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Constitucionalista: «A pesar de que el comisionado emita un buen informe, la pregunta es si el Gobierno cumplirá»

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La visita del relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Diego García Sayán, deja entrever la preocupación de abogados y opositores sobre el informe que emita luego de su visita al país. Se espera que cumpla con la recopilación de información y que se pueda dar a conocer cómo se encuentra la justicia en Bolivia, que carece de independencia y transparencia.

Para el abogado constitucionalista José Antonio Rivera, la presencia del relator puede llevar a dos caminos, uno que emita un informe objetivo sobre la independencia judicial y adopte medidas para superar la crisis, o en el peor de los casos avalar la situación actual, que para él, sería un camino para que Bolivia se convierta en una segunda Nicaragua.

«Esperemos que Diego García Sayán recoja objetivamente esta información, procese y emita un informe que refleje la verdadera situación y el verdadero estado en el que se encuentra la independencia judicial, emita recomendaciones al Estado boliviano para que adopte medidas pendientes a superar esa carencia de independencia judicial, y eso contribuyan a mejorar la justicia», manifestó.

Rivera agrega que la actuación del relator especial, espera que se refleje la situación «inocultable» de la carencia absoluta de independencia judicial, la intromisión del poder político al órgano judicial, las persecuciones judiciales a jueces que no responden a los mandatos del poder político, las destituciones masivas y arbitrarias de jueces que no se alinean al esquema gubernamental, el manejo arbitrario de régimen penitenciario y la falta de estabilidad, entre otros.

«Todo esto son muestras elocuentes de la carencia absoluta y de independencia y alta injerencia e intromisión del poder político. Si es objetivo, presentará bases para encarar el proceso de transformación de la justicia que nos compete a los bolivianos», expresó.

Asegura que el primer día de la llegada del relator, Rivera se reunió con el comisionado, donde le advirtió que si el informe que realice no plasma la realidad boliviana, le causará un daño a Bolivia. «Le dije personalmente, Bolivia se va a encaminar a una ‘Nicaragua dos’, y eso será muy lamentable para la democracia y el estado constitucional de Bolivia. Por lo tanto, esperemos que el relator actúe con absoluta objetividad. Tengo mucha esperanza de que así sea», dijo.

Sin embargo, duda de que el Gobierno nacional cumpla con las recomendaciones que emita el relator, en caso de que no sea un informe como pretenden las autoridades nacionales. «Si son decisiones que no le convienen al Gobierno, empiezan a inventar de que no es vinculante, que es una mera recomendación, eso hizo con la opinión consultiva de la Corte interamericana», apuntó.

Por otra parte, explicó que el relator es el encargado de la protección del resguardo de las garantías de la independencia judicial, y no el encargado de la protección del resguardo de los derechos humanos, por lo que considera que la solicitud de la expresidenta Jeanine Áñez, para reunirse con el comisionado -encuentro que no se llevó a cabo- debió ser bien procesado.

Hija de Jeanine Áñez se reunirá con el relator de la ONU

En tanto, esta mañana, Carolina Áñez, la hija de la expresidente, publicó en su cuenta de Twitter que tendría audiencia con el relator de la ONU.

«Hoy tengo audiencia con Relator de @ONU_es, Diego García Sayán. Son 17 injerencias del gobierno masista en la justicia, descritas por mi madre y expresidenta @JeanineAnez, y daré mi testimonio sobre la tortura, el acoso y la persecución de la que somos víctimas», tuiteó.

Al respecto, el abogado constitucionalista espera que la hija de la expresidente entregue la documentación y las pruebas que demuestren el real deterioro de la independencia judicial de Bolivia.

«Me acaban de decir que recibirá a la hija de la expresidenta. Ojalá así lo haga, porque presumo que la hija tendrá información documentada para demostrar en concreto que el órgano judicial, los jueces y el Ministerio Público actúan con absoluta carencia de independencia judicial, cumpliendo mandatos emitidos desde el órgano ejecutivo», denunció.

Considera que la situación de Áñez es una de las muestras más evidentes de cómo se ha deteriorado la independencia judicial en Bolivia y refleja el deterioro al extremo del sistema judicial.

