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Alejan a militares calificados al ascenso y ponen a apadrinados

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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer en grande la Ley de Ascensos de las Fuerzas Armadas (FFAA) por mayoría absoluta, en medio de denuncias de atropellos a la Constitución Política del Estado (CPE) y a normas militares. Además, surgieron cuestionamientos a la lista ascensos a generales de dos promociones a través de una resolución militar “excepcional” que dejó de lado a oficiales que ya fueron calificados por sus méritos, para poner a “militares apadrinados”, según documentos y denuncias a las que tuvo acceso Página Siete.

“Esta resolución (militar excepcional) abre las puertas para aquellos que no tenían puntaje (los que no se habían presentado en la primera convocatoria) y todos los demás coroneles que se han apegado al MAS y que están apadrinados por ellos; se les ha abierto las puertas para ellos”, denunció el coronel del servicio pasivo del Ejército y abogado Jorge Santistevan.

Dijo que hay cuatro promociones afectadas, las de 1987, 1988, 1989 y 1990, las dos primeras porque se aprobaría la preclusión y las otras dos porque, si bien se ratificará los ascensos, este año hubo cambios en las listas mediante una resolución irregular del Comando en Jefe de las FFAA para hacer una nueva selección y “favorecer” a quienes no calificaron en pasados años.

En la gestión de Evo Morales (2019), la promoción 89 pasó por todas las pruebas de calificación de méritos en el Ejército, Fuerza Aérea y Armada, para luego ser evaluados ante un Tribunal Superior de las FFAA, integrado por un colegiado de generales.

“Este tribunal superior saca una resolución, ahí saca la lista de todos los aprobados en el proceso y los habilitados para tener el grado de general, eso se va al Ministerio de Defensa y de ahí a la Presidencia”, explicó a Página Siete un jefe militar quien pidió guardar en reserva su identidad.

Luego, el Ejecutivo pasó la lista a la ALP para la respectiva ratificación. Pero el proceso quedó estancado a raíz de los conflictos sociales de octubre y noviembre de 2019 que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia y la asunción de Jeanine Añez.

Posterior a los conflictos, la entonces senadora Eva Copa interpuso un recurso de nulidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), esa instancia admitió la demanda y frenó los ascensos hasta que se emita una sentencia.

Sin embargo, la Cámara de Senadores ratificó, en febrero de 2021, a tres militares de la promoción 89 para el ascenso, pese a que no había aún la sentencia del TCP.

En el gobierno de Añez, la promoción 90 también pasó por todo el proceso de evaluación para que se envíen al Senado las listas de aprobados para su ratificación, pero el proceso también fue frenado porque no había aún el pronunciamiento del TCP.

Recién el 30 de abril de 2021, el TCP emitió la sentencia 0026/2021, en la cual pide a la ALP emitir una ley de ascensos de las FFAA en un plazo de seis meses, mismo que venció en octubre, y también “determinar que los preceptos normativos cuya inconstitucionalidad es declarada en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional de manera excepcional y temporal surtirán plenos efectos jurídicos, únicamente respecto de los trámites de ascenso que se encuentren pendientes y de aquellos que fueren iniciados hasta la publicación de la ley respectiva”.

Para varios militares, la sentencia manda a que se ratifiquen los ascensos pendientes de las promociones 89 y 90, que ya pasaron por un proceso de calificación de méritos certificada por una resolución de un tribunal superior.

Pero no ocurrió así, el actual Comando en jefe de las FFAA, de manera irregular, sacó una nueva convocatoria y nombró a un tribunal para que haga otro proceso de evaluación a militares de las promociones 89 y 90. “La conformación de la Comisión Revisora del Comando en Jefe de las FFAA del Estado es de manera excepcional y por única vez”, señala la resolución del Comando en Jefe, emitida el 6 de septiembre de este año.

El actual Comando dejó de lado la resolución del anterior tribunal superior, que tiene carácter legal y de subsidiariedad, para hacer otra selección con tintes políticos, según Santistevan.

Y, a través de ese proceso, se marginó a oficiales que aprobaron por sus méritos y se habilitó a quienes ya estaban en retiro, no se presentaron en las primeras evaluaciones y a quienes no cumplen requisitos.

“Habilitan a coroneles que ni se presentaron a la convocatoria, en la promoción 90 se presentaron coroneles que no cumplen requisitos. Con esto se destruye la institucionalidad de las FFAA”, reclamó otro jefe militar.

En razón a eso, los militares afectados enviaron cartas a los parlamentarios para que se dé cumplimiento al proceso inicial de selección y a la sentencia del TCP, para que no se vulnere la Constitución ni las normas de las FFAA. Santistevan señaló que, de darse curso a esa irregularidad, los legisladores son pasibles a proceso. “Toda esa evaluación que hicieron sobre la base de la carrera militar y el currículum lo echan por tierra. Los está haciendo pasar de largo a los oficiales que ya fueron calificados y evaluados, además da por precluido el ascenso de los generales de las promociones 87 y 88”, dijo.

Ese carácter excepcional va dar lugar a que exista un precedente, jurisprudencia, para que todos los años ocurran estas cosas

Abogado Jorge Santistevan

Pagina Siete.

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