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Diputados Opositores denuncian vulneración de inmunidad parlamentaria

  • Erwin Bazán y Luciana Campero enfrentan procesos por calumnias e injurias que desafían la protección constitucional

En una escalada de tensiones políticas, los diputados opositores Erwin Bazán, representante de Creemos, y Luciana Campero, de Comunidad Ciudadana (CC), alzaron sus voces por separado para denunciar que sus derechos constitucionales están siendo vulnerados, al enfrentar procesos judiciales que desafían la inmunidad parlamentaria.

El jueves pasado, un juez desestimó un incidente de falta de acción presentado por la defensa de Erwin Bazán, determinando que el proceso por calumnias e injurias relacionado con el caso ‘Wiphala’ debe continuar su curso. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, inició la acción legal, alegando que Bazán cometió los delitos mencionados.

«La Constitución es muy clara; no se puede procesar a los asambleístas durante el tiempo que dure su mandato y con posterioridad a este por las opiniones, expresiones públicas, denuncias, comunicaciones o cualquier acto de fiscalización», afirmó Bazán, destacando la importancia de respetar los principios fundamentales del sistema democrático.

En un giro similar, Luciana Campero se encuentra inmersa en un proceso judicial por calumnias e injurias, presentado por la directora regional de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Dayana Maldonado. La denuncia surge a raíz de las acusaciones de Campero sobre presuntos actos de corrupción en el aeropuerto Capitán Oriel Lea Plaza, formuladas en 2023.

Campero, respaldándose en el artículo 151 de la Carta Magna, sostiene que no puede ser procesada por sus acciones, ya que estas están protegidas por la inmunidad parlamentaria. Su denuncia de corrupción, según argumenta, es una función inherente a su rol legislativo, y cualquier acción legal en su contra atentaría contra los principios fundamentales de la democracia.

En medio de este escenario, los diputados opositores hacen un llamado a la defensa de las instituciones democráticas y exigen el respeto irrestricto a la inmunidad parlamentaria, una salvaguarda esencial para el ejercicio pleno de la labor legislativa en un estado de derecho. Mientras tanto, la atención se centra en el sistema judicial y su capacidad para equilibrar los derechos constitucionales con la necesidad de investigar presuntas infracciones.

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