Gobernador de Potosí y ocho implicados enfrentan juicio por irregularidades en compra de pruebas COVID-19
- El Ministerio Público acusa a Jhonny Mamani y otros funcionarios por delitos como contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, tras un daño económico causado por la compra de pruebas rápidas con sobreprecio.
El Ministerio Público emitió una resolución conclusiva de acusación fiscal en contra del gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, y otros ocho funcionarios por su presunta participación en la adquisición irregular de pruebas rápidas de antígenos nasales en 2022. Entre los delitos imputados se encuentran incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, negociaciones incompatibles y uso indebido de influencias.
Además de Mamani, la resolución incluye a Huáscar D.A.D., Benjo B.A., Lisbania L.T.C., Lourdes R.S.O., Sabino C.Z., Shiamira S.M.V., Oscar A.L.V. y Edwin C.M.M., quienes enfrentan los mismos cargos. Según informó el fiscal departamental de Potosí, Gonzalo Aparicio, la investigación preliminar logró reunir 33 pruebas documentales y pericias clave que serán presentadas durante el juicio oral, público y contradictorio, cuya fecha aún está pendiente.
El caso surgió a raíz de una denuncia presentada en 2022 por la diputada Lissa Claros, quien advirtió sobre un presunto sobreprecio en la compra de las pruebas, ocasionando un daño económico significativo al Estado. El contrato, firmado por el gobernador Mamani con la empresa RIGAAN IMPORT-EXPORT, ascendió a Bs 970.520, a pesar de que en otras regiones del país las mismas pruebas se adquirieron a precios mucho menores. Mientras que Potosí pagó Bs 40 por unidad, en otras regiones el costo no superó los Bs 16,50.
Otro punto crítico en la denuncia fue que la empresa adjudicada no presentó los documentos necesarios para formalizar la contratación, lo que no impidió que el proceso avanzara. Finalmente, el 29 de diciembre de 2022, se concretó un pago de Bs 892.878 a RIGAAN IMPORT-EXPORT.
La resolución del Ministerio Público representa un paso significativo hacia la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos. “Esperamos que el juicio permita esclarecer los hechos y establecer responsabilidades”, afirmó el fiscal Aparicio.