Caso chanchullos: Fiscalía lleva a juicio a Tarifa y Quelca no figura ni como testigo

Por el denominado caso chanchullos, la Fiscalía de La Paz acusó formalmente al exdirector Agustín Tarifa como único responsable del tráfico de exámenes en el Ministerio de Educación y dejó fuera del proceso al exministro Adrián Quelca. La exautoridad fue sobreseída y no figura ni como testigo, pese a que la denuncia en su contra lo implicaba a él y a otras 46 personas, entre docentes y dirigentes del magisterio.

“De acuerdo al proceso de investigación en la etapa preparatoria, se advierte que existe prueba suficiente para demostrar que Augusto Alfredo Tarifa Camacho figura como autor (…) de los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes”, señala la acusación firmada por el fiscal Carmelo Laura, emitida el 4 de julio.

El documento al que Página Siete tuvo acceso detalla que se presentarán 36 pruebas documentales y se convocará a nueve testigos. Entre los que comparecerán en el juicio figuran Vladimir Laura, dirigente de la Confederación de Trabajadores de Educación de Bolivia (Cteub); José Apala, subdirector de Educación Superior y de Formación Profesional; y los técnicos del Ministerio de Educación Nataly Exaltación Rojas Mendoza y Calixto Chipana Callisaya.

Y en las pruebas documentales figuran las declaraciones de Tarifa, exdirector general de Educación Superior, y de la querellante la exviceministra de Educación Aurea Balderrama.

También cursan las capturas de pantalla de los chats de WhatsApp, red social usada por Tarifa para enviar las planillas de preguntas y respuestas de los exámenes a cargos directivos en institutos superiores.

Cuestionamientos

Sin embargo, Abel Loma, abogado de Balderrama, cuestionó las determinaciones asumidas por el fiscal Laura, debido a que en septiembre de 2021 presentaron una lista de 46 personas que debieron ser citadas a declarar en calidad de testigos, pero que, según los mensajes de WhatssApp, se favorecieron del tráfico de influencias y por eso debió seguirse en su contra el proceso.

Loma recordó que la mayoría de los postulantes a los cargos directivos que se favorecieron con el tráfico de exámenes pertenecen al Partido Comunista de Bolivia (PCB), movimiento político que tiene disputas con el MAS.

Mencionó que en algunos casos, pese a contar con el banco de respuestas, los militantes reprobaban por instrucción de Quelca y Tarifa ordenaba modificar el sistema de calificación, con la complicidad de dirigentes estudiantiles y del Magisterio, que fungían como tribunales.

Los chats que revelaron al menos otros tres hechos de corrupción que implicaban al ministro Quelca y al fiscal departamental de La Paz, William Alave, se descubrieron luego de que Tarifa usó una computadora portátil del Ministerio de Educación, en la que dejó abierta su cuenta de WhatsApp.

Exministro

Una vez que se enteró del sobreseimiento en su favor, el exministro Quelca y su abogada, Mary Carrasco, dieron una conferencia de prensa en la que se aseguró que la Fiscalía lo declaró inocente. “Adrián Quelca se ha defendido por todas las formas, ha demostrado que nunca incumplió deberes (…) El Ministerio Público ha dispuesto el sobreseimiento y por esa razón es importante que la población conozca que hay malos fiscales, y que la fiscal asignada a este caso aún es investigada”, remarcó la abogada Carrasco.

Sin embargo, Loma desmintió esa versión y señaló que la Fiscalía no impulsó la investigación, por lo que supuestamente “no se hallaron elementos de convicción en su contra”. También precisó que Quelca “nunca declaró y prefirió guardar silencio” y todos los implicados se presentaron sin celulares, por lo que nunca se pudo verificar la veracidad de los mensajes enviados.

En uno de los casos, según la denuncia, el 29 de enero de 2021, Tarifa envió desde su celular la planilla de preguntas y respuestas, así como la ficha de calificación de méritos a cargos directivos de institutos, a la docente del Instituto Insco, Ángela García Barrientos, para que ella le proporcione los documentos a Juan Carlos Flores Espinoza, quien postulaba al cargo de rector del Insco de Oruro.

Tres ministros

Encubrimiento El abogado Abel Loma reveló que en mayo de 2021, una vez que se verificó el tráfico de los exámenes por el WhatsApp de Agustín Tarifa, se informó del hecho a los ministros de la Presidencia, Marianela Prada, de Justicia, Iván Lima e incluso se reunieron con el entonces comandante de la Policía Jhonny Aguilera y el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Según el abogado, Aguilera estaba dispuesto a ejecutar un operativo para detener a los implicados y secuestrar los celulares como prueba del delito, pero esto fue desestimado por Del Castillo, quien no halló delito en el proceder de Tarifa y Quelca. El argumento del ministro estaba basado en la teoría del “árbol envenenado”.

Fuente: Pagina Siete

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