Frontera: militares y pobladores se acusan por la ola de violencia

22

Militares y pobladores de los municipios en la frontera con Chile se acusan de la violencia generada a raíz de la actividad del contrabando. Las autoridades y vecinos del sector responsabilizan a los militares de secuestros, torturas y hasta “ejecuciones sumarias”, acciones que los uniformados niegan y señalan que los pobladores brindan protección.

“En el último hecho que se registró en Orinoca (donde falleció un joven de 27 años), el reporte forense dice que el disparo fue por la espalda, de arriba para abajo, la víctima fue sometida. Hablamos de una posible ejecución sumaria, que está prohibida por la Constitución. Sin importar el delito que la persona haya cometido, todos merecemos el debido proceso”, afirmó el asambleísta por el MAS José Luis Araníbar.

El legislador se refirió al tema en una reunión entre representantes de 11 municipios fronterizos con el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, el general en retiro Daniel Vargas.

Las autoridades originarias denunciaron como “graves los abusos cometidos por los efectivos del Comando Estratégico Operacional (CEO)” y hablan de varios muertos por accidentes provocados en persecuciones de militares y con disparos de armas de fuego.

La reunión se realizó en Sabaya, municipio que es parte de los 11 que están en la carretera que conecta con Chile. Esa ruta es una de las principales vías de ingreso del contrabando.

Choferes, maestros y comunarios manifestaron que los constantes abusos cometidos por los militares, y las quejas desatendidas por los comandantes, ya causaron enfrentamientos y advirtieron con reacciones.

Uno de los representantes relató que las autoridades originarias son víctimas de intervenciones, insultos, “secuestros y torturas”. En la reunión, un maestro contó que en una ocasión los militares apuntaron con sus armas a un educador y lo pusieron “pecho tierra”.

Otro poblador aseguró que los miembros del CEO los encañonan y ante cualquier reclamo repiten: “la ley nos faculta” y luego de golpearlos, los abandonan en el campo. “No podemos ni salir a ver nuestros chacos, ya nos llaman loros (informantes de los contrabandistas)”, lamentó.

Esta persona aseguró que le tocó vivir un episodio junto a sus tres niños, donde quemaron vehículos legales de sus vecinos.

Los alcaldes de Todosantos, Huachacalla y Sabaya, entre otros, exigieron que los militares desistan de los atropellos contra los pobladores y cuestionaron que la violencia de los operativos de lucha contra el contrabando no deje ningún rédito para los municipios.

No se cumple, dijeron, con el pago del 40% de la mercadería incautada, como lo estipula la norma para quienes dan información sobre delitos. Otro peligro son los “miguelitos” o fierros afilados que se utiliza para perforar los neumáticos, que serían utilizados por el CEO.

El 11 de febrero, según el informe del fiscal William Paredes, el cadáver de un vecino de Sabaya fue hallado en Orinoca, distante a cinco horas. Al presentarse en el lugar, relató, solo encontraron manchas de sangre en una parte del terreno. Paredes y miembros del CEO fueron secuestrados por varias horas por los pobladores, enardecidos por esa muerte.

Al día siguiente se halló el cuerpo de la víctima con un disparo de arma de fuego, a unos 30 minutos del lugar donde fue reportado primero. “Por los informes y testimonios, los contrabandistas sacrifican a sus loros para impedir que el CEO decomise las mercaderías, que por camión pueden valer más de un millón de dólares”, explicó el fiscal Paredes.

Pobladores de la zona aseguran que el asesinato fue cometido por militares, quienes recogieron el cuerpo y luego lo abandonaron en otro sector.

El viceministro Vargas rechazó las acusaciones y aclaró que los miembros de las FFAA no comenten ejecuciones sumarias, delitos que son característicos de delincuentes. “Hablamos de organizaciones criminales, por la forma en la que operan”, declaró. Cuestionó que en varias poblaciones se prohíbe el ingreso de policías, fiscales y miembros del CEO, pero se protege a los vehículos indocumentados o chutos y contrabandistas.

Vargas recordó que los militares también fallecieron a manos de contrabandistas, la última baja se produjo el año pasado en El Alto. En 2018 dos jóvenes uniformados fueron ajusticiados por miembros de un clan armado que recorría esas rutas.

Se coordinó un nuevo encuentro para marzo. Se buscará que la población se beneficie de los incentivos por denunciar y que se prohíban persecuciones en la ruta, adelantó la autoridad.

Pagina Siete.