Rubén Darío Arias: El fuego es una herramienta que beneficia a unos pocos y destruye comunidades enteras
- Informe presentado en Ginebra denuncia la complicidad del gobierno y empresarios en la devastación de la Chiquitanía y sus efectos sociales.
La Chiquitanía, una región de vital importancia ecológica en Bolivia, enfrenta una alarmante combinación de incendios forestales, despojo territorial y violaciones a los derechos humanos e indígenas, según denunció Rubén Darío Arias, defensor de la Reserva de Vida Silvestre Tucabaca y líder de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap). Estas denuncias serán presentadas en las pre-sesiones del Examen Periódico Universal (EPU) ante Naciones Unidas este martes en Ginebra.
“El fuego no solo lo utiliza el Gobierno, sino también empresarios y comunidades interculturales afines al poder, para fines como el tráfico de tierras y madera”, afirmó Arias desde Roboré. Según el líder chiquitano, los incendios han servido para que la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) autorice cambios de uso de suelo en áreas de vocación forestal permanente como Tucabaca, favoreciendo actividades como monocultivos e intereses inmobiliarios.
Millones de hectáreas devastadas y un éxodo forzoso
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), más de 9.8 millones de hectáreas han sido consumidas por el fuego este año, afectando gravemente a territorios como San Ignacio de Velasco, Guarayos y San Matías. En estas áreas, comunidades enteras han perdido sus viviendas, lo que ha provocado migraciones forzosas de indígenas hacia las ciudades, enfrentando un futuro incierto y frecuentemente marcado por la precariedad.
“Los incendios no solo destruyen el bosque, también rompen el tejido social. Muchos jóvenes terminan en la delincuencia o la prostitución al migrar, dejando a niños huérfanos al cuidado de sus abuelos”, lamentó Arias.
Además, señaló que tanto la minería ilegal como el narcotráfico han contribuido a la expansión del fuego para abrir nuevas áreas de explotación, profundizando aún más la crisis en regiones como Bajo Paragua.
Complicidad institucional y un modelo insostenible
El informe “Deforestación, incendios y los impactos en los Derechos Humanos en Bolivia”, elaborado por CEDIB y Contiocap, apunta a un preocupante marco legal que prioriza intereses económicos sobre la protección ambiental. “El ‘paquete incendiario’ de leyes y decretos fomenta la producción de monocultivos y la exportación de carne a costa de la destrucción de bosques tropicales primarios”, detalla el informe. Bolivia ocupa actualmente el tercer lugar mundial en pérdida de bosques tropicales, después de Brasil y la República Democrática del Congo, según Global Forest Watch.
Asimismo, Arias criticó la desinstitucionalización de entidades como la ABT y el INRA, que, lejos de cumplir con sus funciones de control, actúan como aliados de grupos afines al gobierno. Esto, junto con la ampliación de la frontera agrícola prevista en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES), consolida un modelo de desarrollo insostenible.
“Esperamos responsabilidad internacional”
Rubén Darío Arias espera que la presentación de estos informes ante Naciones Unidas motive a la comunidad internacional a exigir mayores responsabilidades. “Es necesario que las empresas extranjeras que operan en Bolivia cumplan con estándares ambientales y de seguridad industrial”, subrayó.
Para el líder indígena, la situación actual refleja una falta de voluntad estatal para implementar medidas preventivas reales, limitándose a respuestas de emergencia que no abordan las causas estructurales de la problemática.
La lucha por la defensa de la Chiquitanía continúa, mientras la esperanza recae en que la presión internacional y la conciencia ciudadana impulsen un cambio en la gestión de los recursos naturales y la protección de los derechos humanos.