Escándalo en el Ministerio de Educación: Confederación de Trabajadores denuncia al Ministro por presunto favoritismo a empresa familiar
- La Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) exige investigar al Ministro Edgar Pary por supuesto uso de influencias para beneficiar a su empresa en contratos estatales.
En un giro sorprendente, la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) ha decidido sumarse a la denuncia que involucra al Ministro de Educación, Edgar Pary. Las acusaciones apuntan al presunto uso de influencias para favorecer a su propia empresa familiar en contratos con el Estado, desatando así un escándalo que amenaza con sacudir los cimientos del Ministerio.
Según Miguel Cordero, abogado de Ana Laura Montaño, la denunciante en este caso, el magisterio urbano se presenta como víctima en este entramado de corrupción y ha solicitado la realización de investigaciones adicionales. Cordero señala que se han emitido citaciones para que tanto el Ministro Pary como Cinthia Colmena, funcionaria del Ministerio de Educación y presunta apoderada de la empresa Centro Multidisciplinario de Formación Investigación y Servicios Generales (Cemfi SRL), brinden sus declaraciones informativas.
«Con las evidencias e indicios necesarios para suponer que se han realizado compras o adquisiciones con el Estado, se están llevando a cabo los actos investigativos. Esto es crucial, ya que deja muchas susceptibilidades», expresó Cordero durante una rueda de prensa.
El abogado no escatimó detalles al denunciar que el Ministerio de Educación emitió una resolución que, según él, habría revocado el reconocimiento de Montaño como presidenta de la Junta Nacional de Padres de Familia, luego de la formalización de la denuncia, la cual fue admitida por la Fiscalía.
Este escándalo no solo pone en entredicho la integridad del Ministerio de Educación, sino que también destaca la urgencia de investigar a fondo las presuntas prácticas corruptas que podrían comprometer la confianza pública en las instituciones gubernamentales. La sociedad boliviana espera respuestas claras y acciones contundentes para esclarecer estos hechos que, de confirmarse, podrían tener repercusiones significativas en el ámbito político y educativo del país.