La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que representa a los medios impresos de Bolivia, expresó profunda preocupación por el retroceso de la Fiscalía en el proceso contra dos agresores de un periodista registrado el pasado 1 de noviembre, en el municipio de La Guardia, en el departamento de Santa Cruz.
Tras conocer que dos fiscales cambiaron de opinión sobre el pedido inicial de prisión preventiva para Marco Antonio Pinto Fernández y Constantino Carachuyo Choque para beneficiarlos con el arresto domiciliario, la ANP advirtió que la entidad creada para ofrecer seguridad jurídica a la ciudadanía genera un ambiente de desprotección y con ello se crea un estado de impunidad en casos de violencia contra los trabajadores de la prensa.
En la madrugada del 1 de noviembre, el periodista Mario Alberto Rocabado Román, de la red televisiva Unitel, fue agredido con brutalidad por manifestantes ante la mirada pasiva de policías, un hecho que fue calificado como un “asesinato en grado de tentativa”.
La ANP recordó que desde el año 2008, los casos de agresiones a periodistas no fueron investigados y menos sancionados, y anunció que elevará a conocimientos de entidades defensoras de los Derechos Humanos este nuevo antecedente de negación de justicia.
Fernández y Carachuyo se habían presentado a una comisaría, el 16 de noviembre para declarar su inocencia y los policías ejecutaron la orden de aprehensión que no fue ejecutada durante dos semanas.
En esa ocasión, las fiscales Ilsen Nava y Delmy Guzmán pidieron la detención preventiva por seis meses para los dos sindicados, lapso contemplado por la legislación boliviana para concluir las investigaciones y abrir proceso.
Empero, el encierro de los dos imputados duró solamente 48 horas, porque las fiscales Nava y Guzmán dieron marcha atrás en su decisión y en la audiencia cautelar del 18 de noviembre pidieron la medida sustitutiva del arresto domiciliario, que fue aprobada por el juez Manuel Batista.
Raquel Guerrero, asesora legal de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, lamentó la decisión las dos fiscales.
“Es incomprensible este cambio, tomando en cuenta que existe riesgo de fuga. También es penoso el accionar de la Policía, que tuvo dos semanas para detener a los dos acusados y no lo hizo. Vemos que estas acciones favorecen a los agresores”, declaró a la Unidad de Monitoreo de la (ANP).
Pinto admitió en sus declaraciones que es funcionario de la Alcaldía de La Guardia que administra el partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) y que su padre ejerce la dirigencia en esa organización política.
Entretanto, Carachuyo señaló que es comerciante del mercado campesino de La Guardia, donde estuvo alojado un grupo de personas que el 1 de noviembre atacó a los vecinos que realizaban un bloqueo a favor del paro cívico en La Guardia.
PLANTÓN
Periodistas del departamento de Santa Cruz se congregaron el 18 de noviembre frente al Comando de la Policía para condenar los ataques de agentes antidisturbios contra trabajadores de la prensa desplegados en la cobertura de un paro cívico que comenzó el 22 de octubre en esta región, mientras se anunciaron un total de 20 casos de agresiones a reporteros de medios privados y estatales.
Durante la protesta, la Asociación de Periodistas de Santa Cruz ratificó la denuncia contra policías que dispararon proyectiles de gases lacrimógenos al cuerpo de los reporteros, y en otros se limitaron a observar ataques de seguidores del partido de gobierno contra los enviados de prensa.
“Los policías y los grupos de choque del partido de gobierno están disparando a matar contra la prensa”, dijo Méndez, a tiempo de confirmar que entregó a los jefes policiales una carta para formalizar la protesta y solicitar procesos disciplinarios contra los guardias que han sido grabados en acciones como simular pruebas para incriminar en hechos violentos a periodistas, gasificarlos, o incumplir la tarea de brindarles protección en los ataques de los manifestantes contrarios al paro cívico.
El Diario