
Imputan a Marco Antonio Pumari por delitos de terrorismo y asociación delictuosa en caso Golpe de Estado I
- Fiscalía espera fecha para audiencia de medidas cautelares en el proceso legal.
El conocido líder cívico potosino, Marco Antonio Pumari, se encuentra ahora bajo imputación por cargos relacionados con terrorismo, complicidad en grado de complicidad, uso indebido de bienes y servicios públicos, así como asociación delictuosa en el marco del caso Golpe de Estado I. La Fiscalía está a la espera de la notificación de la fecha para la audiencia de medidas cautelares, en la que se definirán las acciones legales a seguir.
En un giro de los acontecimientos ocurrido en abril de este año, el Ministerio Público de La Paz tomó la decisión de ampliar la investigación que involucra a Marco Antonio Pumari, enfocándose en su presunta participación en los eventos de crisis política y social que sacudieron al país en 2019. Posteriormente, en mayo, Pumari, quien también se desempeñó como candidato a la Gobernación de Potosí, optó por ejercer su derecho a permanecer en silencio ante las autoridades judiciales.
El fiscal encargado del caso, Omar Mejillones, ha informado que durante la audiencia cautelar solicitará la detención preventiva de Pumari por un período de seis meses. Esta medida se basa en la resolución de imputación formal, donde se señalan riesgos procesales considerables, tales como el riesgo de fuga y la posibilidad de obstaculización de la justicia.
Inicialmente, la audiencia programada para Marco Antonio Pumari estaba pautada para el 15 de agosto. No obstante, esta fue suspendida sin una fecha ni hora establecidas, generando incertidumbre en torno al proceso legal. Al respecto, Mejillones afirmó: «No hemos recibido ninguna notificación oficial, por lo que estamos a la espera de la formalidad requerida para presentarnos ante la autoridad judicial correspondiente».
Desde diciembre de 2021, Marco Antonio Pumari permanece recluido en el penal de Cantumarca de la Villa Imperial, cumpliendo una sentencia relacionada con la quema del Tribunal Electoral Departamental en 2019.
Este caso, conocido como Golpe de Estado I, ha llevado a la detención de varias figuras prominentes. Entre los detenidos se encuentran el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, la expresidenta Jeanine Añez, dos exministros, así como exjefes militares. La investigación continúa desvelando las conexiones y responsabilidades en los eventos que marcaron un capítulo crítico en la historia política y social de Bolivia.