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Dilatan caso Banco Unión por sobre una resolución superior

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La imputación presentada por la fiscal Rocío Feraudi, el 4 de noviembre, contra dos de los involucrados en el caso de presunto desfalco a la agencia del municipio de Desaguadero del Banco Unión infringe varias recomendaciones hechas por su superior. Según familiares de uno de los acusados, la representante del Ministerio Público cometió cuatro tipos de faltas.

“Dada la complejidad del caso y dificultad investigativa del mismo, a efectos de evitar el retardo procesal y facilitar el ejercicio de la defensa, debe proceder conforme a procedimiento y solicitar al juez de control jurisdiccional la tramitación separada de hechos, toda vez que se dispuso la revocatoria de la resolución de rechazo con el fin de no obstaculizar la prosecución del juicio oral”, señala el punto seis de la resolución firmada por la fiscal departamental interina Rosario Venegas en junio de 2020.

Sobre ese punto, familiares del principal implicado, el exjefe de operaciones de la agencia Julio César Rivera, explicaron que pese a esa recomendación: “de no generar retardación de justicia”, la fiscal Feraudi presentó la imputación e hizo que el juicio que estaba a punto de iniciar se paralice y el proceso retroceda a etapa preparatoria, “esto representa cuatro tipos de faltas disciplinarias y nosotros vamos a presentar la queja”.

“Julio César (Rivera) es el único detenido de este caso, desde mayo de 2018. De manera injusta lo encarcelaron asegurando que esto sería mientras se investiga el supuesto desfalco (de 1,6 millones de bolivianos)”, afirmó el familiar que presentó la denuncia ante este medio.

“Pero los fiscales no solo no investigaron, como lo denunciaron en sus memoriales de objeción el Banco Unión, la ASFI y la Procuraduría, sino que ahora, con la nueva imputación, la Fiscalía nos dice que recién van a investigar, otra vez, y que los tres años y siete meses de la vida de Julio César en una celda no les importa y van a empezar de nuevo”, cuestionó el familiar.

Rivera fue detenido en mayo de 2018 por delitos financieros, luego de que un “informe de auditoría” reportó la pérdida de 1,6 millones de bolivianos en la agencia donde trabajaba como jefe de operaciones. Días después, la Fiscalía amplió los delitos y se sumó al proceso a otros seis funcionarios. Entre ellos dos cajeros, el jefe de la agencia y dos encargados del control de las tarjetas y cajeros automáticos.

El 23 de septiembre el entonces fiscal Germán Rea resolvió rechazar la ampliación contra con Rivera y las otras seis personas, y todas fueron acusadas por un solo delito y se pasó a etapa de juicio el 29 de enero de 2020.

Pagina Siete.

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