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Escándalo en el Beni: Falsificación de firma del Gobernador desata millonarias irregularidades presupuestarias

  • Alejandro Unzueta denuncia fraude administrativo que involucra a exfuncionarios y asambleístas en el departamento del Beni

En una impactante revelación, el gobernador del departamento del Beni, Alejandro Unzueta, ha denunciado la falsificación de su firma en 21 trámites efectuados ante la Asamblea Legislativa Departamental del Beni (ALD) durante el año 2022. Estos trámites, según una auditoría encargada por el propio Unzueta, desencadenaron modificaciones presupuestarias intrainstitucionales que ascienden a más de nueve millones de bolivianos.

La auditoría, meticulosamente ejecutada por el equipo de Unzueta, ha revelado que las modificaciones presupuestarias se realizaron al margen de las disposiciones legales vigentes en el momento de su tramitación. El gobernador expresó su consternación al descubrir que algunos de estos documentos contaban con una firma falsificada, la suya, y sellos fraudulentos.

«Unos están con un sello firma falsificado del Gobernador, y eso no se puede. Mi firma totalmente trucha, como decimos, falsificada. Todos los originales que deben quedarse en la Asamblea tienen que tener la firma original del Gobernador y sólo existen firmas falsificadas y sellos firmas, dentro del informe que da Auditoría Interna», declaró Unzueta, visiblemente indignado.

Estos trámites fraudulentos resultaron en la transferencia de recursos en siete ocasiones a subgobernaciones y en 14 ocasiones a corregimientos benianos. Según el informe presentado por el gobernador, los responsables de llevar a cabo estas maniobras ilegales fueron funcionarios de la Gobernación del Beni que ya no forman parte de la estructura administrativa, así como asambleístas que aún ocupan sus funciones.

Este escándalo administrativo no solo pone en entredicho la integridad del proceso presupuestario en el Beni, sino que también señala la necesidad urgente de una investigación exhaustiva para identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes. Mientras tanto, la ciudadanía beniana observa con atención, demandando transparencia y rendición de cuentas en una situación que amenaza con socavar la confianza en las instituciones locales.

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