Por conflictos e ineficiencia, la ejecución del PGE cerró en 73%

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Datos del Sistema de Gestión Pública (Sigep) dan cuenta que el grado de ejecución del Presupuesto General del Estado (PGE) 2019 en todos los niveles de Gobierno fue de sólo 73%. Ese porcentaje es un 5% inferior a lo registrado en 2018 debido a los conflictos sociales y la ineficiencia en el gasto, explicaron los expertos.

“Si bien la crisis y conflictos sociales que vivimos en octubre y noviembre pueden haber afectado la ejecución presupuestaria el año pasado, hay otros factores a tener en consideración como la ineficiencia del Estado respecto al gasto y a una reducción en los ingresos”, señaló el analista económico Jimmy Osorio.

El experto apuntó que muchas entidades estatales tratan de mostrar sus “pobres niveles de ejecución” como “ahorro”, sin embargo, los montos acumulados son en realidad proyectos que no fueron ejecutados.

“El presupuesto se prepara de manera integral. Cada boliviano que recibe una repartición del Estado tiene un propósito y está relacionado con los ingresos; si la ejecución no es buena, eso denota que hubo proyectos que no se realizaron o se abandonaron”, señaló Osorio, quien analizó los datos disponibes en el Sigep.

El analista financiero Jaime Dunn manifestó que la baja ejecución, más allá de los efectos de la crisis política, denota un esfuerzo del Gobierno actual de racionalizar el gasto y dedicarlo a proyectos importantes para dejar de lado el gasto superfluo.

“La ejecución de 2019 fue más baja en 5% respecto a la de 2018 básicamente por los problemas sociales de octubre y noviembre, pero también porque el Gobierno de transición priorizó gastos y proyectos, por lo que se ejecutó el gasto necesario e importante y no la cantidad de gastos superfluos que estaban presupuestados”, declaró.

Dunn apuntó que una ejecución presupuestaria más baja para concentrar el gasto en lo que es importante resulta algo bueno.

“El efecto de eso también ha sido que el déficit fiscal se ha visto aliviado. No olvidemos que el programa económico del MAS se basaba en gastar y consumir lo más que se pueda, presionando al alza el déficit fiscal”, apuntó.

De acuerdo con los datos del Sigep, el nivel central del Estado concentra el 79,9% del presupuesto, mientras que las gobernaciones tienen asignado el 4,5%; las municipalidades, el 9,3%; las universidades, el 2,9% y otras reparticiones estatales concentran el 4% del total.

Respecto a la ejecución, las gobernaciones lograron un mejor nivel de gasto al alcanzar el 80,6% de los recursos. Las municipalidades ejecutaron el 75,6% de los recursos que recibieron y las universidades el 72,6%.

El nivel central tuvo una ejecución del 72,8%, es decir que junto con las universidades tuvo una ejecución menor al promedio.

Dunn sostuvo que la concentración del presupuesto en el nivel central refleja un “centralismo presupuestario” que va en desmedro de las regiones.

El experto precisó que a pesar de concentrar la mayor parte del presupuesto, el nivel central gasta “pobremente” sus recursos, de ahí el bajo nivel de ejecución.

En el análisis de Osorio se ve que aparte de evidenciarse un alto grado de centralismo presupuestario en desmedro de las regiones, la ejecución presupuestaria más alta la concentra el nivel de los gobiernos autónomos departamentales con el 80,6%.

“Con estos datos, se puede decir que la eficiencia en la ejecución presupuestaria del Gobierno central no sólo está por debajo de la eficiencia que muestra el nivel departamental, sino que, en general, se encuentra por debajo del promedio de todo el gobierno a nivel nacional”, manifestó el autor del análisis.

Empresas públicas fueron usadas como una “variable de ajuste”

De acuerdo con el experto Jimmy Osorio, los recursos que recibieron las empresas estatales y públicas sirvieron como “variable de ajuste” de los presupuestos, al incrementar sus ingresos artificialmente para equilibrar el PGE.

“En el caso de las empresas estatales, el nivel de ejecución presupuestaria del gasto depende de la capacidad que tengan para generar sus ingresos, aunque en muchos casos éstas reciben transferencias del Órgano Ejecutivo o préstamos del Banco Central de Bolivia para cubrir sus gastos”, señaló.

El volumen de gasto de las empresas estatales está relacionado con la capacidad de generar ingresos que tienen.

El analista financiero Jaime Dunn agregó que el presupuesto más grande entre las empresas estatales corresponde a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos con el 71,7%, y ENDE tiene el 9,4%.

En ese sentido, Dunn sostuvo que “la ejecución ineficiente de las empresa públicas como la Empresa de Servicios Aéreos Bolivianos (10%), el TAM (13%), Yacana (25%) y la Agencia Boliviana Espacial (39%) obliga a preguntarnos de qué sirven y para que están”, manifestó.

Pagina Siete.