Estrategias para combatir la corrupción y el robo de dinero público en el Estado Plurinacional

• Expertos sugieren el uso de tecnología, incentivos y transparencia para frenar la corrupción en Bolivia

Es muy posible que justo en este mismo momento que estás leyendo esta nota periodística, un funcionario esté cobrando una coima en alguna oficina pública del país o un empresario esté pagando el 3 o 10 % del costo total de la obra que se adjudicó de forma corrupta.

¿Cómo evitar el robo de dinero público, vía coimas, en el Estado Plurinacional? RimayPampa conversó con cuatro personas con diferentes experiencias para preguntarles sobre las ideas que tienen para frenar el pago de “comisiones” y evitar otro escándalo de corrupción como el sucedido en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

Uso de las TIC y la inteligencia artificial

El economista Alberto Bonadona sugiere usar las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) y la inteligencia artificial (IA) porque facilitan el acceso a la información pública y promueven la transparencia en los procesos de adquisición y adjudicación de obras del Estado.

Con este fin —dice— se deben desarrollar plataformas en línea y portales de datos abiertos que permitan a los ciudadanos y a otros funcionarios públicos acceder de manera fácil y rápida a presupuestos, contratos públicos y declaraciones de ingresos de funcionarios.

Las TIC y la IA “ayudará a detectar posibles casos de corrupción y fomentará la rendición de cuentas y la ‘accountability’ (responsabilidad de entregar lo comprometido con eficacia, eficiencia, en los términos contratados sin comisiones y transparencia en todo el procedimiento de contratación)”, agrega.

En su criterio, la IA puede utilizarse también para la gestión eficiente y análisis de grandes volúmenes de datos a fin de detectar patrones o comportamientos sospechosos.

“Los algoritmos de detección de anomalías y aprendizaje automático pueden identificar transacciones financieras sospechosas, discrepancias en informes o comportamientos inusuales en los registros”, explica y agrega que de este modo se descubrirían con rapidez casos de corrupción, lo que permitiría una respuesta oportuna.

Incentivos a funcionarios honestos

El exalcalde de La Paz, Juan del Granado, sugiere incentivos para los funcionarios o reparticiones de una institución pública con menos índices de denuncias. Las personas honestas “deben ser premiadas” porque los instímulos construyen una cultura institucional de transparencia, dice.

“Esta es una medida de carácter preventivo”, indica, pero de inmediato advierte que no es suficiente, pues, la política pública debe comprender acciones punitivas y educativas. “Es un conjunto de planes, de control, de incentivo, de supervisión, de sanción, de investigación, de seguimiento”, agrega.

Acceso a la información pública

Gabriel Espinoza, economista y ex director del Banco Central de Bolivia (BCB), plantea garantizar el acceso a la información pública para que el ciudadano pueda hacer un seguimiento del gasto público.

“En teoría se hace a través de la rendición de cuentas, pero es una vez al año sin un esquema predeterminado, y se limita a la presentación de resultados. En Chile, puedes hacer el monitoreo de gasto hasta niveles bastante desagregados, de hecho, a nivel de proyecto”, hace una analogía.

Según Espinoza, en el caso boliviano se reportan los datos vía Sicoes (sistema de contrataciones estatales) y a través de un sistema interno que tiene el gobierno.

Por lo tanto —precisa— la difusión de la información no requeriría una implementación tecnológica muy compleja; bastaría hacer públicos estos reportes diarios y estructurarlos de una manera que la gente pueda verlo.

Desincentivos a las prácticas corruptas

¿Premio y castigo; palo y zanahoria? El exalcalde de La Paz está convencido que funcionan como ideas preventivas y educativas.

Del Granado amplía su explicación a partir de su experiencia: “En un primer largo momento, utilizamos el ‘terrorismo’: funcionario que era sospechoso de un acto irregular no era investigado, era inmediatamente despedido; funcionario que era encontrado en actos de corrupción no sólo era despedido, sino que era inmediatamente enviado con publicidad a las celdas de la policía”.

En su percepción, la acción oportuna sobre sospechosos desincentiva las prácticas corruptas porque el temor es el fundamento de la punición.

“Se establecen penas para disuadir a los que están en situación proclive o cercana a los actos delictivos”, añade y al mismo tiempo reconoce que una práctica acelerada de sanción puede violar los derechos humanos.

Decisión política del máxima autoridad

Si la máxima autoridad (MAE) de una institución pública es proclive a la corrupción, será muy difícil frenar el cobro de coimas. Así lo entiende el abogado Juan del Granado.

“La decisión política de la máxima autoridad es esencial. Si no hay esa decisión política, no existe absolutamente nada. La decisión política institucional de tolerancia cero a la corrupción, que fue otra de las consignas con la que iniciamos (la gestión en el municipio paceño) y fue copiada luego en el resto de la estructura estatal, es clave”, dice.

Desconcentrar la inversión pública

Gabriel Espinoza propone, como una medida para acabar con el cobro de coimas, la desconcentración de la inversión pública. Para fin de reforzar su propuesta hace un contexto: Gran parte de los cuatro mil millones de dólares previstos en el Presupuesto General del Estado (PGE) para la inversión pública (en 2023) comprenden grandes proyectos empujados por el gobierno central.

En su criterio, la concentración de administración de recursos ha llevado a una suerte de clientelismo municipal respecto al gobierno central.

“En la medida que el gobierno central concentra la inversión pública, empieza a manejar una amplia gama de proyectos que evidentemente terminan con esquemas de corrupción porque en esa amplitud de gamas los esquemas de control no pueden ser aplicables todos de una manera uniforme”, opina.

Sugiere para las grandes contrataciones, un esquema de control digital y para las pequeñas —dice— alcanza el control social de la población cercana a los proyectos.

Registro de proveedores del sector público

Gabriel Espinoza indica que es un muy importante saber quiénes son los beneficiarios del gasto público. Propone que la gente acceda a la lista y conozca si los proveedores son unipersonales o empresariales.

“De este modo, los ciudadanos sabrán quiénes son los mayores beneficiarios de la obra pública; cuáles las personas o empresas que se adjudican con más frecuencia; o si hay pequeñas empresas que se benefician con grandes obras”, manifiesta.

Para el exdirector del BCB, un registro público de proveedores con el historial de compras o de asignaciones sería una gran herramienta para entender algunos comportamientos.

Al ser público, hay un factor de reputación. “Si todo el mundo sabe que yo le vendo bienes y servicios al sector público, pues cada vez voy a estar menos dispuesto a participar en esquemas corruptos porque en algún momento todo el mundo va a saber que soy yo”, finalizó.

Con datos de RImay Pampa