Jueces piden mayor presupuesto para garantizar acceso a la justica

Después de la promulgación del Presupuesto General del Estado (PGE) para 2023, la Asociación de Jueces y Magistrados de Bolivia (Amabol) se declaró en emergencia. Demandan por lo menos el 3% para garantizar la independencia institucional, toda vez que la asignación actual no llega ni al 0.5%, vulnerando así el acceso a una justicia pronta y oportuna reconocida por la Constitución, manifestó a EL DIARIO, Grenny Bolling, presidenta de esta instancia.

“Es lamentable que una vez más se otorgue un presupuesto ínfimo para el Órgano Judicial, tomando en cuenta que es uno de los Órganos del Estado que desde siempre fue postergado desconociendo la importancia de la función que cumple como uno de los pilares fundamentales para el Estado de derecho”, dijo.

Manifestó que exigirán a magistrados y consejeros para que se realicen acciones más efectivas con el objeto de poder lograr que en el reformulado del presupuesto se apruebe la reposición del monto que fue recortado en la gestión 2021 y que afectó a sueldos de todos los funcionarios.

Anunció además que exigirán que se realice un estudio con proyección a veinte años que refleje la necesidad actual de la creación de nuevos juzgados y el crecimiento posterior, con el objeto de cumplir con mayor oportunidad con la función principal del Órgano Judicial, que es la administración de justicia.

PRESUPUESTO

Bolling manifestó que según datos del director general de la Dirección Administrativa Financiera (DAF), el presupuesto del Órgano Judicial se distribuye en sueldos, alquileres, servicios básicos y otros.

“El grupo 10.000 de servicios personales representa casi el 74 por ciento del total del presupuesto del Órgano Judicial, es decir sueldos y salarios; los gastos de funcionamiento para alquileres, servicios básicos, suministros, material de escritorio y otros insumos representan un 12 a 13 por ciento. Los recursos de inversión pública que son para la construcción de casas de justicia, representan el 4,49 por ciento; el monto destinado a la dotación y equipamiento informático representa el 3,26% del total del presupuesto”, precisó.

FUNCIONARIOS

La presidenta de Amabol manifestó que de acuerdo al informe de rendición de cuentas de la gestión 2021, el personal del área jurisdiccional fue de 5.473, que incluye al Tribunal Supremo, Tribunal Agroambiental y Tribunales Departamentales de justicia.

“El personal administrativo es de 1.625, que desempeñan funciones en el Consejo de la Magistratura y Dirección Administrativa y Financiera.

El número de ítems para jueces es de 1.095, que es insuficiente para poder cubrir la necesidad actual de poder cumplir con las expectativas de la sociedad. Según lo señalado por el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia existe la necesidad de tener al menos existir 2.842 jueces, siendo necesario incrementar un número equivalente a 1.747 jueces”, apuntó.

SUELDOS BAJOS

Bolling aseveró que el sueldo que percibe un juez en Bolivia no responde al grado de responsabilidad en el ejercicio de sus funciones.

“El juez para cumplir con los plazos procesales, trabaja más allá de las ocho horas establecidas en la ley, normalmente se trabaja entre diez a doce horas por día, debiendo incluso trabajar sábados y domingos, horas de trabajo que no son remuneradas; la única compensación que se recibía era el bono Pantaleón Dalence, el mismo que fue excluido”, lamentó.

Aclaró que con relación al sueldo percibido en los países latinoamericanos, los jueces de Bolivia son los peores pagados.

“Respecto a la remuneración de los jueces no se ha contemplado en garantías para la independencia de las y los operadores de justicia hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas”, dijo.

Recordó que en lo que respecta a los sueldos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que ‘existen varios instrumentos de derecho internacional que se refieren a las remuneraciones de las y los operadores de justicia’.

“De conformidad con los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, la ley debe garantizar a los jueces ‘una remuneración, pensiones y condiciones de servicio y de jubilación adecuadas’. El Estatuto Universal del Juez contempla también que el juez ‘debe recibir una remuneración que sea suficiente para asegurar su independencia económica’, la que ‘no debe depender del resultado de la actividad del juez y no debe ser reducida mientras preste servicio profesional”, apuntó.

TRES POR CIENTO

La presidenta de Amabol manifestó que el presupuesto para el Órgano Judicial debe alcanzar por lo menos al 3% del Tesoro General de la Nación (TGN). Recordó que una de las recomendaciones del relator especial Diego García-Sayán es la dotación de recursos apropiados para el sector.

“Diego García-Sayán dijo que el Estado debe dotar de recursos apropiados al Órgano Judicial. Dicha dotación podría establecerse por ley, con un porcentaje mínimo del presupuesto nacional. El presupuesto debe poder abordar una mejora de sueldos de los operadores de justicia, la creación de nuevos juzgados, la formación del personal y que el Órgano Judicial mejore su cobertura en todos los municipios del país”, recordó.

DATOS

Uno de los argumentos para la crisis judicial que se vive en el país es la falta de recursos para contratar un mayor número de personal que acelere la mora procesal que existe.

Un conversatorio que organizó el Ministerio de Justicia, en agosto de 2022, reveló que el Órgano Judicial no logra ejecutar todo el dinero que recibe.

En 2017 todo el Órgano Judicial, que incluye al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo de la Magistratura (CM), el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Agroambiental recibió Bs 796,9 millones; sin embargo, ese año la ejecución final fue del 93,27 %.

Un año después, en 2018 recibieron Bs 953,9 millones y la ejecución llegó a 92,11%. En 2019 el presupuesto se incrementó hasta llegar a Bs 1.014,8 millones y su ejecución llegó a 84,89 %. En 2020, año de pandemia, el TGN asignó Bs 1.091,6 millones y la ejecución alcanzó a 81,91%. Finalmente, en 2021 las cuatro instancias el Órgano Judicial recibieron Bs 959,9 millones, menos que el año de pandemia, y la ejecución llegó a 86,8%.

En el conversatorio, el representante del ente judicial, Alberto Ruiz Gómez, afirmó que la mayoría de los recursos que recibe el ente judicial, son recursos que generan ellos mismos y que un porcentaje es asignado desde el Estado.

Ruiz explicó que generan el 60% del presupuesto anual desde sus propias oficinas; otro 38 % es lo que asigna el TGN y el 2% proviene de lo generan los notarios.

Fuente: El Diario.

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