Huayllani: citan a 23 militares para testificar por genocidio
La comisión de fiscales del caso denominado Huayllani citó a 23 militares de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) para que testifiquen por los delitos de genocidio y tentativa de asesinato, durante los enfrentamientos violentos de noviembre de 2019, en Sacaba, Cochabamba. Los uniformados denunciaron varias irregularidades en el proceso de investigación.
“Se advierte que en caso de inasistencia no justificada legítimamente y en forma legal, se expedirá orden de aprehensión en su contra”, señala la parte final de las 23 citaciones firmadas por los fiscales Carlota Navia, Irma Ávalos, Gabriel García y Fabricio Daza, a las que Página Siete tuvo acceso.
Según los documentos, los militares debían empezar a declarar a partir del 11 de julio en adelante, para hacer conocer su versión de los hechos ocurridos en 2019.
Sin embargo, los uniformados, que piden mantener en reserva su identidad, observaron que el Comando de la FAB no les proporcionó apoyo legal y debieron asumir defensa contratando a abogados particulares.
“Cumplimos órdenes superiores y si hay alguna irregularidad en los operativos que se realizaron ese día, deberían procesarnos por la vía de la justicia militar y no como vulgares delincuentes. Sabemos que son órdenes políticas, pero los verdaderos profesionales no pueden prestarse a montar un caso contra nosotros, destruyendo familias y olvidarse que los supuestos movimientos sociales estaban armados y dispararon contra los vehículos blindados, las pruebas fueron desaparecidas por los mismos fiscales”, denunció uno de los militares procesados.
Desde el lunes, Página Siete solicitó un contacto con la comisión a cargo del caso y la fiscal departamental de Cochabamba, Nuria Gonzales, pero sin ninguna explicación no se atendió el pedido, ni se dio detalle sobre la cantidad de uniformados que ya declararon y cuántos de ellos son testigos o sindicados.
Por su lado, el abogado y coronel del servicio pasivo Jorge Santistevan explicó que el pedido de los uniformados es “legítimo y legal”, debido a que los militares estuvieron presentes en el puente Huayllani del municipio de Sacaba, el 15 de noviembre de 2019, en cumplimiento de órdenes emitidas a través de una cadena de mando.
“Otro punto importante es que la Fiscalía, asumiendo una postura servil al gobierno del MAS, omite la razón de los operativos, se frenó el avance de grupos violentos movilizados por orden de Evo Morales”, afirmó Santistevan.
Recordó que en agosto de 2021, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) aclaró que por la prueba aportada por las familias de las víctimas y la Fiscalía, se llegó a la conclusión de que la muerte de las 12 personas en Huayllani no fue producto de un acto de genocidio.
A tiempo de presentar su informe ante las víctimas de Sacaba, Patricia Tappatá, integrante del GIEI, aseguró: “Nosotros no usamos la figura de genocidio, de crimen contra la humanidad, porque entendemos que no se reúnen las condiciones”.
Fuente: Pagina Siete.