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Incendios: culpan al gobierno de Morales y Áñez por ecocidio en 2019

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La destrucción del ecosistema (ecocidio) en 2019, entre julio y septiembre, en la Amazonía, el Chaco y la Chiquitanía fue culpa del gobierno del expresidente Evo Morales, la actual mandataria Jeanine Áñez por su política de Estado. También se atribuye la responsabilidad a otros poderes del Estado y el agronegocio.

Esta fue la sentencia establecida por el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza (TIDN) que se leyó ayer y en la que también se establecen las causas, daños y acciones para prevenir hechos similares a futuro. Entre la veintena de recomendaciones que plantea está la necesidad de hacer un estudio que determine el daño real ocasionado a los tres ecosistemas, determinar una pausa ecológica y abstenerse de asentamientos humanos en fragilidad ecológica.

Entre las medidas que se contemplan está la abrogación de normas, al menos 13, señaladas como incendiarias y que promueven la ampliación de la frontera agraria, las quemas y los desmontes.

Los factores que señalaron como causantes son las heladas y sequías, el cambio climático y las políticas administrativas, así como la débil institucionalidad de los órganos del Estado responsables del control y la fiscalización de los bosques.

 EL JUICIO La organización sin fines de lucro dio a conocer el veredicto a través de plataformas digitales tras la demanda planteada en diciembre de 2019 por poblaciones originarias afectadas en su territorio.

El  tribunal estuvo conformado por los abogados, Patricia Gualinca, representante originaria de Ecuador, Hector Tamo de Brasil y Nancy  Yañez, de Chile. La audiencia virtual tomó dos días en los que se escucharon los testimonios de los demandantes, entre ellos organizaciones indígenas, activistas y bomberos.

«Corresponde la sindicación como autores del delito de ecocidio contra la ecoregión de la Chiquitanía, Amazonía y Chaco de Bolivia contra el gobierno de Evo Morales 2019, gobierno de Jeanine Áñez 2020, gobernaciones de Santa Cruz y Beni, Autoridad de Fiscalización de Bosques y Tierras (ABT), Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Asamblea Legislativa, bancadas del oficialismo y la oposición, Fiscalía, Poder Judicial y Tribunal Agroambiental», establece el fallo.

También apunta al extractivismo agroganadero y de soya transgénica para la exportación.

 LA SITUACIÓN Si bien la sentencia no es vinculante para el Estado Plurinacional de Bolivia, se constituye en un antecedente jurídico-moral en la defensa de los derechos de la naturaleza y los derechos de los pueblos indígenas, según un comunicado de prensa.

El Tribunal, que conoció que los incendios afectaron a 36 territorios indígenas en una extensión de 1.226.714 hectáreas, también recomienda denunciar la violación a los derechos de la naturaleza ante el marco jurídico boliviano.

En relación a los pueblos indígenas en alta vulnerabilidad, el TIDN instituye la implementación de medidas de reparación que van desde dar cumplimiento al marco normativo nacional sobre la protección de los pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad; asumir las medidas necesarias para la restauración de sus territorios, en especial del Ayoreo que se encuentra en situación de aislamiento voluntario en el área del parque Ñembi Guasu, en Charagua Iyambae, y la TCO Santa Teresita; así como tomar las medidas para garantizar su derecho a la vida, integridad física y psíquica.

Los incendios se extendieron por más de 70 días, cuando se afectaron 6.4 millones de hectáreas en la Amazonía de Santa Cruz y Beni. También alcanzaron a 1.133.037 ha. de áreas naturales protegidas; 969.718 ha. de tierras de uso forestal; 341.790 ha. de tierras de uso silvopastoril y 5.336 ha. de tierras de uso restringido.

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