«Ayer mismo el juez ordenó que (Áñez) se interne en una clínica, porque su derecho (a la vida) es parte de lo regulado por la ley y es parte de dos derechos de las personas privadas de libertad que está expresamente reconocido por la Constitución, pero las autoridades del Ejecutivo no han dado cumplimiento a la orden, lo que demuestra la carencia absoluta de la independencia judicial», manifestó.

Considera que ante esta situación, el relator debió realizar la visita a la expresidente y conversar con ella para recoger información sobre la independencia judicial. «Sabemos que en principio anunció que lo haría, y por razones que desconocemos canceló. Sabrá explicar en su momento», dijo.

Por otra parte, Rivera señaló que tampoco hay que evitar falsas expectativas del relator de la ONU, visita que se realiza por invitación del Gobierno.

Y aunque en un principio tenía su agenda cerrada, él tomó la iniciativa de abrir sus reuniones a representantes de la sociedad civil para recoger información sobre el estado en que se encuentra la independencia judicial.

«Esa apertura por parte del relator, ha dado lugar a que algunos sectores sociales soliciten audiencias para presentar quejas sobre retardación de justicia, sobre violación de derechos humanos, en la sustanciación de procesos judiciales, de ahí aparecieron víctimas de Senkata pidiendo audiencia, víctimas de otro tipo de vulneraciones de derechos fundamentales y derechos humanos en la sustanciación de procesos terminó pidiendo audiencia al relator especial, lo que generó una critica al no ser admitidas esas solicitudes», dijo.

Aunque hay sectores que expresan su pesimismo sobre la visita del relator, por los antecedentes profesionales y trayectoria de Diego García Sayán.

«La visita va a concluir el martes, aunque el relator ha recogido información obviamente sesgada de parte de servidores estatales (…) sectores de la sociedad civil, entre otros. Dependerá de qué información ha nutrido cada una de las organizaciones», mencionó.

El informe del relator será emitido y enviado en junio de 2022, luego de que procesen la información con su gabinete de abogados con los que llegó, luego deberá aprobarlo con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para recién entregarlas al Estado boliviano.

«El relator -cuando concluya su visita el 22 de febrero- va a realizar su conferencia donde perfilará los lineamientos básicos de su informe final. Nos comunicará cómo ha podido constatar la situación de la independencia judicial y qué recomendaciones emergerán de su informe», adelantó.

LA JUSTICIA EN BOLIVIA

El abogado constitucionalista asegura que a diario se constatan que hay personas inocentes que fueron condenadas a prisión, además de que un 84% de los privados de libertad en las cárceles solo tienen detención preventiva y los centros están hacinados.

«La justicia en Bolivia está en terapia intensiva, casi con muerte cerebral. Incluso, hay personas que son más duras en decir que la justicia en Bolivia es putrefacta», manifestó.

Asimismo, denunció que en el país hay personas con sentencia ejecutoriadas por delitos graves, pero gozan de libertad. «Hay condenados por asesinato, feminicidio, agresiones sexuales, narcotráfico, pero se pasean libres por las calles. Se dice que son más de 100 personas. En cambio, hay personas inocentes que están más allá de la pena que podrían aplicarle sacando una sentencia condenatoria porque son preventivas», protestó.

Además, resaltó que se da la persecución judicial selectiva con fines políticos a líderes cívicos, líderes ciudadanos, líderes políticos de oposición, personas que tienen una posición contraria al Gobierno. «Son víctimas de una persecución y lo primero que se dispone con relación a ellos es la prisión preventiva, la sustanciación de procesos con absolutas irregularidades como el de enjuiciar exautoridades en ausencia, en rebeldía, en absoluta total indefensión de los derechos humanos», apuntó.

Dio como ejemplo que uno de los casos arbitrarios fue el de la expresidenta Jeanine Áñez y el reciente caso del presidente del Comité Cívico cruceño, Rómulo Calvo. «Al líder cívico lo despojan de su abogado de confianza y al derecho a la defensa de contar con un defensor técnico. Todo eso demuestra cómo la justicia está en una crisis terminal», recalcó.
Fuente: El Deber

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