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Diputada de UD afirma que proyecto de ley que procesa penalmente a policías y militares pretende «amedrentar» a esas instituciones

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La diputada Shirley Franco (UD) afirmó el lunes que el proyecto de ley 595, que coadyuva a regular la emergencia por el COVID-19, aprobado en grande por dos tercios del MAS, y establece procesar penalmente a policías y militares por acciones que atenten contra los derechos humanos, busca «amedrentar» a la Policía y las Fuerzas Armadas (FFAA).

«El artículo que han intentado insertar los parlamentarios del Movimiento Al Socialismo tiene una connotación más simbólica y pretende amedrentar a los miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas en el ejercicio de sus funciones», afirmó Franco, durante una entrevista con Bolivia Tv.

El artículo 12 del proyecto de ley, aprobado el viernes en su estación en grande por dos tercios del MAS, sobre la responsabilidad de las FFAA y la Policía, dispone que los miembros de esas fuerzas «serán sometidos a la justicia ordinaria por las acciones que atenten contra los derechos humanos».

Esta mañana, se inició el tratamiento de la propuesta normativa en detalle, en una sesión virtual y presencial, con el quórum correspondiente.

En ese sentido, la legisladora aseguró que dicha disposición ya se contempla en las respectivas normativas de esas fuerzas, en casos específicos.

En tanto, el artículo 11 del proyecto prohíbe, durante la emergencia sanitaria, la suspensión de las garantías constitucionales indispensables para el ejercicio de los derechos de las personas; el uso de armas de fuego contra la población; las detenciones o arrestos innecesarios; así como las amenazas desproporcionadas, entre otros.

El viernes, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, cuestionó, mediante una carta, al presidente de Cámara de Diputados, Sergio Choque, la omisión de hacer la consulta previa al Ejecutivo para tratar dicho proyecto de ley, tomando en cuenta que la norma establece gastos que debe cubrir el Estado y no respeta la distribución de competencias de los tres niveles gubernamentales.

En ese sentido, el Ministro afirmó que el procedimiento legislativo nació con «vicios de nulidad», al no ser remitido al Ejecutivo para su consideración previa, lo que vulnera la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley de Administración Presupuestaria y el Reglamento de la Cámara de Diputados.

AQZ/LM/VCT ABI

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