Salud convoca a diálogo a los antivacunas y ellos dan plazo
Mientras el ministro de Salud, Jeyson Auza, convocó ayer a los sectores antivacunas a dialogar para conocer sus observaciones, los cívicos de El Alto rechazaron la invitación e insistieron en su renuncia mientras que los campesinos de Potosí dieron 48 horas al Gobierno para abrogar los decretos 4640 y 4641, que instruyen portar el carnet de vacuna contra el coronavirus.
“Este no es tiempo de confrontación. Nosotros estamos totalmente dispuestos a escucharlos a saber cuáles son los elementos que los obligan a dicha movilización y que nosotros podemos modificar para poder encontrar una solución a este conflicto”, dijo Auza a la prensa.
No obstante, la autoridad ratificó que “se mantiene vigente la petición del carnet de vacunación a partir del 26 (de enero)” y subrayó que con la vacuna se pudo reducir la letalidad del coronavirus de un 6,2% en la primera ola al 0,6%. “Significa que hoy, a pesar de la gran cantidad de casos, no presentamos el colapso de cementerios que teníamos en la primera ola”.
Protestas
Ayer en el país se registraron protestas y anuncios de medidas radicales de los sectores antivacunas. Uno de los sectores que se suman a la protesta son los campesinos de la provincia Tomás Frías de Potosí, quienes dieron 48 horas al Gobierno para la abrogación de los decretos 4640 y 4641.
El dirigente de los campesinos del municipio de Tinguipaya, Juan Kcoyo, anunció que le dan 48 horas al Gobierno para abrogar los decretos observados.
“¡Damos 48 horas para que se abroguen esas leyes (decretos), compañeros! Si no abrogan los decretos, vamos a iniciar bloqueo de caminos, compañeros!”, dijo en idioma quechua el dirigente campesino.
En esa línea, los campesinos de La Paz aglutinados en la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari de La Paz y las Bartolinas anunciaron un bloqueo desde ayer, sin embargo, la medida no se concretó por “malos entendidos”. Sus representantes aseguraron que sus bases iniciarán el bloqueo de caminos de las 20 provincias en las próximas horas si el Gobierno no abroga los decretos observados.
En la ciudad de El Alto, un grupo de personas, liderados por el comité cívico, bloqueó las rutas de acceso entre La Paz y El Alto a la altura del Multifuncional de la Ceja.
El dirigente cívico Gregorio Gómez rechazó la invitación al diálogo de Auza, exigió la inmediata abrogación de los decretos e insistió en su alejamiento del Ministerio de Salud y también de otros ministros.
“No vamos a dialogar, qué vamos a dialogar, lo único (que exigimos) es la abrogación del decreto (4641) y la destitución de los ministros que han traicionado a su pueblo, ni siquiera al presidente (Luis Arce) le ayudan; solito le dejan”, arengó Gómez.
Asimismo, la tarde de ayer en Quillacollo un grupo de personas realizó una marcha en protesta por la obligatoriedad de portar el carnet de vacuna desde el 26 de enero. “Exigimos la abrogación de estos decretos endemoniados que pretenden esclavizar a los ciudadanos”, dijo uno de los manifestantes.
Desde la ALP
El Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa presenta posturas encontradas. Mientras el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, aseguró que el Gobierno analiza más flexibilizaciones a los decretos observados, desde la Cámara Alta, el senador Félix Ajpi, pidió sanciones a todos los dirigentes antivacunas.
“El derecho individual termina cuando empieza el derecho colectivo (…). El Consejo de emergencia sanitaria está trabajando en la flexibilización de la exigencia de carnet de vacuna, así que no tenemos mayores argumentos para querer convulsionar al pueblo. Vamos a seguir trabajando para flexibilizar en la exigencia del carnet de vacuna”, dijo el legislador Mamani.
En tanto, el senador Ajpi dijo que los grupos que se están movilizando en contra de las vacunas cometen el delito de atentado contra la salud pública, por lo que deberían ser procesados por la justicia.
“Aquellas personas que están encabezando…, es lamentable que un profesor rural, teniendo su carnet de vacuna, esté incitando a que no se vacunen, hay normativas que penalizan esta situación (…), tenemos que aplicar la ley (porque) es un atentado a la salud pública”, dijo Ajpi.
Fuente: Pagina Siete