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Trabas de abogados de agresores, la principal causa de la impunidad

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Las trabas que ponen los abogados que defienden a los acusados de feminicidios retrasan los procesos judiciales. Esta situación es una de las principales preocupaciones de la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa, entidad que recorre el país para investigar y acelerar los casos de violencia contra la mujer.

Según las asambleístas, estos juristas realizan todo tipo de acciones con la finalidad de extinguir los casos y conseguir que los acusados de feminicidios salgan en libertad después de tres años de detención preventiva.

La presidenta de esta comisión, Sonia Brito, explicó que se identificaron muchas dificultades que provocan la retardación de justicia de los casos de feminicidio; sin embargo, uno de los motivos principales está relacionado con los abogados de la contraparte, es decir de los agresores o feminicidas.

“Si bien tienen que hacer su trabajo, en el marco del debido proceso, lamentablemente vemos que los abogados (de los acusados) son chicaneros porque van dilatando los procesos”, dijo Brito y añadió que de esa manera buscan que pasen “los tres años para que se extinga la acción”, indicó.

“No importa si tienen o no razón, lo único que logran es retrasar el proceso, hacer cansar a los familiares de las víctimas y hacer más caro el seguimiento”, sostuvo la legisladora. “Muchos familiares dejan los casos por esta causa”, agregó.

Ante esa situación, Brito espera que con la nueva Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, la retardación de justicia en el país se pueda revolver por completo.

En septiembre, los familiares de víctimas de feminicidios contaron que gastan hasta 40.000 dólares en los procesos judiciales que duran hasta más de seis años. Ante este panorama, muchos recurren a préstamos u otros abandonan los casos.

Desde enero hasta la fecha, en Bolivia ya se reportaron 94 feminicidios. En el 92% de los casos, los agresores ya tenían antecedentes e incluso ingresaron a la cárcel por denuncias de violencia, según un registro elaborado por Página Siete.

Ante el incremento de casos, el Gobierno creó la Comisión Mixta para investigar los casos de violencia contra la mujer. Esta instancia ya tiene más de 20 días de trabajo de los 90 que cuenta como plazo para presentar conclusiones y emitir recomendaciones a los operadores de justicia sobre “las trabas de botella en los procesos judiciales”.

Según Brito, durante este tiempo, la comisión realizó 10 sesiones y contó con la participación de familiares de víctimas de feminicidio de La Paz, Tarija, Cochabamba, Oruro y Santa Cruz. Se reunió además con ONG, la sociedad civil, el Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización y el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

De acuerdo con la asambleísta, se espera para este próximo martes una reunión con el Fiscal General, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y el presidente del Consejo de la Magistratura. Luego, para el miércoles, se tiene previsto un encuentro con los ministros de Justicia y de Gobierno.

Brito adelantó que en las primeras 10 reuniones ya lograron identificar “bastantes falencias” y añadió que los familiares identificaron los principales problemas en las etapas preparatoria y preliminar. “Son dos fases donde hay demoras para obtener las pruebas, que muchas veces no están bien trabajadas y en el proceso no son debidamente presentadas”, explicó.

La asambleísta dijo que además existe una carga procesal muy grande en los juzgados. Indicó que en algunos lugares un solo juez atiende casos de feminicidio, pero también tiene casos de corrupción.

Otra de las preocupaciones de la comisión es la falta de digitalización de la información y de presupuesto de varias de las instituciones que se encargan de atender los casos de violencia y feminicidios en el país.

Los albergues

Refugios De 339 municipios del país, sólo 19 tienen albergues públicos para atender a las mujeres víctimas de violencia. De estos refugios, que están bajo tuición de las alcaldías y las gobernaciones, nueve funcionan sin autorización, según un informe de la Defensoría del Pueblo. La creación de estos refugios es una disposición de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. No obstante, pocos gobiernos locales cumplen con su implementación.
Preocupación Este año, la Defensoría presentó el informe Estado de cumplimiento de las medidas de atención y protección a mujeres en situación de violencia luego de inspeccionar los albergues. Según la investigación, de las 19 casas de acogida identificadas, sólo nueve cuentan con autorización, de una no hay datos y las otras nueve son ilegales.
Olvido En lugares como Bermejo (Tarija), por ejemplo, el refugio temporal cuenta con dos servidores públicos (coordinadora y sereno) para atender a las víctimas de violencia. Este sitio tiene capacidad para recibir a ocho personas.
Riesgo El informe señala que estos espacios no cuentan con un servicio de protección que brinde las medidas de seguridad a las víctimas y a sus familias. “Sólo 11 casas de acogida reportan la existencia de un sereno, un policía, seguridad pública y privada”, añade. Indica que sólo tres cuentan con personal de seguridad.

Pagina Siete.

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