Canciller afirma que resolución sobre salvoconductos es una simple opinión legislativa y no es vinculante

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La canciller Karen Longaric aseguró este jueves que la Declaración Camaral, aprobada por la Comisión de Política Internacional de Diputados para que se otorgue salvoconductos a exautoridades asiladas en la residencia de la Embajada de México, es una simple opinión legislativa y no es vinculante.

«La Declaración Camaral que fue propuesta es únicamente un pronunciamiento que expresa la opinión oficial de la Cámara, no es una instrucción legalmente vinculante; el Poder Legislativo no puede arrogarse la atribución de emitir por sí misma salvoconductos», dijo la autoridad, en entrevista con radio Panamericana.

Ayer, la mencionada Comisión de Diputados, controlada por el MAS, aprobó la cuestionada declaración para que el Gobierno entregue salvoconductos a los exministros de Evo Morales, que están en la residencia de la Embajada de México, desde fines de 2019.

Ante ese escenario, Longaric consideró que el Legislativo se está excediendo en sus atribuciones y que ello puede derivar en «arbitrariedades» respecto a la norma establecida.

Los legisladores del MAS «se han acostumbrado a manipular la ley para adecuarla a los intereses personales, eso no puede ser así en ningún lugar del mundo. Creo que están equivocados (porque) los salvoconductos los otorga el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, entonces, es competencia de la Cancillería y eso está regulado en instrumentos americanos sobre asilo diplomático», remarcó la autoridad.

Se conoce que en la residencia de la Embajada de México se encuentran los exministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; de Culturas, Wilma Alanoca; de Justicia, Héctor Arce; de Defensa, Javier Zavaleta; de Gobierno, Hugo Moldiz; además del exdirector de la Agetic, Nicolás Laguna; y el exgobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, quienes están procesados en el marco del caso de fraude electoral, de octubre de 2019.

«Los salvoconductos se extienden cuando la Embajada que tiene asilados así lo requiere y si es que los asilados no tienen o no hubiesen cometido algún delito (…), pero cuando una persona ha cometido un delito ya no se puede amparar bajo la tutela de asilo», insistió Longaric.

En ese sentido, confirmó que las personas ahora asiladas en la residencia diplomática, «con excepción de una o dos», incluso ya tienen mandamientos de apremio, que fueron emitidos por el Ministerio Púbico.

«Por tanto, Asamblea Legislativa tampoco puede derogar la jurisdicción, la competencia del Poder Judicial y del Ministerio Público. ¿En qué estamos? ¿Quiere decir que la Asamblea Legislativa quiere invadir la jurisdicción del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y quiere quitar competencia del Ministerio Público? No, no puede ser, esto es un absurdo total», cuestionó la Canciller.

/ABI/