Una carta, un proceso irregular y libertad para autores de un desfalco. La realidad del ex director del Fondo Indígena

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Marco Antonio Aramayo cumple más de cinco años y medio preso preventivamente y atraviesa por un proceso judicial irregular e inédito. Escribió una carta a la que ANF tuvo acceso y detalla las irregularidades cometidas en la investigación del desfalco del Fondo Indígena.

“Mis denuncias fueron una afrenta imperdonable para el masismo, porque los empezó a desgastar hasta que huyeron”. Es parte de la carta que el ex director del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, escribió desde la cárcel de San Pedro, en La Paz, a más de cinco años de estar preso luego de haber denunciado las irregularidades y hechos de corrupción en esta entidad. Hasta el momento su proceso no ha seguido el curso correspondiente y la justicia parece haberse olvidado de su caso.

Hoy la situación de Aramayo se suma a los miles de privados de libertad en Bolivia, que permanecen en las cárceles en calidad de detenidos preventivos, y en medio del hacinamiento, la vulneración a sus derechos, la retardación de justicia y la irremediable llegada de la pandemia que ya ha causado decenas de muertes en centros penitenciarios en el país, también en el de San Pedro.

Pero hay un hecho particular en este caso, ya que pese a ser quien denunció y dio a conocer cada una de las irregularidades dentro del Fondo Indígena, pues son -junto a Elvira Parra-, contestatarios a Evo Morales quienes permanecen detenidos, pese que a lo largo de estos años otras personas fueron involucradas en este desfalco, como la ex ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, que semanas atrás se benefició nuevamente con la detención domiciliara.

Desde el 11 de noviembre de 2013 se destapó este hecho de corrupción a través de investigaciones periodísticas. Se denunció que existían hasta ese momento 894 proyectos fantasmas del Fondo Indígena y al menos 503 millones de bolivianos desviados.

Pese a tales investigaciones, el repudio de políticos, autoridades y sectores de la sociedad, además de demandas de procesos contra ex autoridades que tenían responsabilidad y dirigían esta entidad, hasta hoy no se concretan penalidades y la justicia opera con lentitud, o no lo hace.

Denunció y lo metieron preso

“En septiembre del 2013, encontré al Fondo Indígena como un barril de pólvora que podría explotar en cualquier momento. Ya se había convertido en el semillero de dirigentes sindicales, concejales, alcaldes, diputados, senadores”, continúa esta carta manuscrita a la que ANF tuvo acceso.

Frente a esta evidencia, según Aramayo, el 4 de noviembre de ese año propuso una “reingeniería institucional” del Fondo Indígena y una auditoria para todos los proyectos en ejecución, pero “Achacollo se negó a dar viabilidad a todas mis propuestas y solicitudes”.

Purga una detención preventiva fuera de la ley

El ex director del Fondo Indígena atraviesa por un proceso judicial por demás inédito, ya que lleva más de cinco años y medio detenido en todos los penales del país, con 86 procesos en su contra y 23 detenciones preventivas.

Ya desde su defensa se exhortó a la atención de las actuales autoridades, en este caso puntual, e incluso se advirtió que se encaminaría una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) por una vulneración de derechos a un preso, que no se había dado en el país.

“Afrenta imperdonable para el masismo”

“Mis denuncias fueron una afrenta imperdonable para el masismo, porque los empezó a desgastar hasta que huyeron. Entonces decidieron formar una tenebrosa atmósfera inquisidora. No podían permitir que alguien los desenmascare y todos acordaron que mi castigo sea público, dramático, con tratos crueles, inhumanos y degradantes hasta que me retracte”, escribe Aramayo en la carta que consta de ocho páginas, en la que demanda que el caso no quede impune.

Desde la cárcel de San Pedro, este preso de la gestión del ex presidente Morales atraviesa por un proceso que dejó de lado a las 39 personas que conformaron el directorio del ex Fondo Indígena en las gestiones 2010 a 2015, cuando se demostraron las irregularidades en los proyectos con millones de bolivianos desviados.

Dentro de la lista de este directorio se incluyen, la ex ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, y los dirigentes y ex dirigentes que ocuparon cargos dentro como Rodolfo Machaca, Julia Ramos, Juanita Ancieta, Pedro Calderón y Ever Choquehuanca, entre otros. Estos últimos sin procesos en su contra.

Y de acuerdo a los documentos institucionales, parte de este directorio también estaba conformado por representantes de los ministerios de Economía, Planificación del Desarrollo y de Desarrollo Productivo.

Es así que el Ministerio Público incluyó en las investigaciones de este desfalco al actual candidato del MAS para la presidencia y ex ministro de Economía, Luis Arce Catacora, acusado por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, entre otros. Se acusa de que la ex autoridad permitió el depósito de recursos públicos en cuentas particulares, la mayoría de dirigentes y personas de su línea política.

Desvío de recursos para dirigentes afines al MAS

Las investigaciones periodísticas sobre el Fondo Indígena apuntaron al desvío de recursos a dirigentes de diferentes sectores del país alineados al partido del anterior gobierno, con mayor preponderancia en el área del altiplano para los grupos de los interculturales, ponchos rojos y mujeres Bartolinas.

Pero pese a esto y a demostrarse que en muchos casos esos proyectos nunca existieron y que los desembolsos ya se habían aprobado a las cuentas bancarias de particulares, hoy ninguno de esos dirigentes responsables está procesado o investigado. Aramayo, oriundo del oriente boliviano, lleva detenido hace más de cinco años tras haber ratificado su denuncia de todos estos hechos de corrupción.

La esperanza perdida tras cambio de autoridades

Aramayo relata que pese a esta acusación judicial que atraviesa con claras irregularidades procesales, mantuvo alguna esperanza cuando el MAS fue sacado del poder y asumió el actual gobierno de transición, sin embargo hasta hoy las autoridades no vieron este caso, pese a ser uno de los principales hechos de corrupción que implican a partidarios y ex funcionarios del partido del ex presidente Morales.

“Estoy en la cárcel casi seis años y no sé cuánto tiempo más querrán tenerme preso negándome un juicio justo y pronto. Digo esto, porque ahora que caracolea el Covid-19 con olor a muerte, soy reactivo y vencí el coronavirus de manera asintomática, sigo con la fuerza para seguir batallando por la verdad, aunque parecería que he perdida mi condición de ciudadano”, agrega.

///ANF