Gobierno propone norma con agentes encubiertos y entregas vigiladas para evitar ingreso de Bolivia a la lista negra del GAFI
Ministros advierten que el país tiene solo dos años para demostrar avances y salir de la lista gris
El Gobierno presentó este miércoles un anteproyecto de ley que modifica el Código de Procedimiento Penal para incorporar técnicas especiales de investigación como el uso de agentes encubiertos y entregas vigiladas, en un intento por fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. La iniciativa busca que Bolivia salga de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y evite ingresar a la lista negra en los próximos dos años.
“Tenemos dos años para salir de la lista gris. Si no se aprueba esta norma, Bolivia corre el riesgo de ingresar a la lista negra del GAFI”, advirtió el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.
Bolivia fue incluida en la lista gris del GAFI junto con las Islas Vírgenes Británicas debido a “deficiencias estratégicas” en su sistema de prevención de delitos financieros. Si no se evidencian avances concretos, el país podría enfrentar sanciones internacionales y restricciones bancarias.
Técnicas de investigación propuestas
La norma plantea el uso de dos herramientas principales:
- Agente encubierto: permite la infiltración de policías especializados con identidades falsas en redes delictivas, para recolectar pruebas sin levantar sospechas.
- Entrega vigilada: autoriza el seguimiento de remesas ilícitas sin interceptarlas de inmediato, con el objetivo de identificar a los responsables finales de las operaciones.
La ministra de Justicia, Jessica Saravia, explicó que estas técnicas permitirán agilizar las investigaciones, ya que en este tipo de delitos “la oportunidad es clave para no perder el rastro de los verdaderos implicados”.
“La norma va a permitir rastrear flujos financieros ilícitos, identificar beneficiarios finales y desmantelar redes criminales”, aseguró Saravia.
Llamado a la Asamblea Legislativa
Ambos ministros insistieron en que la aprobación de esta ley es urgente y no responde a intereses políticos, sino a un compromiso técnico asumido por el país ante organismos internacionales. De no ser aprobada, Bolivia enfrentaría consecuencias económicas graves, incluyendo aislamiento financiero y restricciones en el sistema bancario global.
“Esta norma no es política, es una herramienta técnica y necesaria para que Bolivia cumpla sus compromisos y proteja su economía”, concluyó Saravia.