Ministro Cárdenas contraataca y la confusión crece en educación

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El ministro de Educación Víctor Hugo Cárdenas contraataca, endurece su posición y el caos crece en el sistema educativo en Bolivia, luego de que la justicia emitiera la resolución constitucional con la que anula la norma gubernamental que clausura la gestión escolar. Los maestros y padres de familia se sienten desconcertados, pero esperan una reunión con el Gobierno.

“En el Ministerio de Educación nos ratificamos en el anuncio que habíamos hecho hace semanas atrás, que si bien el cierre del año escolar es académico y administrativo, el trabajo educativo no se suspende, no se anula el derecho sagrado a la educación”, dijo ayer Cárdenas.

Reiteró que la resolución constitucional del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) con la que anula la Resolución Ministerial 050/2020 de clausura del año escolar es “política”. “(Fue un fallo) dictado por el MAS desde Buenos Aires para crear confusión en Bolivia que en estos días estaba adquiriendo con mucho esfuerzo formas alternativas de educación como la virtual y a distancia”, dijo.

El miércoles, la Sala Penal Primera del TDJ emitió un fallo que anula la resolución que clausura la gestión escolar, debido a que en pasados días la diputada del MAS Lidia Patty presentó una acción popular contra la medida.

La resolución jurídica también da un plazo de 10 días hábiles al Gobierno para que provea una política pública integral y así pueda garantizar por todos los medios el derecho a la educación de todos los ciudadanos en edad escolar.

Esta decisión sorprendió al país, dijo Cárdenas. Por eso, aseguró que presentó al TDJ un memorial en el que pide enmiendas, aclaraciones y precisiones sobre algunos puntos de la resolución. Por ejemplo, si habrá clases presenciales o no. “El ministerio no permitirá el retorno a clases presenciales, mientras dure la pandemia, por el respeto a la vida”, agregó.

Según Cárdenas, exigen además una aclaración sobre en qué queda la no presentación de pruebas y por qué ponen por debajo el derecho a la vida. “Al anular esta resolución indirectamente invita a retornar a clases presenciales, aunque públicamente lo nieguen”, sostuvo. Indicó que preguntarán además “por qué el vocal que presidió la sala de justicia Israel Campero no se excusó, ya que, según Cárdenas, fue mano derecha del exministro de Justicia Héctor Arce Zaconeta”. “Sus inclinaciones por el MAS son notorias”, agregó.

Anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía contra Campero por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y uso indebido de influencias.

El secretario ejecutivo de la Confederación del Magisterio Urbano Vladimir Laura aseguró que esta determinación pone en conflictos al sector y es “contradictorio”.

“No sabemos qué haremos. Necesitamos reunirnos para decidir las nuevas acciones”, dijo. Indicó que ahora el ministerio sí o sí debe convocar al sector para asumir las “nuevas políticas de educación”. Añadió que en esa cita los profesores ratificarán su plan para dosificar los temas de cada área.

La representante de los padres de familia de colegios fiscales y de convenio de La Paz María Flores dijo que con la postura del Ejecutivo “se hacen la burla de la educación”. “El Gobierno debe darnos condiciones para que se realicen clases virtuales. Que nos den celular e internet gratuito”, indicó.

Para la representante de la asociación de padres de familia de colegios privados Grusenka Romero, la resolución constitucional que emitió la Sala Primera del TDJ es clara. “Ahora hay que consensuar y reunirse en 10 días hábiles. Para eso como asociación remitiremos al ministerio un comunicado en el que indicaremos que en cumplimiento de la resolución manifestamos nuestra posición de ingresar a la conciliación para el beneficio de todos”, sostuvo.

Ratifican continuar con plan para educación virtual y a distancia

“¿Qué hará en 10 días el ministerio frente a problemas que han durado más de 14 años? Quiere que resuelva varios problemas y eso es imposible, y mucho más sostener reuniones en plena pandemia, más cuando en La Paz, los casos son elevados”, dijo el ministro de Educación Víctor Hugo Cárdenas, respecto a la resolución del TDJ. Agregó que esas y otras preguntas debe responder la justicia y luego de esa medida se verá qué acciones jurídicas asumirá.

Ratificó la propuesta que presentó hace unos meses en la que indica que la educación continuará por vías alternativas como la virtual y a distancia. Lo que significa que en los próximos días el ministerio colocará al servicio del país una plataforma gratuita para toda la población educativa y se encontrará en una nube digital para docentes, padres de familia y estudiantes.

Aseguró que en esa nube se colgarán el plan curricular, las guías didácticas y las fichas educativas. “Se dará además un apoyo puntual para los bachilleres”. En tanto, para los sectores en los que no hay internet, “habrá educación a distancia a través de la televisión y la radio”, dijo. Se capacitará a los 160 mil maestros, de ellos 120 mil se inscribieron y sólo 48.000 terminaron.

Antecedentes

Preocupación Especialistas y maestros coinciden en que la educación por radio y televisión no se cumplió en el área rural  por falta de coordinación y por descuido de las autoridades. 
 Plan El  7 de junio, el ministro de Educación  Víctor Hugo Cárdenas  informó que a través del Decreto Supremo 4260 se daba legalidad a la educación a distancia, virtual presencial y semipresencial. La autoridad realizó un convenio con el  entonces Ministerio  de Comunicación para que los medios  estatales ayuden en las  clases a distancia de educación regular. Pero,  dos meses después y debido al alto índice de casos de coronavirus, el Gobierno decidió clausurar la gestión escolar a través de la Resolución Ministerial 050/2020. 

Pese a recurso de enmienda, Gobierno debe cumplir fallo

Pese a la presentación del recurso de aclaración y enmienda, el Gobierno debe cumplir con la resolución constitucional del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) que indica que el Ministerio de Educación debe reunirse con todos los actores para generar una política pública para la población estudiantil, según abogados constitucionalistas.

“Al Gobierno lo que le queda es llevar adelante la reunión con varios actores del sistema educativo para generar una política pública”, aseguró el abogado constitucionalista Williams Bascopé. Dijo que ese trabajo debe hacerlo “sí o sí”, pese a que el ministro de Educación Víctor Hugo Cárdenas anunció ayer que presentó una solicitud de aclaración, complementación y enmienda de algunas ambigüedades de la resolución constitucional, emitida por la Sala Primera del TDJ de La Paz.

“Lo más seguro es que falle no ha lugar y con eso, los vocales se laven las manos”, anticipó Bascopé, al indicar que esa resolución se debe emitir en 48 horas como máximo.

Al emitir esa resolución, esta será enviada al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y su resolución demorará entre siete y ocho meses.

“Por la carga procesal, la sentencia del TCP puede darse al siguiente año”, acotó la abogada constitucionalista Silvia Salame. Sostuvo que de no acatar la resolución, tanto Cárdenas como el ministro de la Presidencia Yerko Núñez pueden ser pasibles a un proceso penal por incumplimiento de deberes.

Según Bascopé “en el fondo, eso es lo que busca el MAS y por eso se dio al Gobierno 10 días para trabajar en una política pública”.

Pagina Siete.