Los Yungas bajo presión

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Al igual que la imagen que nos presenta Edgar Alan Poe en “La carta robada”, la evidente presión gubernamental sobre la zona tradicional de cultivo de la hoja de coca de los Yungas, del departamento de La Paz, pasa grandemente desapercibida. Esta paradoja encierra dos campos temáticos: uno, llamémoslo, el sectorial y otro el partidario. En el primer caso estamos hablando de los productores de coca en tanto actor social, mientras que en el segundo, de un actor del sistema político: el partido gobernante. Alguno de los puntos de convergencia entre ambas temáticas está constituido por el actual tiempo político pre-electoral en el que se subsumen otros puntos convergentes, como el referido al mercado de la hoja de coca y en general, a la economía de la coca (temas que incluyen también a los productores de la zona no tradicional del Chapare cochabambino) y a la disputa político sindical del sector, entre otros. Siendo que el contexto pre-electoral predomina, se juegan en él los intereses sectoriales y partidarios de toda índole.

La manera en que el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) encara en esta coyuntura su relación con los productores de coca de los Yungas es revelador de la forma y el pensamiento con que, desde lo interno de ese partido, se asiste a la competencia electoral. En lo externo, a su vez, revela la consistencia del sustento programático con el que cuenta el MAS. En términos generales y de acuerdo a las denuncias de los dirigentes de la Asociación de Productores de Coca (Adepcoca) de los Yungas, en esa región se vive una constante persecución policial, instruida por el gobierno y ejecutada principalmente por intermedio del vice-ministerio de Defensa Social.

A manera de muestra de ello, señalan, se tiene la detención del principal dirigente de Adepcoca, Franklin Gutiérrez hace ya varios meses y recluido en el penal de San Pedro de La Paz. El dirigente se encuentra detenido, pero aún todavía sin juicio, mientras que el gobierno sigue sin saber de qué le acusará. Tal es así que, de acuerdo a voceros de Adepcoca, la Fiscalía, en representación del Estado, ha solicitado un año y medio más de detención de Gutiérrez a fin de formular la acusación y poder llevarle a juicio. Este burlote no se orienta al dirigente como tal, sino a todo el sector de los Yungas. La intención que sale desde Palacio de Gobierno no es otra que descabezar a los productores de coca yungüeños, considerados como el verdadero adversario. Y en esta suerte de demostración de fuerzas, ¿cómo responde el sector? Pues adelantando que ratificará a Franklin Gutiérrez como dirigente, pese a encontrarse recluido.

Está claro, por otra parte, que la arremetida contra los Yungas bajo el pretexto de la erradicación de los cultivos excedentarios de coca (lo cual resulta verdaderamente irónico, viniendo de un gobierno que, a su vez, está encabeza por el presidente sindical de los productores de coca del Chapare; zona en la que las emboscadas a efectivos policiales de lucha contra el narcotráfico no es algo desconocida) expresa también la ausencia de propuesta gubernamental. No es suficiente argüir que el Ejecutivo solamente se limita a aplicar la ley, porque esa aplicación resulta a todas luces discrecional. En esas condiciones la aplicación de la ley deja de ser general, para mostrarse selectiva; se aplica la ley, pero con bastante laxitud en el Chapare y de manera forzada en los Yungas. La falta de propuesta que mencionamos, en el un contexto pre-electoral, es pues también la falta de un proyecto político sectorial. Dicho de otra manera; el MAS no tiene, en el tema, sino la intención de mantener las cosas tal como se han llevado hasta ahora, durante la última década. No hay interés alguno de modificar la balanza, inclinada sin disimulo, a favor del Chapare y contraviniendo, para variar, muchos preceptos constitucionales.

Estas directrices adquieren sentido al momento de su formalización en las políticas definidas entre la dirigencia sindical del Chapare, para la defensa de sus intereses particulares; pero ello no significa, necesariamente, que sean los intereses del hombre de a pie del Chapare. Lo que, desde la perspectiva del llano de las comunidades de la zona no puede perderse de vista, es la importancia de la vinculación de un sector social con otros sectores sociales. De estas alianzas, en base a intereses comunes, genéricos, depende la importancia política que pueda logarse en el contexto nacional. Lo contrario, el aislamiento, nos presenta a un sector social sin mayor gravitación, más allá de la posición que pueda ocupar en la estructura económica y social. En su momento la clase obrera boliviana supo de la amargura de la “soledad de clase”, como la llamara en alguna ocasión Zavaleta Mercado.

