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Gobierno dijo que a la CIDH no le compete ver el caso La Calancha

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Con al menos tres argumentos, el Gobierno afirma que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no tiene competencia para pronunciarse sobre los hechos luctuosos de La Calancha de 2007, cuando durante las movilizaciones por la capitalía, fallecieron tres personas y otras resultaron heridas.

El 19 de julio, el Gobierno envió sus alegatos a la CIDH, ante la demanda que planteó el diputado de oposición Horacio Poppe, en representación de David Soliz Soria y Juan Carlos Saavedra, quienes resultaron heridos, además de Gonzalo Durán, José Luis Cardozo y Juan Carlos Serrudo, quienes perdieron la vida.

El primer argumento que expuso el Procurador General del Estado, Pablo Menacho, ante la CIDH, es que la demanda por vulneración del Derecho Internacional Humanitario (DIH) sólo se aplica en caso de guerra y no así cuando se trata de protestas internas.

“El DIH se encuentra regulado por los Convenios de Ginebra de 1948 y, de sus protocolos adicionales, ninguno de ellos aplica a convulsiones o protestas internas que se puedan dar en el territorio de un Estado… corresponde que la Comisión IDH se declare incompetente”, se lee en el documento que entregó el Gobierno al ente internacional y al que accedió Página Siete.

Menacho asegura que el fallecimiento de las tres personas y las lesiones ocasionadas a Soliz y Saavedra “estuvieron condicionadas a la situación de caos y conflicto que atravesaba la ciudad de Sucre, creada por la irresponsabilidad del Comité Interinstitucional”.

El segundo argumento del Gobierno es que el demandante –el diputado Poppe– “no individualiza ni identifica de manera concreta a las presuntas víctimas”.

Se afirma que la demanda del legislador otorga datos generales, pues señala que “un número considerable de ciudadanos requirió atención médica de emergencia en diferentes centros hospitalarios por inhalación de gases, quemaduras, politraumatismos y heridas provocadas por el impacto de granadas de gas y balines”.

El tercer argumento que plantea el Gobierno –se lee en el documento de respuesta– es que las presuntas víctimas no demostraron que agotaran los recursos internos para reclamar sus derechos.

“Si las presuntas víctimas (sin identificar), consideraban que se había vulnerado su derecho a la integridad personal, tenían a su alcance los mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico boliviano, para proceder a la denuncia de ese tipo de situaciones; no obstante, no lo hicieron”, afirma el Gobierno.

El senador del MAS Omar Aguilar espera que la CIDH se declare incompetente para pronunciarse sobre el caso La Calancha, porque las presuntas víctimas incluso incumplieron con los requisitos que exige la ley para iniciar un proceso en la justicia ordinaria, aunque dijo que “respetarán” las decisiones del ente internacional.

“Para interponer un recurso ante instancias internacionales se deben agotar todas las vías. En este caso no sucedió”, sostuvo el legislador Aguilar, quien agregó que la autorización para un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa está paralizada porque las víctimas –subrayó– no cumplieron los requisitos.

Punto de vista
Franz Rafael Barrios Investigador jurídico

Citó artículos impertinentes

El Gobierno de Evo Morales, solicita que “la CIDH se declare incompetente en razón de materia y de persona y declare inadmisible la petición”, para seguir conservando su impunidad de 12 años, a meses de que finalice su último mandato.

Y lo hacen citando artículos impertinentes, tanto de la Convención ADH y del Reglamento de la CIDH respectivamente, lo que no nos sorprende habida cuenta que lo redactaron los mismos quienes nos hicieron perder 48 millones de dólares frente a la empresa chilena Quiborax y nuestro mar frente a Chile ante La Haya.

Ahora bien, como lo advirtió el diputado Poppe, en varios acápites de la respuesta gubernamental, ellos mismos terminan confesando hechos en su contra.

Por ejemplo, en la “Contextualización Histórica de los Hechos”. En otras palabras, el Gobierno justifica su violento proceder contra sucrenses.

Pagina Siete.

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