Presidenta Jeanine Áñez consolidó la paz y encaminó la recuperación de la democracia en Bolivia en 72 días de Gobierno

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La presidenta Jeanine Añez, que el miércoles cumple 72 días de su periodo de mandato constitucional, logró consolidar la paz y encaminar la recuperación de la democracia y la institucionalidad en el país, tras la convulsión social y política ocurrida entre octubre y noviembre de 2019 por las elecciones fraudulentas que derivaron en la renuncia de Evo Morales.

Áñez, oriunda del departamento amazónico del Beni, asumió las riendas del país por sucesión constitucional el 12 de noviembre, tras un vacío de poder que fue provocado tras la renuncia de Evo Morales y autoridades legislativas del Movimiento Al Socialismo (MAS) frente a protestas y el descontento expresado por el pueblo boliviano.

La primera decisión que tomó la mandataria boliviana fue convocar a los bolivianos a una transición pacífica para salir de la crisis política y confrontación en el que se encontraba sumergido el país, con un clima lleno de tensión generado por grupos radicales afines al MAS.

Uno de los logros más importantes de Añez, la segunda presidenta de la historia de Bolivia, es que consiguió pacificar el país en menos de 20 días, gracias a un trabajo intenso y sacrificado de su gabinete ministerial que se tradujo en acuerdos con varios sectores sociales movilizados en diferentes capitales.

Ese factor permitió retornar a la normalidad en las actividades cotidianas en el país que fueron afectadas por bloqueos y enfrentamientos, entre ellos, las labores escolares, que no se suspendieron y concluyeron de forma regular.

La jefa de Estado también instruyó al ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada, realizar una auditoría a los 14 años de gestión de Morales, para verificar las condiciones económicas del país, medida que a la fecha logró descubrir varias irregularidades que afectaron a las arcas del Estado.

Según información oficial, el Gobierno del MAS gastó en los últimos 14 años 310.000 millones de dólares, es decir, 5,5 veces más que en períodos similares de gobiernos anteriores.

Después de 12 días de asumir su investidura, promulgó la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales, ocasión en la que destacó que esa norma surgió de la lucha de los bolivianos en las calles cansados de la «impunidad» que se vivía en el anterior Gobierno.

Dos semanas después, el 28 de noviembre, abrogó el Decreto Supremo 4078, que eximia de responsabilidades a las FFAA durante la convulsión, en cumplimento a los acuerdos establecidos con organizaciones sociales para pacificar el país e instó a la población a la reconciliación.

A fines de noviembre, Áñez retomó las actividades de gestión gubernamental, con la inauguración de obras de rehabilitación y mejoramiento del aeropuerto Jorge Henrich Arauz de la ciudad de Trinidad, región que visitó por primera vez como mandataria de Estado.

Ya en diciembre, la jefa de Estado determinó crear, mediante resolución, el Comité Interinstitucional de Defensa a las Víctimas de Injusticia por motivos Políticos e Ideológicos en los 14 años de Gobierno de Morales.

Así también, promulgó el Decreto Supremo 4100 que establece la indemnización a los familiares de las personas fallecidas en el conflicto político que estalló tras los comicios del 20 de octubre con el pago único de 50.000 bolivianos, mientras que en el caso de los heridos indicó que sus gastos serán cubiertos hasta su recuperación.

El 11 de diciembre, emitió el Decreto Supremo 4107 que elimina la visa para el ingreso de turistas de Israel y Estados Unidos a Bolivia, que beneficia directamente al departamento de Beni, porque esa región urge el turismo internacional para su desarrollo.

Siete días más tarde, el 18 de diciembre, la mandataria anunció una las decisiones más importantes que benefició directamente a los más de 11 millones de bolivianos, que fue la reducción de tarifas de electricidad sin afectar al sector eléctrico del país.

Esa misma semana, presentó una estrategia de prevención de la violencia contra niños, adolescentes y mujeres, para garantizar la seguridad de esos sectores vulnerables de la sociedad boliviana.

El último día del 2019, Añez remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) una norma que modifica la Ley de Régimen Electoral para incluir el debate obligatorio entre candidatos, la cual fue bien recibida por la población boliviana.

Ya en la primera semana de enero, el décimo tercer día de 2020, declaró el Año de la Lucha Contra el Feminicidio e Infanticidio, ante una ola de casos registrados y fallas en el sistema judicial, para frenar la violencia de todo tipo en el país.

Dos días después, el 15 de enero, pidió a la ALP modificar la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, porque esa norma, según estudios realizados, beneficia a agresores y criminales.

El 16 de enero, la presidenta anunció otra medida en beneficio directo de la población, que fue la designación del 10% del Presupuesto General de la Nación (PGN) al sector de salud, medida que aplaudida por el conjunto de la sociedad y que marco un nuevo hito histórico para el Estado.

El lunes, promulgó la Ley 1270 de Prórroga del Mandato Constitucional de Autoridades Electas, que evita el vacío de poder en el país hasta la posesión de un nuevo mandatario de Estado.

Por último, Áñez, que desde el primer día cumple una intensa agenda en el país, determinó que medios de comunicación no están obligados a transmitir el mensaje presidencial este 22 de enero, Dia del Estado Plurinacional, en el marco del respeto a la libertad de expresión.

Vic/VCT ABI