El GIEI halló violación a DDHH en los gobiernos de Evo Morales y de Jeanine Añez

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluyó en su informe final que hubo vulneración a derechos humanos en los gobiernos de Evo Morales y Jeanine Añez, tras una investigación de aproximadamente seis meses sobre los hechos de violencia ocurridos en el país entre el 1 septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

En tanto, el presidente Luis Arce, después de que se hiciera público el informe, pidió a la Asamblea Legislativa Plurinacional que apruebe en el menor plazo posible un juicio de responsabilidades para establecer culpas y sanciones por la vulneración a los derechos humanos.

“En el último trimestre del año 2019 se cometieron graves violaciones de los derechos humanos en Bolivia. En el marco de un conflicto político rodeado de violencia, al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país, y centenares de personas recibieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas. Lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado por actos de agentes estatales y de particulares”, se lee en el informe del GIEI.

En ese documento se agrega que la Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado, y no previnieron adecuadamente los actos de violencia, dejando desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas.

Por otro lado, señala que particulares promovieron y protagonizaron actos de violencia y ataques a personas, y a bienes públicos y también privados.

La presentación del informe final del GIEI se realizó ayer, en la mañana, en el auditorio del Banco Central de Bolivia. Horas antes de iniciarse el acto, centenares de personas se concentraron en inmediaciones del lugar con wiphalas y carteles en los que se leían mensajes como “No fue fraude, fue golpe”, “Senkata y Sacaba no se olvida”, “No es venganza, es justicia”.

Adentro, gritos de “justicia” marcaron el desarrollo de la presentación del informe. Estuvieron familiares de las víctimas de Senkata, Sacaba, Pedregal y otros afectados durante el gobierno de Jeanine Añez, aunque estuvo ausente la otra parte, de los que resultaron víctimas durante el gobierno de Evo Morales.

Entre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en gobierno de Morales están los casos Vila Vila, Playa Verde y Montero. En el caso de Añez se identifican los casos de Senkata, Sacaba y Pedregal.

Las primeras víctimas mortales del conflicto político fueron Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas, ambos fallecidos el 30 de octubre de 2019 por impactos de bala. En este caso el GIEI señaló: “Las investigaciones han avanzado, pero aún no se han acreditado las autorías, lo que resulta en impunidad”. Además, indica que las investigaciones de la Fiscalía pasaron a enfocarse principalmente en acreditar la existencia de un grupo civil armado que se hubiera organizado, con el apoyo o la aquiescencia del Estado.

Otro de los hechos de vulneración a los derechos humanos atribuidos al gobierno de Morales es el ataque a la caravana de buses en Vila Vila con piedras, dinamita y gases lacrimógenos, el 9 de noviembre de 2019. El GIEI identifica en este caso la toma de rehenes y violencia de “contenido sexual” contra las mujeres.

Al día siguiente, el 10 de noviembre de 2019, se registra el ataque con armas de fuego en Playa Verde a la caravana que estuvo liderada por mineros, por el cual cinco personas “fueron gravemente heridas como resultado de disparos de armas de fuego”. “El GIEI encontró decenas de vainas de proyectil dispersas en uno de los cerros desde donde se produjeron los disparos, las cuales coinciden con las fotografías y los videos registrados por los mineros el día del ataque”, indica el informe de los expertos.

Sobre este caso, el GIEI señala: “Los hechos de violencia en Vila Vila, Caracollo y Challapata, que incluyen tortura, privación de libertad, lesiones corporales, destrucción de bienes materiales y ataques a personal de salud, se produjeron como parte del ataque instigado por el Estado, que estimuló los bloqueos y apoyó el traslado de civiles a los lugares de los ataques; es decir, asumió plenamente la eventualidad de que se desatara la violencia (…) Se observa la participación directa o indirecta del Gobierno nacional, del departamental de Oruro y Potosí y de alcaldías en los eventos referidos (Challapata, Llallagua, Uncía y Chuquiuta)”.

En el caso la masacre de Sacaba, que ocurrió durante el gobierno de Jeanine Añez, el GIEI señala que las Fuerzas Armadas y la Policía fueron responsables por graves violaciones de los derechos humanos en el operativo realizado el 15 de noviembre de 2019, en el que fallecieron 10 personas.

“Las pruebas indican, además, una mayor probabilidad de que las fuerzas policiales y militares del Estado actuaron con la intencionalidad de matar a las personas en la protesta, aunque estuviesen en fuga” indica el informe y señala que en los términos de la jurisprudencia de la Corte IDH, en ese caso se podría calificar las muertes como “ejecuciones sumarias”.

En el caso de Senkata, el informe del GIEI señala que el 19 de noviembre de 2019, un grupo de manifestantes alrededor de las 12:00, derrumbó parte del muro de la planta de YPFB, y que como reacción inmediata, las fuerzas militares que resguardaban el recinto empezaron a disparar. “Como consecuencia de los disparos, se produjeron por lo menos 10 víctimas fatales y al menos 78 heridos”, señala el documento.

El presidente Luis Arce anunció, entre otras cosas, el censo de las víctimas y su reparación integral, y la desestructuración de grupos parapoliciales. Asimismo, instó al Ministerio Público a implementar las recomendaciones del informe del GIEI, y exhortó a la Asamblea Legislativa a aprobar un juicio de responsabilidades. “Exhortamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional a aprobar en el menor plazo posible el juicio de responsabilidades”, dijo Arce, aunque no especificó contra quién.

“El Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes demuestra con claridad que en 2019 se dio un golpe”.

Luis Arce, presidente

“La reforma del sistema judicial y fiscal y el cambio de sus operadores son requisitos para garantizar justicia y debido proceso”.

Carlos Mesa, líder de CC

“El informe, además, menciona que hubo ‘vacío de poder’, entonces no hubo golpe”.

Fernando Camacho, líder de Creemos y gobernador de Santa Cruz.

Pagina Siete.