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El 8% del Parque Madidi está comprometido a 140 empresas y cooperativas mineras

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Es una de las áreas con mayor biodiversidad en el mundo, ubicada en el norte de La Paz. Hace 25 años se dispuso protegerla mediante un decreto y varias leyes que vinieron después; pero el papel aguanta todo. Hoy en día, el Madidi está en la mira de mineros, y con aval del Gobierno, su destino parece estar signado por la destrucción.

Datos recientes de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), obtenidos por La Nube, evidencian que esta área protegida, donde se supone la naturaleza debería preservarse y (valga la redundancia) protegerse, está siendo preparada para la explotación minera de sus ríos y cerros.

Si hasta mayo de este año se había denunciado que al menos 550 cuadrículas mineras dentro el Madidi estaban comprometidas por la AJAM, para fines de noviembre el número verificado era 11 veces mayor: 6.023 cuadrículas, equivalentes a 150.575 hectáreas.

Considerando que el Madidi tiene una extensión de 1.895.750 hectáreas, se evidencia que el 8% ya ha sido comprometido para la actividad minera. La mayor parte de este territorio aún no ha sido entregado a los mineros, pues los trámites aún continúan, pero se prevé que esto se concrete pronto.

“La minería aurífera ha ido avanzando de lo que fue una zona que podríamos llamar tradicional (Guanay y Teoponte) hacia el norte, y se ha ido tecnificando. Ha ido creciendo y marchando hacia el norte, hacia el Madidi, a una de las áreas protegidas más importantes a nivel regional por la diversidad de especies y ecosistemas”, manifestó el investigador del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), Jorge Campanini.

Poder de las cooperativas

Los cooperativistas mineros no tienen por qué ocultar sus intenciones. El presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco), Eloy Sirpa, confirmó el interés de sus afiliados para avanzar hacia el área protegida.

El oro no es renovable, una vez se acaba en un sitio se lo debe buscar en otro lugar, y para ello cae bien llevarse de buenas con quien tiene la facultad de entregar permisos de operación: el Gobierno. El sector minero es uno de los más poderosos del país e importante aliado del Movimiento Al Socialismo. Entre sus filas están senadores, diputados, viceministros y asambleístas. Si la influencia política no es suficiente para inclinar la balanza a su favor, tiene como estrategia la movilización de miles, ante cuya presencia en las calles ningún gobierno osaría oponerse.

“Es un sector nuevo (en el Parque Madidi), son áreas protegidas. Precisamente en una de las reuniones que sostuvimos con el Ministerio de Minería, participaron la AJAM, el Sernap (Servicio Nacional de Áreas Protegidas) y la ABT (Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra). Entonces tenemos ya un documento firmado para que se viabilicen dichos contratos, pero siempre cumpliendo las normas y los manifiestos ambientales”, manifestó Sirpa.

Hernán Vargas, un empresario que ha trabajado durante 25 años en el rubro de la minería aurífera y que conoce a la perfección este mundo dorado, de riquezas y también de destrucción medioambiental, confirmó que no sólo el Madidi, sino muchos otros parques nacionales serán “inunda – dos” por mineros en los próximos años. Sostuvo que ya hay hasta cuatro cooperativas operando en el área más biodiversa del mundo.

“El tema es triste -indicó Vargas-. Tú conoces el tema de los loteadores, todo el mundo sabe que están en áreas fiscales, en áreas privadas incluso, y nadie puede hacer nada. Es lo mismo lo que pasa con los mineros. Como son grupos de familias numerosas, una vez que entran y empiezan a trabajar es prácticamente imposible sacarlos”.

En su memoria está vivo el recuerdo de la bonanza y el derroche de los años 80, cuando un minero aurífero llegó a jugar un partido de fútbol a Sorata a bordo de un helicóptero privado, y cumplidos los 90 minutos se fue en la misma nave. O cuando en Tipuani un grupo de cooperativistas se antojó un fricasé paceño y lo mandaron a traer desde La Paz, también por aire.

“En esos años, allá en Tipuani, vi el fruto de 20 días de trabajo: 50 bolsas de oro de 50 kilos cada una. En esos tiempos el gramo de oro estaba a 10 dólares. Saca cuentas, ¿cuánto es eso? Sí, eran 25 millones de dólares que se iban a repartir -dijo Vargas-. Cuando venían a La Paz hacían cerrar boliches enteros, si estaba cerrado un jueves, sabías que adentro estaba un minero”.

Si está claro que el 8% del Madidi está servido para la minería, aún no se tiene certeza cuántas empresas y cooperativas están activas en el lugar. Pero el avance es innegable. En marzo de 2021 se encontraron caminos que iban a áreas mineras, según un guardaparque cuyo nombre se mantiene en reserva. Asimismo, las denuncias del acecho sobre el parque no han parado, pero hasta ahora no se conocía la magnitud de la afectación.

82% a empresas; 18% a cooperativas

El guardaparque mencionado indicó que hasta 2013 tenían información de que dentro del Madidi había 55 áreas mineras en trámite para ser explotadas. Los datos obtenidos por La Nube triplican esa cantidad y arrojan 173 áreas mineras, de las cuales 127 están en trámite, 22 están reservadas y el resto pertenecen a concesiones obtenidas años atrás (antes de la Ley 535) y a solicitudes de contratos mineros con el Estado.

Las empresas son las que mayor cantidad de áreas mineras pretenden obtener. Éstas tienen en la mira 135 áreas mineras, que suman 124.075 hectáreas; mientras que las cooperativas apuntan a 38, con una extensión de 26.500 hectáreas.

