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El MAS conmina a CC y Creemos a sumarse en el proceso de fiscalización por la crisis de 2019

El pronunciamiento de los sectores opositores fue emitido tras que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) haya establecido, en su informe final, que entre septiembre y diciembre de 2019 hubo “graves violaciones a los derechos humanos” en el país.

La bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados conminó a los frentes opositores de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos a que se puedan sumar en el proceso de fiscalización de las investigaciones a los hechos de violencia suscitados en 2019.

La jefa de bancada nacional del MAS, Estefanía Morales, cuestionó el comunicado emitido ayer de las fuerzas opositoras junto al Comité Nacional en Defensa de la Democracia (Conade) donde responsabilizaron de la crisis en el país al expresidente Evo Morales.

“Nosotros, como bancada del MAS, conminamos a las bancadas a que nos puedan acompañar y a exigir al Ministerio Público que pueda dar con estos responsables”, afirmó.

El Conade y las opositoras Comunidad Ciudadana y Creemos, advirtieron que las muertes de Senkata, El Alto, y Sacaba, Cochabamba, podrían quedar en la impunidad y ser “politizadas” si no se deja sin efecto la amnistía e indulto del Gobierno y el sobreseimiento del caso “fraude electoral”.

El pronunciamiento de los sectores opositores fue emitido tras que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) haya establecido, en su informe final, que entre septiembre y diciembre de 2019 hubo “graves violaciones a los derechos humanos” en el país.

Morales tildó de “cobarde” el documento y tener “argumento débiles” a pesar de que el informe del GIEI fue “sólido” donde se evidenció que hubo vulneraciones a los derechos humanos a cientos de personas.

“El comunicado no refleja el rol que ocasionó tanto la Policía como las Fuerzas Armadas cuando utilizaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado y dejaron desprotegidos a todos los ciudadanos”, añadió la legisladora.

En el informe se estableció que lo ocurrió involucra la responsabilidad del Estado por actos de “agentes estatales y de particulares”.