Gobierno propone ley para asegurar pago de asistencia familiar y restringir a deudores
- Ministerio de Justicia impulsa proyecto de ley para garantizar el cumplimiento de obligaciones de asistencia familiar y establecer limitaciones para deudores en diversas áreas.
En un paso hacia la protección de los derechos fundamentales y el bienestar de las familias, el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, ha presentado un ambicioso proyecto de ley con el objetivo de establecer mecanismos sólidos para asegurar el pago de la asistencia familiar y aplicar restricciones significativas a aquellos que incumplen con sus obligaciones en este ámbito.
La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, se pronunció al respecto, destacando la importancia de esta iniciativa para corregir la preocupante tendencia de incumplimiento en el pago de asistencia familiar. «Lo que busca esta norma es garantizar la integridad de la vida, pero sobre todo asegurar que las necesidades básicas de los beneficiarios sean cubiertas», afirmó Cruz.
En un sorprendente panorama revelado por la funcionaria, se dio a conocer que solo en el primer semestre de 2022 se presentaron más de 15 mil demandas relacionadas con la asistencia familiar. Además, para el cierre de ese mismo año, la cifra de personas recluidas por no cumplir con esta obligación alcanzó los 860.
Uno de los aspectos centrales de esta propuesta es la creación de un «Registro de Asistencia Familiar», un archivo que recopilará información de todas las personas sujetas a resoluciones judiciales para el pago de la asistencia. Este registro jugará un papel clave en la fase de ejecución de sentencias, facilitando la gestión de los fallos en esta área.
Dentro de las restricciones contempladas en el proyecto de ley para los deudores de asistencia familiar, la Viceministra enumeró varias medidas de gran alcance:
- Restricción de cargos públicos: Se prohíbe el acceso a cualquier puesto en órganos estatales, ya sea por elección, designación, nombramiento o contratación.
- Retención de sueldos en el sector público: En caso de tener una segunda deuda registrada, se autorizará la retención de salarios a través de una orden judicial.
- Prioridad en cobro de deudas: En procesos judiciales por deudas, se otorgará prioridad al beneficiario de asistencia familiar como acreedor, permitiendo la retención y transferencia de los montos adeudados.
- Retención de montos para pagos: Se retendrá y depositará en una cuenta designada el monto adeudado, destinado a pagos de asistencia familiar en sistemas de pensiones y reparto.
- Suspensión de trámites registrales: Se detendrán trámites notariales y registrales relacionados con la compra-venta de bienes inmuebles o muebles.
- Requisito para programas sociales: Será necesario estar al día con las obligaciones de asistencia familiar para acceder a planes, programas y proyectos sociales financiados por el Estado.
- Impacto en créditos: Las instituciones financieras considerarán la lista de deudores al evaluar créditos, incorporando esta información en su proceso de toma de decisiones.
- Limitación en pasaportes y salidas del país: Aquellos con registros vigentes de deuda de asistencia familiar no podrán obtener pasaportes ni salir del país.
- Matrimonio condicionado a pago: La deuda de asistencia familiar deberá ser saldada antes de contraer matrimonio.
Cruz subrayó que al inicio del año judicial, el Tribunal Supremo de Justicia establecerá parámetros para determinar la asistencia familiar, considerando factores como el costo de vida y las necesidades de los beneficiarios. En el ámbito privado, también se permitirá el acceso a datos del Ministerio de Trabajo para agilizar los procesos judiciales.
Con este proyecto ya en manos de la Asamblea Legislativa, se espera que se inicie su análisis y debate en el contexto legislativo.
Esta propuesta marca un paso significativo en la búsqueda de garantizar la seguridad financiera de las familias y establecer medidas concretas para responsabilizar a aquellos que incumplen con sus obligaciones de asistencia familiar. El impacto potencial de esta normativa es amplio y promete cambios en la dinámica social y legal en el país.