sino simplemente alentar algunos caminos que salen de las conversaciones que yo mismo he tenido con todas las instituciones y los actores relevantes en esta materia», articuló.

«De manera sistemática he recogido dos coincidencias importantes (de las reuniones): que sí hay ajustes que resolver en los procesos de designación, en los procesos de selección, en los procesos de supervisión para que la corrupción no se meta dentro de la justicia; y que también hay necesidad de buscar un gran acuerdo nacional para la justicia», finalizó.
El presidente Luis Arce y Diego García-Sayán este martes. Foto: Twitter Luis Arce

Reunión con Arce

Previo a su comparecencia, el relator realizó su última reunión oficial en el Palacio de Gobierno, donde fue recibido por el presidente Luis Arce. Con esto cierra una visita que inició el pasado 15 de febrero.

«Recibimos la visita del Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de Naciones Unidas, con el firme compromiso de impulsar la transformación del sistema judicial en beneficio del pueblo que pide justicia», escribió el mandatario en las redes sociales.

García-Sayán es un jurista de origen peruano, que fue ministro de Justicia y de Relaciones Exteriores en el país vecino. Tiene una vasta experiencia en derecho internacional, derechos humanos y labor para organizaciones multilaterales.

El reporte final sobre la justicia boliviana será expuesto al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de este año.

Fuente: Pagina Siete