Caso Morochata y otros 3 quedan sin veredicto al filo de comicios

3

Al menos cuatro casos sobre supuestas faltas y delitos electorales quedan sin fallo al filo de los comicios, que serán mañana. El primero hace referencia al pedido de votos que hizo el Jefe de Estado en junio. El segundo es por la difusión de un spot contra un candidato opositor y el resto, por supuesto “acarreo de votos”.

Legisladores opositores afirman que concluida la elección los fallos que eventualmente sean emitidos en torno a esas causas ya no tienen sentido.

El primero, y el más polémico, es el caso Morochata. El sindicado es el presidente Evo Morales. El proceso está en manos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), esa entidad debe resolver el recurso de excepción que presentó el abogado del mandatario.

Hace cinco meses, el 18 de junio, Morales, en un acto que se realizó en la población de Morochata (Cochabamba), dijo: “Si me garantizan el 100 por ciento (de votos), lo que ustedes me pidan”. El acto fue transmitido por el canal estatal.

Ante esa declaración, el caso fue remitido al juez electoral Omar Blanco, quien hasta la fecha no emitió una sentencia,

El Reglamento de Propaganda y Campaña establece que las sanciones por la vulneración a la Ley Electoral y los reglamentos van desde dos hasta diez salarios mínimos. (El salario mínimo en Bolivia es de 2.122 bolivianos)

Un segundo caso hace referencia al spot que difundió la Federación Nacional de Cooperativas Minera de Bolivia (Fencomin) en contra de un candidato opositor. El audiovisual data de julio.

De acuerdo al informe del TSE, el juez electoral asignado notificó a los posibles infractores, entre ellos un medio de comunicación. Después de la notificación, el medio de difusión interpuso una acción concreta de inconstitucionalidad contra algunos artículos de la Ley del Régimen Electoral. A la fecha no hay una respuesta.

Un tercer caso, de julio de este año, es por la difusión que hizo un candidato opositor de un spot, antes de iniciarse de forma oficial el proceso electoral.

El juez electoral asignado emitió el 21 de agosto una resolución declarando improbada la denuncia, pero aún no se notificó al TSE con dicha decisión, informó el ente electoral.

A los tres casos se debe sumar el “acarreo de votos” de Beni a Pando, que están en manos del Ministerio Público. Cuando transcurrieron cinco meses de los hechos la Fiscalía continúa con las pesquisas.

El primer caso se registró el 15 de junio, cuando Gleizi Nakashima, notaria de Pando -asignada a registrar votantes en la localidad de Gonzalo Moreno (Pando)- fue sorprendida inscribiendo en Riberalta, fuera del espacio geográfico que le fue asignado.

El segundo caso data del 14 de julio, cuando se descubrió que Wálter Cortez Ayala, notario asignado a trabajar en la localidad Loma Velarde (Pando), estaba empadronando en un domicilio de Riberalta (Beni).

En una anterior oportunidad, el vicepresidente del TSE, Antonio Costas, responsabilizó a los jueces electorales por la demora en los procesos.

El diputado Wilson Santamaría y aliado de Bolivia Dice No considera que la dilación “es intencional”, porque “no tiene ningún sentido emitir una sentencia, un fallo, concluido el proceso electoral”.

El legislador recordó que “el TSE no hizo nada”, cuando autoridades y dirigentes afines al MAS incurrieron en delitos electorales de coacción y obstaculización de procesos electorales.

Pagina Siete.