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Juez otorga medidas sustitutivas en caso de tenencia irregular de armas y desvincula a acusado de narcotraficante

  • Roberto H. enfrentará proceso por tenencia de armas, pero se desliga de vínculos con Sebastián Marset

En una decisión que ha generado atención en los círculos judiciales, un juez en Santa Cruz dictaminó el viernes la imposición de medidas sustitutivas a la detención preventiva para Roberto H., quien fue encontrado en posesión de un considerable arsenal de armas de fuego en su residencia. Además, se desvinculó de manera definitiva de cualquier relación con el narcotraficante prófugo Sebastián Marset.

Durante la audiencia de medidas cautelares, el abogado defensor de Roberto H., Luis Felipe Dorado, comunicó que no se logró establecer ningún tipo de nexo entre su cliente y el fugitivo Marset. No obstante, Roberto H. aún afronta un proceso legal por la posesión de armas de fuego, que aparentemente eran una de sus aficiones.

Dentro de las medidas sustitutivas establecidas por la autoridad jurisdiccional, se incluyen el pago de una fianza de 30.000 bolivianos, la prohibición absoluta de portar armas de fuego, la obligación de comparecer ante el juez cada dos semanas y la restricción de mantener contacto con individuos vinculados al caso.

«Él no tiene ninguna relación con el caso central de Sebastián Marset. Ha sido enfáticamente señalado por el Ministerio Público que no existe ningún vínculo», enfatizó Dorado en declaraciones a la prensa.

Roberto H. había sido señalado previamente por presuntamente haber proporcionado alojamiento a Marset en una propiedad conocida como «El Rancho», ubicada en una comunidad en Beni.

En el subsuelo de la residencia de Roberto H., las autoridades encontraron aproximadamente 40 armas de fuego que incluían escopetas, revólveres, pistolas y municiones. Durante el momento de su detención, la policía quedó sorprendida por la cantidad de armamento incautado en el domicilio.

Por otro lado, Raquel R. S., la esposa de Roberto H., también se benefició con medidas sustitutivas tras el pago de una fianza de 10.000 bolivianos. A ella se le imputaba inicialmente el delito de obstrucción a la justicia, debido a sospechas de que intentaba escapar durante un operativo policial que tuvo lugar el 15 de agosto.

Este caso sigue generando interés y se espera que el proceso legal arroje más luz sobre los detalles y circunstancias que rodean la posesión de armas y los presuntos vínculos con el fugitivo Marset.

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