Tragedia en Llallagua: Diputada denuncia desastre ambiental y exige investigación a funcionarios
- Lissa Claros responsabiliza a Comibol y autoridades ambientales por el colapso de desechos tóxicos que afectó a más de 20 comunidades.
La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Lissa Claros, aseguró este martes que la tragedia ocurrida el pasado fin de semana en el municipio de Llallagua, Potosí, no fue un desastre natural, sino un desastre ambiental provocado por la negligencia de funcionarios públicos. La legisladora exigió al Ministerio Público investigar el hecho y sancionar a los responsables por incumplimiento de deberes, señalando directamente a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), el Ministerio de Medio Ambiente y la Dirección de la Madre Tierra.
“No hablamos de un desastre natural, sino de un desastre medioambiental sin precedentes históricos para la zona”, declaró Claros, quien represente a Potosí. La diputada criticó duramente al Gobierno por intentar presentar el hecho como una consecuencia del clima, cuando, según ella, el colapso de más de 20 millones de toneladas de desechos mineros tóxicos fue resultado de la falta de fiscalización y prevención.
El desastre, ocurrido en la madrugada del domingo 16 de marzo, afectó gravemente a la comunidad de Catavi, en Llallagua, donde una mazamorra de lodo tóxico arrasó con viviendas, animales y cultivos. Una persona perdió la vida, más de 500 animales murieron y al menos 20 comunidades río abajo enfrentan un riesgo inminente de contaminación irreversible. Claros denunció que el Gobierno está permitiendo un “ecocidio” al no tomar medidas concretas para evitar la expansión de la contaminación.
“El Gobierno tergiversa la información y dice que se trata de un desastre por el clima, cuando no es así. Lo más lamentable es que río abajo se sigue contaminando con efectos totalmente irreversibles”, sostuvo la diputada. Además, cuestionó que las autoridades no hayan actuado a tiempo para prevenir el desborde de los desechos mineros, a pesar de las advertencias previas sobre los riesgos en la zona.
Ante este panorama, Claros exigió una investigación exhaustiva por parte del Ministerio Público para identificar y sancionar a los funcionarios responsables. “No se puede encubrir un desastre ambiental como si fuera natural cuando hay responsables directos por incumplimiento de deberes”, afirmó. La legisladora también pidió apoyo inmediato para las comunidades afectadas, que enfrentan la pérdida de sus medios de subsistencia y un futuro incierto debido a la contaminación.
Mientras tanto, los habitantes de Llallagua continúan luchando para recuperarse de la tragedia. Vecinos y autoridades locales trabajan en labores de rescate y limpieza, aunque la magnitud del desastre y la toxicidad del lodo complican las tareas. El lodo plomizo, que se presume contiene restos de minerales, representa un peligro latente para la salud de las personas y el medio ambiente.
La tragedia de Llallagua ha puesto en evidencia la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización en las zonas mineras, así como de implementar políticas ambientales que prevengan futuros desastres. Mientras tanto, la demanda de justicia y transparencia sigue creciendo entre las comunidades afectadas y los defensores del medio ambiente.