Seis tropiezos marcaron la vida de la Gestora desde su creación en 2015
Desde su creación, a través del Decreto Supremo 2248 del 14 de enero de 2015, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo ha estado envuelta en al menos seis tropiezos, el más reciente de ellos en las semanas pasadas, cuando al menos cuatro sectores expresaron su desconfianza hacia la nueva administradora de fondos de pensiones y han pedido su paralización, a sólo 8 meses de que entre en operación de manera completa, en mayo de 2023.
Retrasos
La Gestora fue creada por Decreto Supremo 2248 de enero de 2015, que fijaba su inicio de operaciones para junio de 2016 en cumplimiento de la Ley 065 de Pensiones; sin embargo, su inicio de operaciones se postergó en cuatro oportunidades: la primera en 2016, la segunda en septiembre de 2017, la tercera en marzo de 2019 y la cuarta en septiembre de 2021.
Finalmente, en septiembre de 2022, la entidad arrancó de manera parcial, registrando a nuevos aportantes del Sistema Integral de Pensiones (SIP). De acuerdo con el cronograma establecido por el DS 4585, la Gestora tomará control total del SIP a partir de mayo de 2023.
Software
En febrero de 2017, la Gestora contrató a la empresa panameña Sysde International para el desarrollo del software de administración de pensiones por un costo de 5,1 millones de dólares.
En 2018 se resuelve el contrato con Sysde. De acuerdo con una auditoría realizada por el gobierno de transición, a la empresa panameña se le pagó el 59% del monto del contrato por $us 3,05 millones (por concepto de licencia y otros productos menores no relevantes); sin embargo, el software nunca fue entregado de acuerdo con el contrato.
En 2019, el Gobierno realizó la contratación directa de la colombiana Heinsohn por 10,5 millones de dólares.
El informe de auditoría señala que “resuelto el contrato con Sysde, se contrata nuevamente la compra de un software con la empresa colombiana Heinsohn”. “La empresa ofrece la venta de un bien (software), pero el contrato establece que la empresa es propietaria del bien y la Gestora adquiere únicamente el derecho al uso (es decir, no es venta sino un alquiler del bien)”.
El contrato con esta empresa fue congelado en diciembre de 2019 por el gobierno de transición y reactivado por el actual Gobierno. Según los informes, hasta julio pasado, éste tenía un avance del 82%.
Gastos
La Gestora Pública de la Seguridad Social gastó 85 millones de bolivianos en promedio por año desde 2016 a junio de este año. La mayor parte de los recursos se fueron a servicios personales y no personales.
En este período la entidad estatal gastó 553 millones de bolivianos, según revelan datos del Sistema de Gestión Pública (Sigep). De este monto, 116,8 millones de bolivianos fueron para cubrir servicios personales, que son gastos por concepto de servicios prestados por el personal como remuneraciones, así como aportes patronales al sistema de previsión social y otros.
Otros 305,4 millones de bolivianos fueron a servicios no personales. Es decir, en estas dos partidas se gastaron 422 millones de los 553 millones de bolivianos. Estos gastos son para atender pagos por la prestación de servicios de carácter no personal como ser: servicios básicos (agua, electricidad), alquileres, mantenimiento y reparación de equipos, servicios profesionales como las consultorías.
Sueldos
De acuerdo con el DS 2248, el gerente y el presidente del directorio de la Gestora debían ganar 70.000 bolivianos mensuales, mientras que los gerentes regionales debían recibir 50.000 bolivianos mensuales. Asimismo, en 2017, la Gestora contrató a tres consultores por 2,5 millones de bolivianos cada uno por un plazo de 24 meses, es decir que recibirían 104 mil bolivianos por mes trabajado.
Estas situaciones generaron críticas en la Central Obrera Boliviana (COB) que logró que los sueldos de los ejecutivos se reduzcan a la mitad.
De acuerdo con su última escala salarial, se determina que el gerente general tenga un haber básico de 35.000 bolivianos; le sigue el cargo de gerente nacional con una remuneración de 25.000; subgerente, 20.000; y asesor, 18.000 bolivianos.
Inversiones
Según los reportes de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), cerca del 30% de los fondos de pensiones se encuentra invertido en valores emitidos por el Estado y éste, por ley, no tiene límites para aumentar su participación cuando la Gestora inicie sus operaciones.
Esta situación fue criticada por analistas y trabajadores que señalaron que la Gestora se convertirá en una entidad de préstamos para el Gobierno.
Laudo
En 2018, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) inició una demanda de arbitraje contra Bolivia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el cual se resolvió en julio de 2022.
Las postergaciones para el funcionamiento de la Gestora Pública derivaron en que el Tribunal arbitral del CIADI dictaminara que el Estado boliviano deberá indemnizar con 105 millones de dólares a BBVA Previsión por un presunto “retraso injustificado” en el proceso de nacionalización de pensiones.
Sectores rechazan
Confianza En las últimas semanas, mineros asalariados, mineros cooperativistas, maestros, médicos y fabriles han expresado su desconfianza en la Gestora Pública, la cual, desde mayo de 2023, administrará los 23.000 millones de dólares de los fondos de pensiones, al considerar que el Gobierno “echará mano” de los recursos.
Administración Los sectores de trabajadores han pedido ser parte del directorio de la Gestora, para de esta manera poder controlar y fiscalizar las acciones de la entidad. El Gobierno señaló que los directores deberán tener un perfil técnico.
Fuente: Pagina Siete