Cuatro amparos ante el TCP amenazan con paralizar las elecciones generales del 17 de agosto
- Recursos judiciales exigen paridad de género en binomios y participación directa de indígenas, mientras expertos advierten un «grave riesgo» de suspensión del proceso electoral.
En los primeros 15 días del Calendario Electoral, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ya enfrenta al menos cuatro acciones legales contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuestionando la convocatoria a las elecciones generales del 17 de agosto. Los reclamos giran en torno a dos ejes: la paridad y equidad de género en las candidaturas presidenciales y la participación directa de organizaciones indígenas en los comicios nacionales.
Vocales del TSE, legisladores y expertos constitucionalistas consultados por EL DEBER coinciden en que el escenario es de incertidumbre y advierten que el TCP podría, una vez más, paralizar un proceso electoral en curso, pese al principio de preclusión establecido en la Ley 026 del Régimen Electoral.
Los recursos en detalle
- Paridad de género en binomios
El primer amparo fue presentado por el expresidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, quien impulsó una «Acción de Inconstitucionalidad Abstracta» contra la convocatoria del TSE, argumentando que no garantiza la paridad de género en las candidaturas a presidente y vicepresidente. Huaytari pidió al TCP ordenar al TSE emitir una normativa que exija este requisito. Sin embargo, el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, respondió que el recurso está «mal planteado», ya que la Resolución 0202/2025 (objeto de la demanda) no regula los requisitos de las candidaturas, sino el Reglamento de Candidaturas. Además, recordó que en octubre de 2024 el TSE presentó un proyecto de ley sobre paridad en binomios a la Cámara de Diputados, iniciativa que Huaytari ignoró en su momento. - Participación indígena en elecciones nacionales
El segundo recurso lo presentó el exmagistrado del TCP Gualberto Cusi, aliado del ex presidente Jorge «Tuto» Quiroga. Cusi busca que el TCP declare inconstitucionales los artículos 5 y 15 de la Ley 1096, que limitan la participación de los pueblos indígenas solo a elecciones subnacionales. Según su interpretación, esta norma viola el artículo 209 de la Constitución, que garantiza igualdad de condiciones para todas las organizaciones políticas. «Si el TCP nos da la razón, los indígenas podrán participar sin depender de partidos políticos», declaró Cusi a EL DEBER. A su acción se sumaron organizaciones como Conamaq, Consaq y Coniaoc. - Demanda de la Nación Qhara Qhara
Dirigentes de esta nación indígena también presentaron un recurso el 17 de abril, exigiendo medidas cautelares para participar en las elecciones con candidatos propios. - CIDOB amenaza con paralizar el proceso
La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) anunció que, si el TSE no les habilita para las elecciones antes del 21 de abril, presentarán una acción de inconstitucionalidad para «suspender los comicios» hasta que se modifique la Ley 1096.
¿Se repetirá el fantasma de las elecciones judiciales?
Expertos como el abogado constitucionalista Marco Antonio Baldivieso alertan que el TCP, con magistrados autoprorrogados, podría repetir la crisis de 2024, cuando paralizó las elecciones judiciales. «El escenario ha empeorado: ahora el presidente del TCP es Gonzalo Hurtado, quien desde la Sala Cuarta frenó los comicios el año pasado», afirmó Baldivieso a EL DEBER.
Pese a los acuerdos entre el TSE y el TCP para «blindar» las elecciones, la admisión de estos recursos abre la puerta a posibles suspensiones. El vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, confía en que el TCP actuará con «celeridad», pero la sombra de la injerencia judicial sigue presente.
La pregunta que flota en el aire es clara: ¿logrará Bolivia celebrar sus elecciones en agosto, o el TCP volverá a cambiar el rumbeo del proceso? Mientras tanto, la incertidumbre política crece.
Con información de EL DEBER.