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Indignación en el gremio periodístico: Oficial de Policía ofrece dinero para evitar imputación por agresión a periodistas

La ANPB y asociaciones departamentales denuncian intento de soborno y exigen justicia

En un hecho que ha provocado indignación y rechazo, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) junto a las nueve asociaciones departamentales de periodistas han expresado su repudio ante la propuesta de un oficial de la Policía Boliviana de transar con dinero la suspensión de una imputación en su contra por los delitos de lesiones graves y leves y atentado a la libertad de prensa contra dos periodistas.

El incidente ocurrió el 15 de mayo durante una audiencia de conciliación, cuando el teniente Víctor Hugo Santelices ofreció pagar 100 dólares a los periodistas Miguel Ángel Rivero y Joel Orellana para que retiren la querella interpuesta contra él. La agresión física tuvo lugar el 1 de enero de 2023 en Santa Cruz, mientras los periodistas cubrían un evento.

Santelices ha sido identificado plenamente como el autor de la violencia ejercida contra los comunicadores. A pesar de la gravedad de los hechos, la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Boliviana (Didipi) declaró la extinción del caso y descartó cualquier sanción interna conforme al reglamento disciplinario de la institución. No obstante, la Fiscalía lo imputó por lesiones graves y leves, y por atentar contra la libertad de prensa, considerándolo un peligro para la sociedad.

La oferta monetaria de Santelices para evitar el proceso judicial es vista por el gremio periodístico como una afrenta inaceptable que atenta contra la dignidad de los periodistas y vulnera su derecho a la libertad de expresión y de prensa. «La vida y la integridad física de los periodistas es innegociable. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes», señala el Artículo 15. I. de la Constitución Política del Estado (CPE).

La ANPB y las asociaciones departamentales exigen reparación y justicia, y respaldan la demanda contra el teniente Santelices, afirmando que no se puede permitir que la impunidad naturalice la violencia y deje sin sanción a quienes cometen delitos contra los periodistas.

La comunidad periodística boliviana se mantiene firme en su demanda de justicia, subrayando la necesidad de que se respete y proteja el ejercicio del periodismo libre y seguro en el país.

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