Injerencia política y bajo perfil marcaron a los contralores en gestiones del MAS

Bajo perfil, nombramientos políticos y falta de fiscalización oportuna en grandes casos de corrupción, en los que el Gobierno se vio involucrado, marcaron el trabajo de los contralores designados durante el gobierno del MAS. Legisladores de oposición afirman que urge recuperar al institucionalidad del ente fiscalizador.

“La institucionalidad de la Contraloría General del Estado es necesaria para que la nueva autoridad, independiente e imparcial, mande una auditoría a los desfalcos millonarios, a la corrupción, a los elefantes blancos, a las empresas públicas deficitarias y a los casos que se dieron en el período de bonanza económica y que no fueron fiscalizados por los contralores del MAS”, dijo el legislador Henry Montero, de Creemos.

Durante los cuatro mandatos del MAS, tres de Evo Morales y uno de Luis Arce, hubo tres contralores y una contralora. Tres de las autoridades fueron elegidas por el Ejecutivo y el partido oficialista, sólo uno fue nombrado titular por la Asamblea.

Entre 2008 y 2016 hubo un interinato de ocho años en la Contraloría, el más largo de la historia de la entidad en época democrática, encabezado por un diputado electo del partido azul. También fue la gestión en la que se registraron los casos de corrupción más polémicos con observaciones y críticas al trabajo de fiscalización.

“La Resolución 178/ 2022, emitida por la Sala Cuarta del Distrito Judicial de La Paz, no es otra cosa que la confirmación de la pretensión del MAS de tener bajo su control las instituciones del Estado al servicio partidario clientelar del oficialismo. Es un nefasto antecedente para el próximo nombramiento de altas autoridades como el Contralor del Estado, que está en proceso”, manifestó la diputada María René Álvarez, de Creemos.

Desinstitucionalización

Cuando Evo Morales llegó al Gobierno, el titular de la Contraloría era Osvaldo Gutiérrez Ortiz, autoridad designada el 11 de Marzo de 2005 por el entonces presidente Carlos Mesa. Fue elegido entre una terna seleccionada por el Congreso para poner fin a un interinato de dos años que lo precedía. Su gestión debió durar 10 años, pero permaneció en el cargo sólo tres.

El 29 de diciembre de 2008, a menos de 24 horas de la suspensión de Gutiérrez por presuntas irregularidades y baja ejecución presupuestaria, el entonces presidente Evo Morales designó a Gabriel Herbas como nuevo contralor interino.

También se relevó al personal jerárquico y a siete de los nueve contralores departamentales, desmantelando la estructura.

De diputado a Contralor

Al momento de ser nombrado contralor interino, Herbas era diputado electo del MAS. Pasó de tener un curul a dirigir la Contraloría. Su interinato debió concluir en 90 días, pero se prolongó por casi ocho años, hasta el 30 de junio de 2016.

“Los interinos responden directamente a quienes les ponen en el cargo. No hay independencia”, señaló el legislador Alejandro Reyes, de CC.

Durante el interinato, cuestionado por afinidad política y tiempo de duración, el Gobierno se vio envuelto en una serie de casos de corrupción. El desfalco al Fondo Indígena, el caso CAMC, las irregularidades en el Programa Bolivia Cambia Evo Cumple o los elefantes blancos fueron sólo algunos.

Las principales observaciones se dieron en torno a que esos casos no fueron investigados hasta que estallaron los escándalos y que, en varios, la fiscalización sólo llegó a hallar responsabilidades en los mandos bajos y no en autoridades jerárquicas.

El Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2021, elaborado por Transparencia Internacional (TI), colocó a Bolivia entre los países con los niveles más bajos de transparencia. En la última evaluación, el país obtuvo un puntaje de 30 sobre 100, mientras que en el ranking de transparencia se situó en el puesto 128 (de 180), cuatro puestos más abajo que en 2020.

La entidad llamada a luchar contra este mal es la Contraloría. Sin embargo, para el legislador Henry Montero, ésta no podrá cumplir su rol mientras haya nombramientos políticos y no sea independiente.

“Hay una serie de actos que se cometieron y los contralores no investigaron. Esto es por la desinstitucionalización del ente llamado a fiscalizar y que hoy no cumple su labor”, afirmó.

En agosto de 2016, después de terminar su gestión, el exdiputado y ya excontralor Gabriel Herbas asumió la jefatura de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas. En 2017 fue posesionado como miembro del Directorio del Banco Central de Bolivia (BCB).

Titular por rodillo azul

Henry Ara Pérez fue posesionado el 1 de julio de 2016. Dejó el cargo seis años después, luego de cumplir el tiempo de función estipulado en la nueva Constitución Política del Estado.

Su elección fue la primera hecha por la Asamblea Legislativa Plurinacional. El proceso se llevó a cabo sin mayores contratiempos, porque entonces el partido azul tenía los tres tercios del Legislativo. Ara fue elegido con 102 votos de los 149 asambleístas presentes, hecho que la oposición llamó “voto consigna”.

Titulado en Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Mayor de San Simón, Ara trabajó en la Contraloría como mano derecha de Gabriel Herbas. Fue seleccionado entre los 26 finalistas de 77 aspirantes.

