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Debaten por pruebas y admisión de Juan Lanchipa del mando de Jeanine Añez

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En el juicio por el caso del supuesto golpe de Estado II, seguido contra Jeanine Añez y exjefes militares, se puso en debate ayer la legalidad y pertinencia de las pruebas documentales de descargo. Los acusadores cuestionaron la admisión en un pronunciamiento del fiscal general, Juan Lanchipa, quien reconoció la legalidad del mandato de Añez ante el Legislativo.

Luis Guillén, abogado de Añez, informó a Página Siete que entre los documentos de descargo que presentaron figuran pericias, leyes emanadas por los legisladores del MAS en noviembre de 2019 y autos constitucionales. También resalta una declaración que el fiscal Lanchipa dio ante el Legislativo.

“Se trata del pronunciamiento del fiscal Lanchipa, quien en una declaración ante la Asamblea Legislativa reconocía la legalidad de Jeanine Añez (como presidenta del Estado). Son pruebas documentales emitidas por varias entidades que conforman el Estado, el Poder Judicial y el Legislativo”, señaló Guillén.

La abogada Norka Cuéllar, parte de la defensa de Añez, mencionó que tanto los fiscales como los representantes del Ministerio de Gobierno y la Procuraduría se opusieron a todas las pruebas de descargo.

Según los acusadores, varios de los documentos de descargo no fueron obtenidos mediante requerimientos solicitados a través de la Fiscalía y que toda la prueba debe referirse a lo sucedido entre el 10 y 12 de noviembre de 2019, fechas en las que la renuncia colectiva de Evo Morales, sus ministros y legisladores generaron un vacío de poder.

Guillén cuestionó la posición de los acusadores de Añez que observaron las fechas de las pruebas y recordó que, por ejemplo, la Fiscalía presentó copia del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), informes de la legislatura de Andrónico Rodríguez de 2021.

La presentación de pruebas documentales inició la pasada semana. Luego de revisar cuestiones de forma, los miembros del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz rechazaron cinco de las 70 pruebas de cargo que ofreció la Fiscalía, 140 de las más de 200 presentadas por los representantes del Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General.

Según Guillén, los jueces rechazaron las 140 pruebas debido a que estos documentos ya fueron ofrecidos por la Fiscalía. “Creemos que al presentar por triplicado las mismas pruebas se pretendía forzar la admisión de las mismas”, mencionó.

50 pruebas

Durante la etapa investigativa, previa a la acusación, Añez hizo pública la entrega de 50 pruebas de descargo ante la Fiscalía, con las que busca demostrar que su detención fue parte de un amedrentamiento del gobierno de Luis Arce.

“Presentaron 50 pruebas demostrando que todo es persecución política y se exigirá la liberación de la expresidenta constitucional Jeanine Añez de manera inmediata. En Bolivia la justicia sometida al MAS decidió secuestrar a la expresidenta, acusándola de terrorismo, sedición y golpe de Estado. Se violan sus derechos civiles y humanos al mantenerla detenida por un caso que ni siquiera ellos tienen bien armado y que el mismo Evo (Morales) les desbarata en cada declaración que hace”, señala una publicación realizada en redes sociales manejadas por familiares de la expresidenta.

Añez está detenida desde marzo de 2021. Además de la expresidenta, también fueron enjuiciados el excomandante general del Ejército Pastor Mendieta y el exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Flavio Arce San Martín.

Junto con ellos fueron acusados y declarados en rebeldía los excomandantes de las FFAA Williams Kaliman y Sergio Orellana; el exinspector general de las Fuerzas Armadas general Jorge Fernández Toranzo y el excomandante de la Policía Boliviana Yuri Calderón. Ellos tienen abogados de oficio.

Señalan al fiscal

Dedo La pasada semana, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé arremetió contra el fiscal general, Juan Lanchipa, por no “estirar el dedo” acusador contra el “gobierno abusivo” de Jeanine Añez.

Memoria “Cuando arrancó este negro episodio de la historia, no vimos a un fiscal general acusando a la señora Añez o a su gabinete, o a nadie por nada (…) Ese Ministerio Público es el que debió haber cumplido una labor histórica de estirar el dedo en ese tiempo. Y el reclamo persiste, porque el Ministerio Público todavía no ha arrancado con el proceso de responsabilidades por las muertes de Sacaba y Senkata”, señaló el exmandatario en un acto de la Vicepresidencia.

Fuente: Pagina Siete.

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