El MAS aplica al menos 5 estrategias para anular a opositores hacia 2025
El gobierno del MAS ejecuta al menos cinco estrategias desde el Ejecutivo, el Órgano Judicial y sus organizaciones sociales para anular a la oposición, a los movimientos cívicos, a la población movilizada y a la Iglesia en busca de allanar el camino y dejarlo sin obstáculos rumbo a las elecciones 2025, según analistas y políticos.
“Lo que el Gobierno busca es acallar todas las voces de reclamo, de disconformidad y es un veto también a la ciudadanía en general para que no se anime ni siquiera a denunciar lo que ve. Es un proceso para acallar, con la amenaza de que si habla, será inmediatamente sometida a la justicia”, denuncia José Luis Pórcel, diputado de Comunidad Ciudadana (CC).
El plan antiopositores
Las cinco estrategias que el Movimiento Al Socialismo (MAS) aplica contra opositores, cívicos, Juristas Independientes y la Iglesia, según opositores y analistas son: primero, los anuncios desde el Ejecutivo por parte del ministro de Justicia, Iván Lima, de ampliar procesos, por ejemplo, a la expresidenta Jeanine Añez por el caso Sacaba, mientras tramitan el de Senkata por la vía ordinaria.
En segundo lugar, los procesos judiciales a líderes opositores, como Carlos Mesa y Jorge Quiroga, y otros, impulsados por grupos afines al MAS que son viabilizados por el Ministerio Público. Tercero, las amenazas de organizaciones campesinas y pueblos originarios contra la iniciativa de reforma judicial. En cuarto lugar figura la defenestración del movimiento cívico con el juicio contra el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, preso en Chonchocoro. Quinto, las amenazas desde la Procuraduría General del Estado (PGE) para que sean convocados los obispos que pacificaron el país durante la crisis social de 2019.
“La peor fórmula”
El analista político Franklin Pareja cree que el gobierno del MAS utiliza “la peor fórmula que es arremeter contra todo y contra todos de una forma absolutamente indisimulable y antidemocrática, que le pasará factura por el repudio y la indignación creciente del país y no solo de los segmentos altos, sino también del bloque popular”, alerta.
José Peralta, analista político, ve que las nuevas estrategias del Gobierno atentan contra la democracia. “Son malas señales para la democracia, porque buscan neutralizar a los opositores y a otros no necesariamente partidarios, y eso va en contra del juego de la democracia”.
Lizeth Beramendi, representante departamental del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) de Cochabamba, dice que el Gobierno ejecuta un plan global para instalar un régimen autoritario que busca “extinguir la democracia”.
“El MAS está desplegando una estrategia amplia de ataque a las instituciones y personas para terminar de extinguir a la democracia y llegar al 2025 como único partido y así consolidar su modelo de Gobierno con dictadura de abuso y corrupción”, añade la activista. En los últimos meses, la división entre diputados arcistas y evistas develó una serie de denuncias referidas a la Administradora Boliviana de Carreteras y ahora vinculadas a la explotación del litio que salpican al hijo del presidente Luis Arce, Marcelo Arce Mosqueira.
La diputada de Creemos María Fernanda Álvarez sostiene que el Gobierno apela “al amedrentamiento, la persecución y el encarcelamiento, ahora incluso buscando procesar a autoridades de la Iglesia. “Es la misma estrategia que se observa en Nicaragua (donde el obispo Rolando Álvarez fue condenado) y puede terminar defenestrando el Estado de Derecho en el país y eso es muy peligroso”, añade.
Grupos del MAS advierten
La Confederación de Mujeres Bartolina Sisa, campesinos de Chuquisaca y la Conamaq, afines al Gobierno, rechazaron la iniciativa de reforma judicial y respaldaron procesos a los obispos.
Flora Aguilar, de las Bartolinas, tildó de “abogados de la ultraderecha” a los juristas que impulsan la reforma judicial.
Por su lado, el ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca, Mario Seña, apuntó a la Iglesia “para que sea investigada” por los hechos de 2019, como planteó la PGE.
Y Ramiro Cucho, ejecutivo del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (Conamaq), declaró que deben ser “investigadas todas las autoridades de la Iglesia”, porque “han sido parte del ‘golpe de Estado’”.
Pese a los pedidos de la PGE y los grupos del MAS, la Fiscalía de La Paz rechazó la solicitud de procesar a los obispos. El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que el tema está “cerrado”. La exministra Susana Rivero, que participó de las reuniones con la Iglesia en 2019, descartó esa idea.
¿Extinguir a la oposición?
Manuel Morales, representante del Conade nacional, ve en las cinco estrategias del MAS un “plan perverso” y “divisionista” contra opositores. “Hay un plan más perverso, porque con estas (cinco) acciones lo que busca el MAS es definir quién será el candidato opositor. Divide y reinarás afirma el dicho y yo añadiría que además intenta elegir al opositor”, señala. Agrega que si la oposición elige al final a un solo candidato a las elecciones 2025, el Gobierno activará procesos penales para inhabilitarlo.
El analista Pareja dice que la estrategia contra los opositores “denota un totalitarismo, más que un autoritarismo, en el entendido de que no solo busca tener el control de todo, sino que también procura exterminar todo lo que es un potencial riesgo, peligro o competencia”.
“Es un veto también a la ciudadanía para que no denuncie, con la amenaza de que si habla, será enjuiciado”.
José Luis Pórcel, diputado CC.
“Deben ser investigadas todas las autoridades de la Iglesia, porque han sido parte del ‘golpe de Estado’”.
Ramiro Cucho, Conamaq.
“Denota totalitarismo. Tener control de todo, procura exterminar todo lo que significa un potencial peligro”.
Franklin Pareja, analista.
Fuente: Pagina Siete