Entre 2001 y 2003 fue funcionario del Servicio Nacional de Caminos. En 2005 ejerció el cargo como director jurídico del gobierno municipal de Sacaba y entre 2006 y 2008 ocupó el cargo de asesor legal de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Pese a tener una carrera en la administración pública, Ara es uno de los contralores con el perfil más bajo.

“En ningún caso es intrascendente (el trabajo del Contralor). El problema es que la mayor parte de los bolivianos ni siquiera sabe quién es el señor Ara. ¿Yo preguntaba hace poco quién es el Contralor de Bolivia?, nadie sabía quién era”, sostuvo la senadora Cecilia Requena, de CC.

La asambleísta cuestionó que, durante su gestión como contralor, no realizó su trabajo de “vigilar los bienes del Estado” para evitar el mal manejo de los recursos públicos. No fue la única voz que observó el bajo perfil de Ara, aunque desde el oficialismo se consideró positiva su gestión.

Requena consideró que el nuevo contralor tiene que ser una persona independiente y competente.

Un nuevo interinato

Al término de la gestión de Ara, el pasado 4 de julio, el presidente Luis Arce posesionó a Nora Mamani Cabrera, como contralora interina. El Decreto Supremo 4749, con el que fue designada, extiende su interinato “hasta que la Asamblea Legislativa Plurinacional cumpla con su mandato constitucional” de elegir a una autoridad titular.

“Este nombramiento es la muestra de la falta de institucionalidad por la que no hay un trabajo independiente, no le correspondía al Presidente hacer ese nombramiento. Ahora hay receso en la Asamblea y en el proceso de elección de Contralor. Están ganando tiempo para avalar el interinato. En medio de una crisis estructural de nuestras instituciones, más que nunca, necesitamos un auditor que nos diga dónde va la plata de este país”, advirtió el legislador Reyes.

Mamani fue funcionaria del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas durante más de 22 años. Desempeñó cargos de consultora de línea, auditora analista V-IV y jefa de la Unidad de Auditoría Interna de dicha cartera de Estado también cuando era dirigida por Luis Arce.

“Mamani ya vino trabajando en la unidad de auditoría del Ministerio de Economía. ¿Por qué pongo este caso?, porque de todas las denuncias que se hicieron y las auditorías que se realizaron por daño económico al Estado no hubo respuestas. Hice una petición de informe sobre este tema. Para ver la historia de la Contraloría, basta con ver el caso del Fondo Indígena. En aquel entonces Gabriel Herbas era contralor y no hizo absolutamente nada; le siguió Henry Ara y tampoco hizo nada, ya ahora Mamani tampoco lo hará”, dijo Montero.

Elección del Contralor

El viernes pasado, la Sala Constitucional Cuarta de La Paz emitió una resolución sobre la designación pendiente del Defensor del Pueblo. En ella establece que en caso de que la Asamblea no pueda cumplir con su labor de elegir a una autoridad, el Presidente podría tomar esta decisión.

Si bien la sentencia se dio en el marco de la elección del Defensor del Pueblo, abre la puerta para saltar los dos tercios en el proceso de designación de otros cargos que deben ser elegidos por el Legislativo, como el de Contralor.

“Lo que debe quedar claro, en una democracia, es que cuando la Asamblea Legislativa no ejerce su atribución, no puede interrumpirse la labor del Estado. Eso señala la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional. Por lo tanto, el Contralor, el Defensor del Pueblo y -el próximo año- las 26 autoridades (Órgano Judicial) están enmarcadas en ese desarrollo constitucional”, explicó el ministro de Justicia, Iván Lima.

Mediante un comunicado, CC denunció que el Gobierno consumó un “golpe” al Órgano Legislativo con el objetivo de “tener el poder total”. La fuerza opositora advirtió que “con los mismos fundamentos, la sentencia se aplicará también al Contralor General del Estado, altos jueces y fiscales, vocales electorales y otras altas autoridades que requieren la decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional”.

Los legisladores de oposición señalaron que la medida se debe a que el Gobierno no tiene los dos tercios de la Asamblea, lo que lo obliga a buscar consensos. Pero con esta norma se podría evadir este requisito para nombrar autoridades afines.

“Primero se quita al Legislativo sus atribuciones. Este Órgano tiene que resolver sus conflictos mediante acciones legislativas y no por mandato de la Presidencia o de la justicia. A la oposición la quieren obligar a que vote por las autoridades que el MAS quiere, si no prácticamente disuelven al Parlamento”, sostuvo la jefa de bancada de Creemos en el Senado, Centa Rek.

Al momento, el proceso de elección del Contralor o Contralora del Estado se encuentra en pausa. Se reanudará el 1 de agosto, cuando termine el receso legislativo.

Entre el 1 y 4 de agosto se procederá con la impugnación a los postulantes habilitados. En esta primera etapa, 30 de los 40 postulantes pasaron a la siguiente fase.

Del 11 al 16 de agosto se llevará adelante la revisión de méritos, y del 17 al 20 del mismo mes, las entrevistas.

Los pasos que aún tienen “fecha por definir” son: la publicación de nombres de los postulantes habilitados que pasan a la Asamblea, la sesión de designación y la sesión de aprobación del informe.

“La institucionalidad es necesaria para que la nueva autoridad independiente haga auditoría a los desfalcos millonarios”.

Henry Montero, Creemos

Fuente: Pagina Siete.