Conade denunció una sostenida violación de DDHH en el país

En audiencia concedida por el personal ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la cabeza del comisionado para Bolivia Joel Hernández, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) denunció una sostenida, sistemática y creciente, violación a los Derechos Humanos en Bolivia.
Conade expuso las acciones de terrorismo de Estado que el Gobierno desarrolla, de manera particular por la policía, funcionarios públicos y grupos de choque, contra el paro realizado por la población de Santa Cruz en demanda del censo en 2023, con acciones de cerco, privación al ingreso de alimentos, corte del suministro de carburantes, acciones de violencia callejera, vulneraciones a los trabajadores de la prensa y reiterados ataques a la libertad de expresión, entre otras acciones violentas.
De forma puntual se detalló las detenciones, torturas, detenciones ilegales y otras vulneraciones que sufren los dirigentes de Adepcoca y Cofecay, con nombres de dirigentes aprendidos, cautelados y que a la fecha continúan sufriendo de un acoso policial y judicial.
En casos específicos, se denunció a la CIDH que tribunales penales subordinados al gobierno juzgan a la expresidenta Añez, estableciendo que nunca tuvo la condición de presidenta del Estado Plurinacional, de manera que sus actos jurídicos serían ajenos a la estructura del Estado, para de esta forma, evitar la aplicación de un Juicio de Responsabilidades en su contra, permitiendo proseguir con una persecución penal, de carácter ilegal.
La persecución judicial contra dirigentes de Comcipo, fue expuesta al Comisionado Joel Hernández, así mismo, la persecución política y judicial ejercida sobre el líder cívico, Rómulo Calvo, la aprehensión de Soledad Chapetón y todas las irregularidades en su proceso, como otra faceta de la represión o “sicariato judicial” que se implementa el Gobierno.
El ataque a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y las amenazas de muerte contra Amparo Carvajal fueron expuestas con documentación de respaldo.
En la oportunidad, el Conade comunicó a la CIDH la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas emergentes de la toma de tierras y desalojos a comunidades indígenas por parte de colonizadores interculturales. También se ratificó la contaminación por mercurio en los ríos del norte de La Paz, por parte de los cooperativistas auríferos, donde el mismo Informe del Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, Marcos Orellana, condena al Estado Plurinacional por inacción frente a esta grave política de violación de los derechos de las poblaciones indígenas.
Finalmente, se expuso la situación de Terrorismo de Estado que implementa, con datos y casos puntuales, reiterando la solicitud de audiencia a la señora Presidenta de la CIDH, junto a otras 22 organizaciones de la sociedad civil boliviana. “El crítico devenir de la realidad social y política del país, que previmos en nuestras solicitudes a tiempo de señalar su muy negativo impacto sobre la vigencia de los DDHH, consideramos que justifica sobradamente la solicitud”, señala parte de un pronunciamiento emitido por el entre defensor de la democracia.
Además, coincidiendo con el pedido de varias otras organizaciones de la sociedad civil boliviana, se solicitó que a la mayor brevedad posible, y con el carácter de emergencia que imponen los graves acontecimientos del conflicto que vive nuestro país, se produzca la visita de la CIDH a Bolivia.

El Diario

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