Pues bien, la absurda conducción que imprime sobre el tema la dirigencia del Chapare, confiada en el sólo hecho de tener a su presidente sindical a la cabeza del gobierno, ha creado todas las condiciones del aislamiento político y social de las comunidades del Chapare. Realmente inexplicable; más aún si se considera que el sector más cercano a ellas no esta formado sino por los productores de coca de los Yungas. Claro que para una visión dirigida por la anti-política, que es la que orienta al gobierno de Evo Morales, la idea de las alianzas, de las concesiones y, lo principal, el jugar en el campo político respetando las reglas del juego democrático, simplemente no forman parte de su vocabulario. De esta manera, en el gobierno, bajo los efectos del delirio de la desorientación y sabiéndose perdidos, titubean antes de atreverse a dar cualquier paso y actúan como si estuvieran privados de la vista, sin bastón y sin perro guía, tratando de orientarse un medio día en el centro de la ciudad de La Paz, en medio de un mar de gentes y vehículos.

Con todo, lo primero que esta situación deja al descubierto es una división al interior del MAS, en lo que a la conducción de la política respecto a los Yungas se refiere. Para decirlo sin rodeos. La influencia de quienes son considerados en algunos sectores de este partido como los “comandantes de las derrotas” (Linera, Rada y compañía) resulta evidentemente pobre, al punto de contar con poca opinión en el asunto. No es que estos últimos representan alguna corriente interna de opinión más inclinada a un comportamiento democrático, sino que, ante un tema que se asume como de interés estratégico sectorial, la opinión dominante parece ser no dejar el asunto en manos de personas tan poco serias. Este cuadro muestra que se trata de una distancia que, al mismo tiempo y en sentido extenso, nos habla también de la ausencia de una política capaz de ofrecer una conducción segura a los seguidores del MAS, como para transitar sin mayores sobresaltos este tiempo pre-electoral.

Es, por consiguiente, del todo válido ampliar esta observación también al plano nacional, porque esa misma conducción insegura se muestra en este contexto general. Contratar un pequeño pelotón de asesores políticos, para maquillar en algo la grotesca desnudez del inconstitucional candidato oficialista a la presidencia, tampoco es la solución. Porque, al fin y al cabo, el trabajo de este equipo de “expertos” (es un decir; se entiende) en tiempos pre-electorales no es sino el de adornar a los candidatos, con algo que resulte mínimamente presentable antes que ingresen al rodeo de la disputa por los votos. Si no hay nada que ofertar, por más cuidado que se ponga en la envoltura, sencillamente no se puede ofertar nada (o mejor, sólo se alcanza a ofertar cajas vacías) a una sociedad con un no despreciable nivel de acumulación democrática.

Así entonces, lo que tenemos como resultado del asedio de la dirigencia sindical del Chapare, por medio del gobierno, a los Yungas es la estrategia electoral elegida, para ser aplicada a los sectores populares que le dieron, hace mucho, la espalda al MAS. La “estrategia” es simple. Si nos atenemos a las denuncias de los dirigentes de Adepcoca, la erradicación de los cultivos de coca (considerados por el gobierno excedentarios) se realiza bajo el siguiente dilema: o se apoya a la candidatura inconstitucional del MAS o los cultivos de coca son erradicados. En buenas cuentas, hablamos nada más y nada menos que del chantaje, como mecanismo persuasivo para retener y revertir la sangría de apoyo electoral que experimenta el oficialismo. Es, ni duda cabe, un recurso extremo ante una situación extrema, en la que ni las sutilezas de los “asesores” políticos, ni las chambonadas de los “comandantes de las derrotas” parecen servir como para calmar la desesperación que ha hecho presa en los núcleos sociales más duros del MAS.

Omar Qamasa Guzman Boutier es escritor y sociólogo
Tomado de ANF