Sociedad Civil Boliviana Expone Ante la ONU Sobre Violación de Derechos Humanos y Medioambientales en Bolivia
- En un contexto de ausencia oficial, las organizaciones civiles presentan informes alternativos sobre el deterioro del Estado de Derecho y los derechos de los pueblos indígenas en Bolivia, ante las Naciones Unidas en Ginebra.
En una ausencia significativa de la representación oficial del gobierno de Luis Arce, organizaciones de la sociedad civil boliviana llevaron sus preocupaciones sobre los Derechos Humanos, los derechos de los pueblos indígenas, y el deterioro del Estado de Derecho ante la ONU en Ginebra, como parte de la pre-sesión rumbo al Examen Periódico Universal (EPU), programado para enero del próximo año. La lideresa indígena Ruth Alípaz subrayó la importancia de visibilizar la realidad del país, destacando que, aunque Bolivia no estaba obligada a estar presente, «como Gobierno, como cara del país, debería haber estado», para escuchar las preocupaciones internacionales y comprender la gravedad de la situación que se vive a nivel nacional.
En una conferencia de prensa virtual desde Ginebra, Alípaz, representante de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, enfatizó que estos encuentros permiten a la sociedad civil presentar informes alternativos que reflejan la cruda realidad de los derechos humanos en Bolivia, especialmente en el contexto de extractivismo, deforestación y la contaminación por mercurio en territorios indígenas. La coordinadora de Contiocap también resaltó que, si bien el EPU se realiza cada cuatro años, los cambios en las misiones de la ONU pueden llevar a una desconexión con la realidad actual del país y, a menudo, «un discurso gubernamental predominante que está cayendo».
El experto en Derechos Humanos, Franco Albarracín, lamentó la ausencia del Estado boliviano en un evento de tal relevancia, señalando que la falta de participación en este espacio de evaluación de los derechos humanos deja a Bolivia con una «imagen diplomática dañada». «Es una sanción más de carácter diplomático», advirtió, agregando que, al no asistir, Bolivia se aleja de sus compromisos internacionales en áreas como la protección del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas, temas en los cuales, anteriormente, había destacado a nivel global.
Durante las pre-sesiones, Ruth Alípaz presentó un resumen de cinco informes clave elaborados por la coalición Alianza por los Derechos Humanos y el Medioambiente (ADHMA), liderada por CEDIB y Contiocap, que documentan la situación de los defensores de los derechos humanos, el impacto de la contaminación por mercurio en mujeres indígenas, los incendios forestales y el deterioro del Estado de Derecho. Albarracín detalló cómo la violación de derechos humanos está vinculada con el extractivismo y la falta de acceso a la justicia, debido a la falta de independencia de poderes en Bolivia.
Por su parte, Álex Villca, líder indígena de la Amazonía, destacó el impacto positivo de la exposición de Alípaz Cuqui, cuya intervención atrajo la atención de las misiones internacionales. A pesar de la ausencia del Estado, el evento logró visibilizar temas como la contaminación por mercurio, un problema que afecta a Bolivia y otros países sudamericanos, convirtiéndolo en un asunto regional y global de gran relevancia. La Exposición de Alípaz, además, generó una treintena de recomendaciones que se continuarán desarrollando en futuras reuniones con representantes internacionales, como los miembros de la Unión Europea.
En cuanto a las recomendaciones previas de la ONU al Estado boliviano, relacionadas con la protección del agua, la preservación de reservas naturales, y la eliminación de sustancias tóxicas en actividades mineras y agrícolas, cedidas en el EPU de 2019, el Estado boliviano ha incumplido todas estas directrices, según el informe presentado en Ginebra. Esto se agrava con la adopción de normas inconstitucionales que favorecen la minería, los hidrocarburos y la ganadería en territorios indígenas y áreas protegidas.
Al cierre de la jornada, Ruth Alípaz concluyó: «Es fundamental que la problemática de contaminación no quede impune y que la comunidad internacional reconozca las graves violaciones a los derechos humanos y al medioambiente en Bolivia». En un país donde los defensores de derechos humanos y medioambientales carecen de garantías para ejercer su labor, las recomendaciones de la ONU se presentan como una oportunidad para exigir justicia y responsabilidad al Estado boliviano.