Nacionalización: apuntan a Evo Morales y a 4 procuradores por los laudos arbitrales
La oposición apunta contra el expresidente Evo Morales por los laudos arbitrales que implican el pago de millones a transnacionales; también pone en la mira a al menos cuatro procuradores masistas, quienes –dice- son pasibles de ser investigados por esa razón. El exmandatario, en descargo, defendió las nacionalizaciones que decretó, pese a las alertas que le hicieron sus mismos ministros.
“La falsa nacionalización fue la primera gran mentira del dictador prófugo (…). Por sus engaños, ineptitud y corrupción Bolivia debe pagar millonarias multas que aumentan la pobreza”, sostuvo Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana (CC).
Morales, el 12 de julio en Argentina, confesó que en 2006 hubo ministros que le advirtieron que, si persistía con nacionalizar empresas, Bolivia sería pasible de ser demandada ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), pero no les hizo caso.
Marcelo Pedrazas, diputado de CC, indicó a Página Siete que “ha habido una falsa nacionalización”, por lo que corresponde un juicio de responsabilidades contra Morales y sus colaboradores.
“Decidieron hacer esta confiscación de los paquetes accionarios de las empresas que habían invertido en la capitalización. Obviamente, años después, estas transnacionales al verse afectadas empezaron estas demandas arbitrales, que terminaron a la fecha con 714 millones de dólares que se tiene que pagar, producto de no haber ganado ninguno de los once laudos arbitrales”, afirmó.
Manuel Morales, representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), manifestó que “no ha habido nacionalización”, y que por lo tanto hay una “gran estafa”. Agregó que efectivamente “todos los funcionarios” de la Procuraduría General del Estado (PGE) que participaron en los procesos son pasibles de ser investigados.
“Es el Procurador y para cada caso han designado seguramente un equipo de abogados para hacerle seguimiento y hacer la defensa. Además, han contratado un bufete de abogados, tanto nacionales como internacionales. Entonces, si son abogados externos también recae sobre ellos la responsabilidad”, declaró Morales a este medio.
Al menos son cuatro los procuradores designados durante los gobiernos del MAS: Hugo Montero Lara, Héctor Arce, Pablo Menacho y Wilfredo Chávez, este último sigue en el puesto.
La PGE nació en diciembre de 2010. Dos meses después, en febrero de 2011, Hugo Montero Lara fue posesionado como el primer procurador de Bolivia.
Entre los casos que le tocó actuar a Montero, quien el día de su posesión dijo ser “un soldado de la revolución democrática y cultural”, está la causa en torno a las objeciones a la jurisdicción planteadas por Bolivia en el caso Quiborax MMN, en el marco del Ciadi. La Decisión sobre Jurisdicción, dictada en 2012, señala que el 12 y 13 de mayo de 2011 se celebró en París una audiencia sobre jurisdicción, en la que estuvo presente una delegación liderada por Montero.
Al final, esa instancia falló en contra de Bolivia y declaró que tiene jurisdicción sobre los reclamos de Quiborax.
En febrero de 2014 se conoció que la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya determinó un millonario pago a Rurelec, por la nacionalización de sus acciones, producida el 1 mayo de 2010. Un mes después, en marzo de 2014, Montero renunció al cargo. Asumió en su lugar Héctor Arce.
Bolivia en la etapa de fondo del caso Quiborax MMN presentó una carta ante el Ciadi el 21 de marzo de 2014, mediante la cual informó que Arce había sido nombrado procurador.
El 16 de septiembre de 2015, el Ciadi falló en contra de Bolivia e instruyó una indemnización por un monto de 48,6 millones de dólares a Quiborax MMN. Ese mismo mes, la PGE apeló.
Arce dejó ese despacho en enero de 2017, cuando asumió como ministro de Justicia. En su lugar, como procurador, asumió Pablo Menacho. Durante la gestión de este último, el 18 de mayo de 2018, el Ciadi desestimó la petición de anular el fallo. No obstante, el 7 de junio de 2018, Bolivia suscribió “un contrato transaccional” con Quiborax MMN, por la suma de 42,6 millones de dólares.
De forma reciente, en el marco del caso BBVA, Ciadi ordenó que Bolivia pague 105 millones de dólares por indemnización. BBVA solicitó el arbitraje en julio de 2018 y el 12 de julio pasado emitió su laudo arbitral. El procurador Wilfredo Chávez, que asumió en noviembre de 2020, representa a Bolivia en el caso.
Sobre este arbitraje, Morales de Conade y Pedrazas de CC ponen en la mira al presidente Luis Arce, por supuestamente tener “un grado mayor de responsabilidades” en el caso relacionado con la fallida puesta en marcha de la Gestora Pública.
Además de esos casos, la PGE pagó una millonaria suma en el marco de procesos arbitrales, según el informe que dio esa entidad a Pedrazas. El detalle es el siguiente: se pagó a Inversiones Econergy 18,4 millones de dólares; a Carlson Dividend Facility 240 mil dólares; a The Bolivian Generating Group 10,2 millones de dólares; a Red Eléctrica Internacional 65,2 millones de dólares; a Pan American Energy 357 millones de dólares; a Iberdrola 34,1 millones de dólares; Paz Holdings 19,5 millones de dólares; a Rurelec 36 millones de dólares; y a South American Silver Limited 25,5 millones de dólares.
Manuel Morales sostuvo que es necesario que se aplique el artículo 113 de la Constitución, que señala que en caso de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, “deberá interponer la acción de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la acción u omisión que provocó el daño”. “Esta acción de repetición que significa que el funcionario público con sus bienes cubre el daño que se ha cometido contra el Estado”, precisó.
El expresidente Morales ayer salió a la palestra a defender las nacionalizaciones que decretó y arremetió contra sus contrarios. “La derecha golpista ataca a la nacionalización que permitió el Modelo Económico Social Comunitario Productivo que redujo la pobreza y sostiene nuestra economía. En el fondo Carlos Mesa, el historiador golpista y su bancada tratan de volver al modelo gonista de las transnacionales”, tuiteó.
Fuente: Pagina Siete.