El Madidi se divide en dos zonas: al oeste y al sureste está el Parque Nacional, supuestamente de protección y donde pocas actividades humanas están permitidas; y al centro está el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI), donde se permiten más actividades, pero que no pongan en peligro el ecosistema. Las áreas mineras delimitadas por la AJAM se distribuyen en ambas zonas; sin embargo, a simple vista se puede advertir una mayor presencia en el Parque Nacional del lado oeste, principalmente sobre y alrededor de los ríos Tuichi, sus varios afluentes y el río Tambopata, el cual colinda con Perú.

Costo ambiental

La actividad minera es altamente contaminante por la deforestación y los desechos químicos que expulsa en el suelo, aire y agua. Una de las principales preocupaciones es el uso de mercurio, un metal pesado utilizado para extraer el oro, que contamina los ríos y peces, principal fuente de agua y alimento de muchas poblaciones y comunidades indígenas. El Convenio de Minamata, firmado por 128 países, entre ellos Bolivia, compromete una serie de acciones para reducir y hasta eliminar el uso de mercurio, al ser éste extremadamente tóxico para el ser humano y la naturaleza.

Pero Bolivia está lejos de cumplir el convenio. Nos convertimos en el segundo importador más grande de mercurio en el mundo y las Naciones Unidas han expresado su preocupación por el tráfico ilícito de este metal, desde Bolivia hacia otros países de la región. No es que el Gobierno no haya intentado hacer algo al respecto, sino que sus aliados cooperativistas se lo impidieron, pues les resulta difícil y malo para el negocio aplicar otros métodos para extraer el oro.

Si el mercurio fuera eliminado de la explotación aurífera, el impacto ambiental no sería tan catastrófico; sin embargo, en la minería mecanizada este impacto negativo es prácticamente inevitable, sobre todo en zonas poco transitadas por el hombre. Campanini, investigador del Cedib, indicó que para darse cuenta del desastre ambiental de la minería basta ver lo que ocurre en Apolobamba, otra área protegida invadida por la actividad minera.

“La destrucción romperá el equilibrio ecosistémico de la flora y fauna. El impacto va a ser grande. Se ve que marchan hacia el norte para juntarse con el río Madre de Dios (Pando) y eso es el fin. Si uno permite minería en una de las áreas mejor conservadas, no se garantizará la sostenibilidad del ecosistema”, advirtió Campanini.

El empresario Vargas dio fe de que allí donde se ha explotado oro, una vez agotado el metal ha quedado abandono y contaminación.

La Nube solicitó una entrevista a la AJAM para tratar las autorizaciones y trámites mineros en el área protegida; pero no obtuvo respuesta. De forma extraoficial se indicó que en áreas protegidas no se realizan concesiones; pero esto contradice las 173 áreas mineras identificadas en sus propios datos.

El director del Sernap, entidad que debería velar por las áreas protegidas, es Teodoro Mamani, exsecretario de la Confederación Sindical ünica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), agrupación del MAS últimamente vinculada a avasallamientos y deforestación. Mamani ha sido criticado por su desinterés para proteger los parques y ha sido señalado como uno de los actores para promover su destrucción. La Nube intentó conversar con él, pero pese a las cartas enviadas, constantes visitas a su despacho y llamadas a su relacionador público, no obtuvo respuesta.

Similar situación ocurrió en el Ministerio de Minería, desde donde se prometió una entrevista con el viceministro de Cooperativas, Mauricio Guzmán Mujica, exdirigente de cooperativistas mineros de Cochabamba. La promesa no fue cumplida.

*Esta investigación fue realizada en el marco del Fondo Concursable Spotlight XI de Apoyo a la Investigación Periodística en los Medios de Comunicación que impulsa la Fundación Para el Periodismo.

Nombres extranjeros detrás de empresas

El 25 de noviembre, en el coliseo Don Bosco, los dirigentes de la Federación de Cooperativas Mineras del Norte de La Paz (Fecoman) se reunieron en una asamblea. Allí, entre decenas de cascos alrededor de sus directivos, estaba el representante de la Central de Cooperativas Mineras Auríferas de Apolo, Álex Pantiagoso, quien se negó a hablar sobre la incursión minera de sus afiliados al Madidi.

Entre las cooperativas mineras y empresas que pretenden operar en el Madidi aparecen nombres de compañías peruanas, chinas y canadienses, como Yanacocha, Tres Marías, Trevali, y Runfeng Import & Export. No se ha constatado si se trata de concesionarias o independientes con títulos similares. También se ha evidenciado nombres de dirigentes cooperativistas que figuran como empresarios.

¿Legal o ilegal? Depende

La minería dentro las áreas protegidas no es ilegal. Entre contradicciones, las normas bolivianas abren la puerta para que esta actividad se realice en estas zonas. El investigador del Cedib Jorge Campanini utilizó el término “alegalidad” para referirse al actuar del Gobierno y los mineros, pues aunque puede justificarse legalmente, a la vez carece de sentido básico de conservación de áreas protegidas.

El artículo 220 de la Ley de Minería señala que “los actores productivos mineros podrán realizar actividades mineras en áreas protegidas y forestales previo cumplimiento de la normativa ambiental y conexa específica, y cuando dichas actividades no afecten el cumplimiento de los objetivos de protección del área”.

Aquí viene la contradicción, pues los objetivos de creación del Madidi, según el artículo 4 del DS con el que nació, apuntan a “la protección permanente de ecosistemas prístinos y de extraordinaria biodiversidad (…)y de recursos genéticos y especies de importancia para la conservación (así como) la protección de cuencas hidrográficas”.

A las empresas y cooperativas les basta reunir algunos documentos para iniciar la explotación minera, sin cumplir requisitos ambientales, señaló el vocero de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), Álex Villca. Así, la marcha minera al Madidi norte parece inevitable.

Pagina Siete.

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