El Defensor del Pueblo solicita postergar tratamiento de ley sobre contratos mineros
- Callisaya insta a esperar decisión sobre medida cautelar ambiental antes de proceder con la Ley 036/2023-2024
En una carta dirigida al presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, ha solicitado el diferimiento del tratamiento del proyecto de Ley 036/2023-2024, que aborda 19 contratos mineros. Callisaya argumenta que se debe esperar una determinación sobre la medida cautelar ambiental interpuesta por su institución antes de avanzar con la legislación.
Callisaya enfatizó que no hay acceso público a los informes relacionados con estos contratos, un hecho que contraviene el “Acuerdo de Escazú”, que establece el acceso a la información en asuntos ambientales como un derecho fundamental. «La Defensoría del Pueblo ha interpuesto una medida cautelar ambiental; por lo que, solicito que en caso de disponerse el tratamiento del proyecto de Ley, se difiera hasta que la autoridad jurisdiccional emita una determinación en dicha solicitud de medida cautelar», destacó en su nota enviada a Rodríguez.
La medida cautelar presentada ante la jurisdicción agroambiental busca garantizar el acceso a la información y la participación ciudadana en decisiones ambientales, protegiendo así el derecho de la población boliviana. Según Callisaya, la documentación disponible no responde adecuadamente a los cuestionamientos surgidos desde la Asamblea Legislativa, especialmente en lo referente a derechos ambientales y de la Madre Tierra.
El Defensor del Pueblo subrayó la importancia de contar con datos sobre la Auditoría Ambiental de Línea de Base (ALBA), especialmente si las áreas mineras en cuestión fueron explotadas previamente. Además, es crucial determinar si estas zonas están sujetas a las restricciones de la Ley 535, específicamente el artículo 93.III incisos a) y c). Por esta razón, Callisaya pide información detallada sobre los estudios de impacto ambiental con un enfoque multisectorial y los “acuerdos de partes”.
Asimismo, resaltó la necesidad de aplicar la Consulta Previa, un derecho reconocido por la Constitución Política del Estado (CPE) y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta consulta es esencial para asegurar que las comunidades locales sean informadas y puedan participar en las decisiones que afectan sus territorios y medios de vida.
La solicitud de Callisaya subraya la importancia de la transparencia y la participación ciudadana en la gestión de los recursos naturales, aspectos esenciales para la protección del medio ambiente y los derechos de la población boliviana.