Desconocen curso de la investigación en el caso Vila Vila
A la luz de una de las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI Bolivia) de que en la emboscada que sufrieron tres buses en Vila Vila en 2019 hubo tortura, privación de libertad, lesiones corporales y otros delitos, ayer la fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque, informó que se desconoce el curso de la investigación del caso.
Cuando se cumple un año y nueve meses del 9 de noviembre de 2019, cuando tres buses, que partieron de Sucre y Potosí llevando universitarios y mineros a La Paz para denunciar el fraude electoral y pedir la renuncia del entonces presidente Evo Morales, fueron emboscados por partidarios del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el poblado de Vila Vila, no hay información actual de cómo está la pesquisa.
Investigación
Choque contó que en su momento el Ministerio Público abrió la investigación, se realizaron algunos actuados, se tomaron declaraciones e incluso se pretendía realizar una inspección en Vila Vila, pero “algunas víctimas no estaban con sus abogados, luego tuvieron desencuentros con los juristas de Comcipo (Comité Cívico de Potosí) y solicitaron la suspensión de los actos investigativos”.
Desde Oruro
En ese período, la Fiscalía Departamental de Potosí fue notificada de que el caso se abrió en realidad en la ciudad de Oruro. “En lo legal correspondía hacer la declinatoria y así se hizo, porque Vila Vila está entre Oruro y La Paz y jurisdiccionalmente corresponde al asiento fiscal de Oruro, nosotros hemos remitido a ellos conforme a procedimiento toda la información”. Se desconoce cómo se encuentra el caso en Oruro.
Los hechos
La mañana del sábado 9 de noviembre de 2019, tres buses que se dirigían a La Paz fueron interceptados por dirigentes del MAS en el sector de Vila Vila a 80 kilómetros de Oruro. Luego los viajeros fueron golpeados, heridos y en algunos casos, algunas mujeres fueron víctimas de abuso sexual.
Ayer, una de las conclusiones del informe del GIEI referido a Vila Vila indica que hubo violencia de parte del Estado contra las personas que viajaban a La Paz.
“Se observa la participación directa o indirecta del Gobierno nacional, del departamental de Oruro y Potosí y de alcaldías en los eventos referidos”, que no sólo participaron con personal y dieron apoyo logístico a quienes querían impedir el paso de ambas caravanas a La Paz, sino incluso accedieron y emplearon armas del uso privativo de fuerzas de seguridad, como gases antidisturbios o antimotines, y armas de fuego de largo alcance.
“Los hechos de violencia en Vila Vila, Caracollo y Challapata, que incluyen tortura, privación de libertad, lesiones corporales, destrucción de bienes materiales y ataques a personal de salud, se produjeron como parte del ataque instigado por el Estado, que estimuló los bloqueos y apoyó el traslado de civiles a los lugares de los ataques; es decir, asumió plenamente la eventualidad de que se desatara la violencia”, es la lapidaria conclusión del GIEI.
Los familiares de los afectados en Vila Vila también esperan que se haga justicia por parte del Ministerio Público, tras el informe internacional de ayer.
Pagina Siete.